= Contra números de pasadas administraciones
= Demostrado con cifras frías y objetivas
= “Complicado”; pero “lo superaremos”, dice
Quizás haya quien dude de sus palabras; pero la verdad de las cosas es que el gobernador Rubén Rocha no incurre en ninguna falsedad, cuando asegura que los primeros tres años de su administración son los que presentan un menor número de homicidios dolosos, en comparación con los registrados, en el mismo periodo, durante los dos últimos sexenios constitucionales, aquí en Sinaloa. Los números son fríos; pero irrefutables.
En efecto, con estadística al 26 de noviembre -todo: cifras oficiales- la actual administración marca un total de mil 804 homicidios dolosos: 476, en 2022; 533, en 2023 y 795 del 2024, a la fecha citada. Habría un ajuste, a la consideración de que Rocha Moya inició mandato el primero de noviembre de 2021; pero no sería de relevancia mayor.
A su vez, en los primeros tres años de Quirino Ordaz Coppel (de los 4 más 10 meses de que constó su gobierno) se apuntaron 3 mil 450 asesinatos: mil 480, en 2017; 1074, en 2018 y 896, en 2019.
Y por su parte, en el primer trienio de Mario López Valdez, 4 mil 561: mil 906, en 2011; mil 462, en 2012 y mil 193, en el 2013.
Del sexenio de Jesús Aguilar Padilla, el columnista no posee, de momento, la información al detalle; pero la cifra es dramáticamente mayor, especialmente entre 2008 y 2010, lapso en el que se experimentó, en la más intensa de sus fases, la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón y que bañó de sangre una buena parte del territorio nacional. Tan solo aquí en Sinaloa, en el 2010, el registro fue de 2 mil 250 homicidios dolosos.
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Y bueno.
Vistas así las cosas, con objetividad y frialdad, tiene razón Rubén Rocha en su defensa. El número de crímenes, en sus primeros tres años de gobierno, si es notablemente inferior a los perpetrados, en el mismo periodo, en los sexenios de Quirino Ordaz Coppel y Mario López Valdez; sin embargo las circunstancias tan particulares que han rodeado a Rocha a lo largo de los últimos tres meses contribuyen a la creación de esa atmósfera de intranquilidad e incertidumbre que se percibe en la sociedad sinaloense, particularmente en la de la zona central de nuestro estado.
Y en este orden de ideas, es oportuno recordar como Rubén Rocha navegaba viento en popa en su gobierno, con 476 asesinatos en 2022 y 533 en el 2023, más los que se agregarían en los dos últimos meses de 2021. Y el 2024 llegó con un Rocha impresionantemente fortalecido en lo político, tras la apabullante victoria de la Cuarta Transformación en la jornada electoral del primer domingo de junio del año en curso.
Culiacán, por ejemplo, dejó de formar parte del “selecto” club de las 50 ciudades más violentas del mundo; Sinaloa, al mismo tiempo, entró al catálogo de los estados más pacíficos del país -lo no visto en muchos años – y Rocha, mes tras mes, figuraba como uno de los gobernadores mejor calificados de México, según los estudios de opinión de reconocidas firmas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
A partir del jueves 25 de julio, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de manera radical, tras el secuestro del “Mayo Zambada” por Joaquín Guzmán López, para ser entregado al gobierno de los Estados Unidos, en una operación que tomó por sorpresa total al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y no se diga ya al propio gobernador Rocha. Fue en ese marco en el que se produjo también el todavía no aclarado asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Desde esa fecha, el ambiente en Sinaloa se enrareció y comenzó a advertirse una tensa calma, lo que se agudizó en los primeros días de agosto,con la redacción de una carta firmada por Ismael Zambada y reproducida por su abogado defensor en la inmensa mayoría de los medios periodísticos nacionales.
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Bien.
La paz, mantenida por un significativo número de años, pendía de un hilo, hasta que se rompió el lunes 09 de septiembre, con la jamás negada guerra entre las huestes de Zambada y de quienes supuestamente lo traicionaron: los hijos del “Chapo Guzmán”.
Ahí justamente inició este periodo que hemos padecido durante los últimos tres meses; que ha presentado, ciertamente, algunos altibajos, convertidos en inyecciones de moderado optimismo; pero que acaban rápidamente con incidencias que tienen nombre y apellido: asesinatos, desapariciones forzadas, despojos de vehículos, incendios de casas y comercios y otro tipo de manifestaciones ilícitas.
Precisamente esto es lo que ha disparado la incidencia delictiva en los últimos tres meses, en perjuicio directo de la economía del Estado, la educación de niños y jóvenes y de la paz social que reclama Sinaloa, aspectos a los que el gobernador Rocha se comprometió a enfrentar, con toda determinación, en el marco de su encuentro con los diputados de la 65 legislatura de la cámara local, a la entrega de su tercer informe de labores.
Hizo bien Rocha en fincar su posicionamiento de manera categórica. En buena medida, eso quería escuchar la gente para refrendarle su confianza y para sumarse, en la medida de lo posible, a un nuevo conjunto de acciones en la lucha por la recuperación de la seguridad y la tranquilidad de Sinaloa.
E igualmente hizo bien en defenderse con el comparativo de cifras respecto al papel desempeñado por sus antecesores en materia de seguridad, al probar que sus resultados no son todo lo malos que se encargan de divulgar tanto de fuera como desde adentro (otra vez el nefasto fuego amigo); pero esto, que quede claro, tampoco lo exime de ejercer una de sus principales responsabilidades -si no la mayor- como lo es el velar por la seguridad integral de la población.
Reconoce y admite lo complicado de la situación actual; pero confía, de cualquier modo, en entregar buenos resultados al corto plazo.
Así lo esperamos.
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