columna oscarY nos dará para lo venidero algunas esperanzas

que hoy más que nunca necesitamos.

Carlos María de Bustamante

 

La palabra justicia ronda, sin cesar, a los gobiernos que se presumen democráticos. El gobierno de Rubén Rocha, que llegó avalado por un amplio respaldo popular, no puede ser la excepción. Y cuando la palabra justicia toma cuerpo y presencia en los quehaceres de la vida pública, no puede agotarse en el campo de la procuración y administración del marco legal que regula las conductas de convivencias sociales. La palabra justicia debe tomar carta de ciudadanía en los estadios de la economía, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la equidad de género, del trato a la naturaleza, entre muchos otros campos.

 

Y al hablar de justicia, la terca memoria nos lleva al recuerdo del Profe. Román Rubio, protector de los tarámaris, pueblo originario de Chihuahua que ahora vive en Sinaloa. El maestro Román fue víctima de un homicidio que hasta hoy está impune. No nos explicamos el por qué. No en un gobierno para cuyo arribo al poder tanto contribuyó Román. Su caso, como el de Sandra Luz Hernández y Rosario Lilián Rodríguez Barraza y otros luchadores sociales, siguen esperando por esa justicia que castigue a los responsables y reivindique su buen nombre.

 

Uno de cada tres ciudadanos en Sinaloa es pobre, de acuerdo al Plan de Gobierno Estatal. Y no queremos esperar hasta 2027 para preguntar cuántas décimas de puntos avanzamos para superar esa lamentable situación de casi un millón de sinaloenses. Resolver el problema de la pobreza no es un asunto para un sexenio, menos para un solitario año; pero no ver la apertura de comedores comunitarios, en las escuelas y programas que atiendan, con recursos suficientes y la visión social que ello demanda, nos invita a dudar de avances en el tema. Sobre todo, si la informalidad en los empleos es la salida más socorrida para llevar pan a las familias.

 

Está iniciando ya la temporada hortícola en Sinaloa, y la Dirección y la Procuraduría del Trabajo lucen ajenas al mundo que se vive en el campo donde se produce para exportar. El grupo de activistas triquis ha entrevistado al Director del Trabajo, cuestionando su pasividad ante los múltiples problemas que viven los trabajadores. Su respuesta no fue para alegrarles el día: –No puedo obligar a nada a los patrones. –Dijo, sin el menor rubor en sus mejillas. El outsorcing es un fantasma que cobra fuerza en el campo y el costo del equipo de trabajo corre por cuenta del trabajador. Y doña justicia no se asoma ni por equivocación por allá.

 

Las escuelas públicas regresaron al trabajo presencial con el deterioro físico que sufrieron sus instalaciones. Sin adentrarnos en las negligencias y descuidos que en el marco de la pandemia se cometieron, digamos que el regreso se ha realizado sin los recursos que demandaban las aulas, laboratorios, bibliotecas y espacios deportivos, mientras tomaban fuerza conflictos laborales que el Covid-19 de alguna manera pospuso. Ignoro si hay una evaluación de los avances y pérdidas sufridas en materia de educación escolar.

 

En el terreno de la salud, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, recibió quejas contra hospitales generales en el estado, el Hospital Pediátrico y el Hospital de la Mujer. Un aspecto central en ellas era que familiares de los pacientes tenían que estar surtiendo las recetas, sin faltar otros reclamos. El domingo pasado nos visitó el presidente Andrés Manuel y en las instalaciones del Hospital General de Guamúchil hizo público que todos los hospitales estatales del país pasaban a la federación. ¿Con ello quedará resuelto el problema de las fallas múltiples de las instituciones de salud? El rescate de AMLO en 2019, de más de cien edificios hospitalarios no terminados por los gobiernos anteriores, permitió torear de mejor manera la pandemia. Pero el Sistema de Salud demanda ahora la ampliación de su capacidad instalada, que permita dejar atrás las infames aglomeraciones en las áreas de urgencias, que las citas en especialidades no se programen hasta por seis meses o más y la contratación de personal suficiente.

 

Sabemos que por mucha voluntad de que se disponga, no se cuenta con los recursos suficientes para hacer justicia en materia de vivienda. Pero la desesperación no debe ganar al gobernador cuando desde alguno de los sectores huérfanos de vivienda le exigen la atención a que tienen derecho. –No tienen llenadera. –Les dijo a los desplazados que dirige Miguel Gutiérrez. Esas familias perdieron su tierra, trabajo, bienes y querencia. El Químico Benítez siempre se negó a recibirlos. Y lo menos que se espera es una reacción de ese tipo de quien como senador buscó protegerlos.

 

Y la justicia para la mujer, ¿qué estado de salud guarda? Hay que reconocer que en el gabinete hay una representación que habla bien de los espacios para la mujer. Lo mismo decimos para el Congreso del Estado. Es importante la Secretaría de la Mujer también, pero aún quedan como materias pendientes la violencia que sigue descontando los esfuerzos por dignificar a la mujer y la ausencia de guarderías y apoyos en seguridad social para las mujeres trabajadoras que son madres, y, en muchas ocasiones, jefas de familia. Esperamos ver que para el II Informe de gobierno se brinden algunas oportunidades que dignifiquen la vida de estas trabajadoras. Vale.

 

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