La Auditoría Superior del Estado (ASE) sin duda está a prueba ahora que ha presentado el segundo informe de las cuentas públicas del primer semestre del 2019 al Congreso del Estado, incluida la del gobernador, anunciando que la única auditoría de la cuenta pública del gobierno estatal que amerita denuncia penal fue la del ISSSTESIN, al parecer como “chivo expiatorio” del aquelarre financiero y administrativo que guarda el gobierno de Sinaloa, la cual por cierto es errónea porque solo 58 millones son cuestionables y no los 900 millones como informa la auditoria para más evidencia.

La ASE presenta un informe de rutina, que debiera presentar con o sin cuenta pública, lo que resulta obvio es que no presenta el informe que debe entregar antes de 90 días después del decreto que correspondiera para el 17 de octubre a más tardar, precisamente porque se ha hecho un enredo mayor con la posición del gobernador de negarse a publicar el decreto correspondiente, con el mismo argumento que el PRI esgrimió en la tribuna del Congreso cuando pretendieron aprobarlo.

El informe que la ASE ha entregado al Congreso del Estado no es el informe que el congreso mandató, porque el gobernador decidió no publicar el decreto que rechaza la cuenta pública del gobierno estatal, este es otro informe, el informe que le ordena a la ASE la Constitución de Sinaloa y la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y que debe entregar cada seis meses. El que ordenó el Congreso del Estado es un informe sobre múltiples irregularidades de las que no hay explicaciones y que no quieren realizar porque el gobernador se negó a publicar su decreto.

La ASE ha decidido al parecer no entregar el informe que le mandato el congreso y crean una cortina de humo haciendo un escándalo sobre el ISSSTESIN y dejando de lado las zonas oscuras de la cuenta pública del gobierno estatal.

Tal es el caso del fondo de ahorro de los trabajadores, que van a parar a un fideicomiso (el fideicomiso F/20110522 del banco Santander S.A.) del que no se sabe de quién es propiedad, porque sobre este fideicomiso la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado simplemente dijo no tener ningún archivo al respecto.

Y si se quiere abundar más en la oscuridad de la administración y las finanzas del gobierno estatal, pues simplemente preguntarse ¿Por qué se le adeudan alrededor de mil millones de pesos al fondo de ahorro, del fideicomiso 2000485-0 del banco Santander, a donde van a dar las retenciones quincenales de los trabajadores del gobierno de Sinaloa? Que por cierto se parece mucho a otro fideicomiso, el F/20110522 que es en el que está la USE y tampoco existe archivo al respecto.

Ambos casos no son problemas originales en el gobierno de Quirino Ordaz, sino que la USE viene del gobierno de Juan S. Millán y el del fondo de pensiones es de fines del gobierno de Jesús Aguilar, por lo que lo que aquí se discute es que nadie quiere poner orden y aclarar las cosas que lesionan las finanzas públicas. Que es el fondo de la transparencia y rendición de cuentas.

Con estos enredos y con el informe semestral de la ASE, donde viene un pormenorizado de los trabajos de la fiscalía general del Estado (FGE), sobre las denuncias que ha presentado la ASE (85) donde por lo menos del 2016 a la fecha no hacen gran cosa sobre las denuncias que envía la ASE y así le llaman justicia, que pretende la raquítica fiscalización que hasta ahora hacen los diputados y se convierta, todo, en la carcajada de algunos pícaros e irresponsables que habían sido pilados.

Menudo enredo todo el que ahora tienen los diputados y el gobernador, quien al parecer corre serios riesgos de conflictos mayores ante lo que puede ser un capricho legaloide. Ojalá y no.