La presentación de los precriterios de política económica para 2026, según lo estipulado por la ley de finanzas públicas, ha resultado ser nada más que un mero trámite burocrático. A pesar de las expectativas creadas, el gobierno no ha ofrecido ninguna novedad significativa, a excepción del recurso fácil que la Cuarta Transformación (4T) ha adoptado como solución para sus problemas de déficit fiscal y exceso de gastos desde 2023. Esa estrategia, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado implementando durante su gestión, carece de la imaginación necesaria para abordar los problemas verdaderamente críticos que enfrenta el país.

Un punto revelador es el aumento alarmante de la deuda pública. Desde 2018, esta ha crecido de 10 billones a 17 billones de pesos y, como si eso no fuera suficiente, la administración de Claudia Sheinbaum se prepara para elevarla a 20 billones para 2026. Esto representa un incremento desmesurado, casi duplicando la deuda que dejó Enrique Peña Nieto, a quien la 4T acusa de haber llevado al país al borde del abismo neoliberal.

Sin embargo, en lugar de ver un esfuerzo tangible por remediar esta situación, lo que hemos presenciado es una falta de proyectos económicos viables. Las promesas se han desvanecido y ni los programas más ambiciosos, tanto antiguos como nuevos, han logrado rendir frutos. Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanzan hacia el colapso, mientras la administración sigue gastando recursos sin ningún sentido productivo.

Peor aún, el gobierno ha optado por un enfoque destructivo hacia las finanzas públicas al recurrir a la manipulación de fondos que, en teoría, estaban destinados a proteger a los trabajadores, como los más de 2 billones de pesos del Infonavit. Este tipo de decisiones despiertan cuestionamientos sobre el verdadero compromiso del gobierno con la justicia social que tanto pregona.

El panorama se complica aún más para la burocracia, a la que se le ha impuesto un drástico recorte del 20% en el gasto, solo dos meses después de que se iniciara 2025. Estos recortes se extenderán inevitablemente a estados y municipios, que ya han sufrido recortes significativos desde el inicio del mandato de AMLO. Es como si el mensaje fuera claro: “administren como puedan, pero nosotros seguimos repartiendo dádivas”.

Y así, entre asistencialismo y medidas temporales, el gobierno parece estar atrapado en un ciclo de dependencia económica, donde el reparto de dinero se confunde con la política social. Cada nuevo programa asistencial que surja es simplemente una estrategia para mantener a flote un sistema que se nutre de la pobreza y necesidad de la ciudadanía, convirtiendo a los beneficiarios en meros clientes del Estado.

La retórica del cambio ha perdido su fuerza; el engaño parece estar llegando a su punto de saturación, y el desenfreno del gasto público amenaza con llevarnos a un déficit presupuestal más elevado del anticipado. La meta de reducirlo del 5.9% al 3.8% del PIB para 2025 se presenta como un espejismo, ya que las proyecciones indican que la deuda podría llegar a 18.6 billones de pesos ese mismo año.

El conocimiento básico de la economía familiar nos dice que si un hogar gasta más de lo que ingresa, caerá en la deuda. ¿Qué expectativa podemos tener de un gobierno que, abiertamente, reconoce que no podrá cumplir con sus propias metas de reducción del déficit y, por ende, aumentará su nivel de endeudamiento?

En medio de todo esto, el efecto de la guerra comercial con Estados Unidos añade una dimensión extra de riesgo a nuestra economía, pues el impacto de los aranceles se siente con contundencia. A medida que el panorama financiero se vuelve más sombrío, los precriterios económicos presentados ante la Cámara de Diputados parecen indicar una quiebra anunciada. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde nos llevará este camino? Tal vez aún hay espacio para caer más bajo antes de que la situación se torne insostenible. En cualquier caso, lo que queda claro es que la 4T necesita una brújula y, hasta ahora, parece haber perdido el norte.