Lo acompañaban una opresión física en el pecho
y una extraña incomodidad en el alma.
Leonardo Padura
Cuando apenas tomaba cuerpo esta lucha, cuánto hubiéramos dado por una visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Cuarenta y cuatro años después es una realidad. Ahora los desaparecidos se cuentan por miles, pero ya no está aquella camada de Madres que demostró que su alma, corazón y vida eran del mismo barro que sus hijos, pues si ellos luchaban por un México libre, ellas lo hicieron por la libertad de esos patricios soñadores.
Con qué alegría hubieran compartido penas, desvelos y esperanzas, Chuyita Caldera de Barrón, Margarita Velázquez de Alemán, Martha Murillo de Gaxiola, Consuelo Flores de Carrasco, Catalina García de Castro, Virgen Pérez de Manríquez, María Carvajal, Asunción Herrera y su esposa Elenita Álvarez, entre muchos otros familiares. Seguramente hubieran experimentado que se abría una pequeña rendija de esperanza en el impenetrable muro que oculta las desapariciones forzadas en México. No están entre nosotros. Invictas en sus incansables luchas, no pudieron sobrevivir a los largos años que han transcurrido y al mal endémico de la desaparición forzada de personas.
Una consigna originaria y un objetivo del primer momento que dieron vida y ánimos al movimiento por la Amnistía de los Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos por motivos políticos, estarán presentes en la reunión que los 22 grupos de familiares con desaparecidos sostendrán el próximo día lunes 22 con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Y Alto a la desaparición forzada de personas. En esta materia han cambiado algunas cosas, pero no su esencia. El número es importante, porque la masificación del fenómeno de la desaparición ha llevado a nuevas dimensiones el problema.
En un principio es el Estado el ejecutor y su objetivo es combatir a luchadores sociales, cuyo activismo cuestiona las injusticias económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales. Después, la impunidad reinante en la primera oleada de desapariciones se convirtió en una invitación tácita para que particulares pudieran también llevar a cabo tan inhumana práctica. El Estado no renunció a seguir con la reprobable desaparición de personas y ante la ausencia de castigos, toleró que los particulares también lo hicieran, yendo en no pocos casos más allá de la mera tolerancia, pues hay complicidades manifiestas.
El fenómeno ha alcanzado niveles terriblemente altos y que hacen presumir que en algunas regiones del país el mismo Estado ha perdido lastimosamente autoridad y quienes son presuntamente responsables de la desaparición forzada de personas y del desplazamiento de comunidades enteras, son los que mandan. Después del caso de Ayotzinapa en septiembre de 2014 estamos obligados a redimensionar todas las aristas del fenómeno. Lo decimos por la participación del Estado y por el despertar organizativo de cientos de colectivos de familiares con desaparecidos en todo el país. Esa movilización ha impuesto agenda al Estado.
Hay algunos cambios positivos después de Ayotzinapa: una legislación nacional sobre desapariciones forzadas (con sus correspondientes leyes estatales) y estructuras que apoyan (con sus asegunes) a los colectivos. Me refiero a las comisiones de búsquedas y a las comisiones de atención a víctimas del delito. A nivel federal hay una subsecretaría de derechos humanos y en algunas entidades, como Sinaloa, también. Agreguemos que hay fiscalías especializadas en el tema, con presencia en las tres zonas geográficas de nuestro estado, con laboratorio de genética forense, con grupos de investigadores especializados y binomios caninos. Pero todo ello termina señalándonos a voz en cuello cómo la realidad rebasa nuestras fuerzas y afanes.
¿Qué le diremos al Comité de la ONU? ¿Qué ningún esfuerzo de los colectivos y de la autoridad ha podido detener la práctica de la desaparición? Porque hay estudios que nos indican que cada 8 horas hay una persona que ya no regresa a su casa en Sinaloa. Y también reconocemos que todo ese trabajo sacrificado y doloroso de las búsquedas de nuestras “rastreadoras” arrojan un saldo de cientos de cuerpos humanos encontrados en fosas clandestinas, sin que reciban el correspondiente trabajo de investigación y, en consecuencia, no sean identificadas muchas de esas personas ni entregados sus restos a la familia ni descansen en un panteón con nombre y reconocimiento de los suyos. Con dignidad, pues.
Es muy positiva la actitud del presidente AMLO de haber aceptado esta visita del Comité de la ONU y dar las facilidades para que lleven a cabo las entrevistas que consideren pertinentes en diferentes estados. Seguramente las reuniones de trabajo darán muchos elementos al Comité contra las Desapariciones Forzadas y arrojarán muy buenas conclusiones. Esperemos que las mismas ayuden a forjar una agenda más provechosa para las familias que sufren este flagelo y que conminen a la autoridad para que haya una política de Estado que se encamine, muy pero muy en serio, hacia la detención de la negativa y dolorosa práctica de la desaparición forzada. La salud de cientos de miles de ciudadanos lo exige y la anhelada paz pública lo espera con impaciencia. Vale.
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