Pero ¿se pierde alguna vez toda esperanza?
Siempre se aferra uno a algo. Qué sé yo, hasta al viento.
José Revueltas
El reloj histórico nos señala que han transcurrido 8 años y cinco meses. Y que han sido días de interminable espera por el regreso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. También suman 3 mil 72 noches de insomnio y de una pesadilla que no encuentra salida sin la presencia de los normalistas desaparecidos en la noche de Iguala de aquel 26 de septiembre de 2014, en la que la violencia coordinada entre el Estado y los grupos criminales tomó por asalto las libertades y los derechos humanos. No sólo fueron víctimas los alumnos de la Normal Rural. Todo el país es damnificado por los vergonzosos hechos de la noche de Iguala de 2014.
La justicia no llegó en el régimen que cometió el crimen. Una conclusión obligada es que ni la verdad sobre los hechos ha llegado a nosotros ni la justicia plena ha tocado las puertas de las familias de las víctimas. Y como consecuencia los responsables no han recibido el castigo que les corresponde ante ese crimen de lesa humanidad. La razón detrás de todo ello la supo el pueblo desde el primer momento: ¡Fue el Estado! Se dijo en la calle, en la plaza pública y en todo núcleo de conversación. Lo ha reconocido la autoridad que hoy gobierna el país.
Pero la justicia se tropieza en el presente sexenio de AMLO. Vale la pena reflexionar sobre el esfuerzo que se ha llevado a cabo, con el fin de conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los obstáculos con los que se ha chocado. Como parte de los compromisos se creó una Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa y el problema general de desaparecidos. El presidente de dicha Comisión, Alejandro Encinas, presentó un informe en agosto del año pasado, en el que destaca la reiteración de que hay responsabilidad del Estado en los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 y en el que se señala la participación de altos jefes y tropa del Ejército mexicano, de policías federales y locales. En dicho informe se reclamó la acción de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial, para que comparecieran ante dichas instancias alrededor de 80 nuevos presuntos responsables.
Mientras eso planteada la Comisión de la Verdad, el Poder Judicial dejó en libertad a 120 implicados en los hechos en que desaparecen los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Así cómo acceder a nuestro derecho de conocer la verdad y a la plena justicia para dicho caso?
¿Quiénes son los implicados? El presidente municipal de Iguala, el jefe de policía de ese municipio y otros altos funcionarios de la localidad. Pero el informe de la Comisión de la Verdad señala con índice de fuego al jefe del Batallón militar de Iguala, al comandante de la 27 Zona Militar de Guerrero, al ex procurador general de justicia, Jesús Murillo Karam, entre otros muy importantes funcionarios de la República. Sin dejar de lado a los jefes de grupos criminales como Guerreros Unidos.
Los reveses que impone el Poder Judicial. Hay un juez federal que por sus sospechosas maniobras ha permitido la libertad de al menos 120 de quienes estaban presos por el Caso Ayotzinapa: Samuel Ventura Ramos. A pesar de que la Comisión de la Verdad señala irregularidades en el actuar de este juez y en sus resoluciones, hasta hoy desconocemos que el Consejo de la Judicatura haya tomado en serio cartas en el asunto y que imponga una sanción ejemplar al mencionado juez. Lo que sí tenemos como certeza es que esas actuaciones ponen de cabeza el proceso donde se juzga el Caso de los 43 estudiantes y en riesgo de que todo esfuerzo por encontrar la verdad y la búsqueda de plena justicia se vaya al demonio.
También hay que decir que como los implicados se mueven en las esferas del poder económico y político, las presiones en contra del informe de la Comisión de la Verdad no se hicieron esperar. Hubo una verdadera campaña contra el presidente de la Comisión, Alejandro Encinas y por la defensa de los personajes señalados como responsables de la noche de Iguala. Basta ver los medios y las redes en fechas inmediatas posteriores al informe.
Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿Quién tiene el poder en México? Pues a eso nos remite el caso Ayotzinapa. El régimen de la 4T tiene una parte del poder político, la de mayor peso, digamos. Pero el poder económico y militar está en otras manos y es el factor determinante no sólo en el rumbo económico del país. Lo es también en la vida política del país. No es gratuito que hasta el día de hoy no tengamos ni la verdad de los hechos en nuestras manos y, desde luego, el castigo a los responsables y la plena justicia para el Caso Ayotzinapa.
Hagamos un balance del movimiento: la desaparición forzada no se detuvo después de Ayotzinapa. La mayor parte de las desapariciones presentes se contabilizan después del 26 de septiembre de 2014. ¿Por qué ha sucedido esto?
A pesar de que a la par surgió un fuerte movimiento nacional contra la desaparición forzada de personas después de Ayotzinapa, el fenómeno no ha parado. Y su característica principal es que se volvió un problema verdaderamente nacional. En los últimos meses nos hablan de una caída en el delito de desaparición forzada, pero la cifra ronda los 110 mil desaparecidos en México. Con todos los esfuerzos que realizan familiares y las autoridades en los diferentes niveles, hay un problema central: estamos huérfanos de una estrategia nacional y local que esté comprometida con detener el fenómeno de la desaparición forzada. Hay apoyos para búsquedas, pero de lo que se trata es parar la práctica de la desaparición forzada. Que no nos digan que eso no se puede. Lo hicieron Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, después de expulsar a sus dictaduras militares. ¿Por qué México no puede hacerlo?
Tenemos otro problema no menor, el gobierno de AMLO entró a su fase final, ¿cumplirá su misión de encontrar la verdad y de alcanzar justicia plena antes que termine 2024? A como están las cosas, lo dudamos. Pero la sociedad civil no puede cruzarse de brazos. No puede perder la esperanza y rendirse.
Aunque el pueblo mexicano dio su veredicto desde el primer momento, después de la tragedia. Hay un recurso utilizado con cierta frecuencia en nuestro país, que sirve para confirmar el principio de justicia y que permite guardar memoria de los hechos y de educación para las generaciones venideras: el Juicio popular. Proponemos que el próximo 26 de septiembre, en el IX aniversario del Caso Ayotzinapa, realicemos ese Juicio popular en esta Plazuela Obregón. El dolor de muchas familias con desaparecidos encontrará consuelo en ello y la historia tendrá un vaso comunicante con los intereses de la Nación y sus hijos.
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