= De hecho está en vigor, desde el 2 de octubre

 

= Llama a acatarla a la comunidad universitaria

 

= “Ilegal” el paro de labores en la institución

 

= Hay avances en la estrategia de seguridad, dice

 

= Posicionamiento de Inzunza sobre salarios mínimos

 

“La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya está en vigor y su aplicación es irreversible”, sentenció el gobernador Rubén Rocha Moya en una maratónica “Semanera” y dejó claro que el conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa si tiene una solución: “cuando estudiantes, maestros y trabajadores elijan libremente a su nuevo rector”.

Al mismo tiempo que Rocha hablaba, la UAS sufría de parálisis total en sus actividades y una comisión -encabezada por el nuevo encargado de rectoría, Candelario Ortiz Bueno – se encontraba en la capital del país en labor de gestión en búsqueda de una entrevista con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las instalaciones de la universidad en todo el Estado lucían desoladas, a pesar de la carencia de una unanimidad en la decisión de las autoridades de la institución en el sentido de detener por completo la marcha de la UAS, como reacción a la promulgación de la nueva ley y al impedimento legal a Robespierre Lizárraga Otero para sostenerse en la posición de mando, por ordenes del juez de control.

De hecho, se reportaron ciertos intentos de algunos estudiantes por regresar a las aulas y de otros maestros por impartir la cátedra correspondiente; sin embargo, al final del día no registraron trascendencia mayor.

En la UAS no hay clases, no hay alumnos, no hay maestros. Nadie estudia en estos momentos. Nadie enseña. Nadie investiga. Nadie trabaja.

Está en parálisis absoluta y total.

De tal situación, obviamente, estaba enterado plenamente el gobernador Rocha; pero eso no fue motivo para suavizar el tono de su discurso; por el contrario, lo endureció y todavía le proporcionó énfasis mayor al mostrarle a los representantes de los medios de comunicación, el detalle de las acusaciones por las que se sigue proceso penal a las autoridades universitarias: adquisiciones irregulares y sin licitar; contratación de servicios en las mismas condiciones y otras anomalías que, en números, representan un daño patrimonial del orden de los 410 millones de pesos en contra de la UAS.

-A estas alturas del año ya piden apoyo financiero por más de 800 millones de pesos, para solventar sus necesidades económicas de fin de año, lo que mueve a preguntar: ¿Qué hicieron con el dinero? ¿Qué no está todo debidamente presupuestado? -, acotó el gobernador.

Y en tono lapidario, agregó:

-La mala noticia es que, a diferencia de años pasados, el gobierno carece de recursos para salir en su auxilio; tendrán que buscarle por otro lado.

Aclarado el punto, Rocha Moya volvió a arremeter contra los promotores y ejecutores del paro en la UAS, en el entendido de que se trató de una disposición patronal “y no de los trabajadores”, por lo cual lo calificó de “ilegal” además de que “no debe estar dirigiendo a la universidad, nadie que afecte la moral y la tranquilidad de la institución”.

Bajo esta circunstancia, reiteró en su llamado a estudiantes y trabajadores a observar los lineamientos de la nueva ley orgánica e insistió que su aplicación ya está en vigor y que además es un tema “irreversible”.

Y bien.

Por el tono de su voz, por el contenido de sus palabras, no se aprecia un solo síntoma en el sentido de que el gobernador Rocha pretenda llegar a arreglos o negociaciones con quienes encabezan el movimiento de un paro cuyo principal daño será para los estudiantes, quienes en su mayoría -porque aquí en el centro del Estado radica un abrumador porcentaje - ya perdieron prácticamente un mes de clases, dentro de un semestre aun en pañales.

Bueno, si hay una posible solución, lo dijo y lo repitió: que el próximo rector, incluso el interino, sea producto de la decisión de los universitarios, a través de su voto, universal, libre y secreto.

Así de sencillo.

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En tanto.

La seguridad -o mejor dicho la inseguridad – fue el otro tema medular de la Semanera de este lunes, 07 de octubre, en la que reiteró la realización, en fecha próxima, de la reunión nacional de seguridad a lo que agregó la posibilidad de llevar a cabo una más en la que participen las mesas de seguridad de los gobiernos estatales de Durango y Sinaloa.

El objetivo es obvio: fortalecer la coordinación regional entre ambas entidades y sumar así este esfuerzo al que viene del gobierno federal.

Y es que este lunes comenzó la semana numero cinco, desde el estallido de la ola de violencia que no solo ha impactado en la tranquilidad de las familias sinaloenses -especialmente las del centro de la entidad – sino también en la economía del Estado, que ha sufrido ya un desplome importante, particularmente en el área de servicios.

En el balance del gobernador aparece un retorno gradual a la calma, a partir de que se han reducido los incidentes de alto impacto; pero, lamentablemente, continúan los crímenes, los levantones, asaltos y robo de vehículos, especialmente.

Y ciertamente la ciudad da muestras de transitar hacia la cotidianidad acostumbrada, a raíz de que ha crecido, por ejemplo, el número de escuelas con alumnos en sus aulas; han reabierto algunos negocios pequeños y han regresado a su labor profesionistas independientes, que se encontraban en sus casas, bajo resguardo.

Tiene razón el gobernador: hay un regreso lento, pero sostenido. Sin embargo lo que no se puede negar es el temor y la incertidumbre. Ahí están latentes, frente al temor de sucesos como los de días pasados.

Para el gobernador Rocha no hay mejor ruta que la que lleva a la coordinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, particularmente con el federal que es el que toma decisiones en cuanto a la participación del ejército mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional.

Es aquí, precisamente, donde radica la importancia de la celebración aquí de la Mesa Nacional de Seguridad, en fecha todavía no definido. Algo, sin duda, acordarán en beneficio del Estado.

Pendientes.

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Mientras.

Al participar en la sesión en la que se aprobó reformas al articulo 123 constitucional en materia de salarios dignos, el senador sinaloense Enrique Inzunza Cazarez se congratuló de que, tras esta reforma, “blindamos el salario mínimo frente a la inflación”, de tal suerte que los trabajadores no perderán su poder adquisitivo y no caerán en situación de pobreza”.

-Se trata de un paso firme hacia la protección de los derechos laborales y la justicia social – subrayó.

Ahora, señaló, “México tiene la oportunidad de construir una sociedad más justa y equilibrada, en la que el bienestar de los trabajadores esté en el centro de las políticas públicas”, convencido de que “una sociedad con menos desigualdad salarial y mejores condiciones de vida estará más cohesionada y será menos propensa a caer en conflictos”.

Lo anteriormente expuesto sucedió en el marco de la cuarta reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, en las cuales hubo unanimidad en todos sentidos, base precisamente para la intervención del representante de Sinaloa en el Senado de la República.

Enhorabuena.

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Y hasta aquí por hoy. Nos vamos ya. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Ahora y siempre.

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