La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados reiteró su propuesta de reforma en materia de seguridad en redes sociales, enfocada a tomar medidas para prevenir y actuar ante ilícitos cometidos a través de internet, en especial contra menores de edad, la cual se turnó a comisiones y no ha sido dictaminada.
En el marco de la presentación de iniciativas para regular las redes y catalogar las noticias falsas, rumores y ataques en internet, como amenazas a la seguridad nacional, por parte de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado y San Lázaro, los panistas indicaron que su planteamiento es más completo e integral.
El objetivo de la propuesta, puntualizaron, es “acabar con la impunidad y la proliferación de empresas fantasma en donde los directivos se lavan las manos y salen libres sin ninguna responsabilidad por los actos cometidos en sus empresas, por sus empleados o usuarios irresponsables”.
El proyecto firmado por la diputada Jacquelina Martínez Juárez, plantea que las plataformas digitales se responsabilicen por la seguridad de los usuarios y de los actos de sus empleados; y estén obligadas a tener entes jurídicos que respondan ante la autoridad, por posibles violaciones a derechos o afectaciones a usuarios.
Contempla que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleve a cabo acciones de investigación para garantizar la seguridad de usuarios de redes, así como generar directrices para que las empresas de aplicaciones y contenidos en internet, cumplan controles internos que permitan evitar la comisión de las faltas descritas.
En la argumentación, la iniciativa manifiesta que en internet se cometen otras formas de violencia como el chantaje, con amenazas de revelar información perjudicial o difamatoria, a cambio de un pago monetario, con favores sexuales o control emocional.
El ciberacoso, que consiste en hostigamiento, humillación e injuria a través de las redes, por medio de acciones como la suplantación de identidad, creación de perfiles falsos y la vigilancia a través de spyware o acceso a perfiles en redes sociales.
Esa práctica se comete lanzando campañas de odio a través de etiquetas o “hashtags” y publicaciones en redes. Señala que los discursos de odio también se enmarcan en formas de violencia en el ciberespacio. Se trata de expresiones que trivializan, glorifican o incitan a la violencia de género, y se defienden con el argumento de la libertad de expresión.
Agrega que las empresas creadoras de aplicaciones y plataformas digitales, así como los proveedores de servicios y contenidos, deben colaborar con la autoridad en la materia, en este caso la Policía Cibernética, para dar información oportuna, suficiente y necesario, en caso de que las prácticas señaladas se involucren en un proceso penal.
La reforma a diversos artículos del Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, indica que habrá consecuencias jurídicas y penales, para las personas jurídicas que intervengan en la comisión de los delitos de comunicación de contenido sexual con menores de edad o personas sin capacidad de comprender el significado de esos hechos, pornografía de personas menores de edad.
También se penalizará a quienes cometan delitos informáticos o cometidos por proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, a través de la red de internet; y delitos contra la dignidad de las personas, contemplados en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. La sanción aplicable será de uno a tres años de prisión, o bien, de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.
Las faltas involucradas son atentar contra la dignidad humana, anular o menoscabar derechos y libertades de las personas, por razones de origen pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
FUENTE: MVS Noticias.
