El socavón sin fondo de la deuda
es un grillete actuante entre penumbras.
Rosalío Morales Vargas
Diputados aprueban en comisiones el Presupuesto federal 2021. Tendrá un monto total de 6 billones 200 mil millones de pesos. Y de acuerdo al dicho de la Secretaría de Hacienda dará prioridad a los programas sociales, de salud y seguridad. El dictamen se va al Pleno de la Cámara, pero con no pocas reservas y fuertes críticas de la oposición. Dicho dictamen sufrió unas modestas modificaciones: propone reasignar 2 mil 407 millones de pesos a descontar de lo contemplado originalmente al Poder Judicial y al INE, principalmente.
Ante las dificultades que nos obsequian la pandemia y la recesión económica, no deja de ser muy loable los malabares que se hacen por el Poder Ejecutivo y el Legislativo para estirar el Presupuesto, con el fin de que cubra lo más importante e indispensable del gasto público. Pero no dejamos de preguntarnos ¿por qué en los análisis primeros sobre el presupuesto no llamó la atención de los legisladores el asunto de la deuda pública? Lo decimos porque tan solo el pago del servicio de la deuda pública, que será de 724 mil millones de pesos en 2021, es mucho más que el gasto que dice priorizarse.
Llama poderosamente la atención los alegatos de las fracciones opositoras, pues lamentan los posibles recortes al Poder Judicial y al INE, pero no hacen referencia tampoco al gran escollo que representa la deuda para la gestión exitosa de la pandemia y de los retos del crecimiento de la economía que desde ya enfrentamos. Planteadas así las cosas el asunto de la deuda pública se nos presenta como encantado, pues nadie en la esfera del Congreso quiere promover el gran debate que merece, a pesar del estado de necesidad (pobreza) del país, el cambio de circunstancias que impuso la pandemia y la emergencia que surge de la misma y de la profundización de la recesión económica.
Mientras tanto, con 986 mil 177 casos de contagio al 11 de noviembre (oficialmente), estamos a un tris de arribar al millón de contagios y con los 96 mil 430 decesos (también oficialmente), antes de una semana estaremos hablando de una preocupante cifra de 100 mil muertes por Covid-19. El semáforo que se creó con el fin de normar un comportamiento de la autoridad y de los ciudadanos, no ha sido el referente obligado de todos, pues en el marco de una segunda oleada en Europa y los contagios récord de más de 130 mil casos diarios en EU, en Sinaloa se autoriza la apertura de estadios y hasta se planea una encuesta buscando un repecho social para que haya carnaval en Mazatlán. La temporada beisbolera se suspendió por 11 días a consecuencia de contagios entre peloteros y del público. No se aprende la lección, ahora se pretende realizar el carnaval. ¿A qué costo se haría?
Estados Unidos vive cambios que nos afectan de múltiples maneras para bien y para mal, lo que nos obliga al estado de alerta: la potencia imperial padece hoy de no pocos defectos que antes fueron exclusivos de las democracias del llamado Tercer mundo. Los berrinches de Trump, perdedor y aún huésped de la Casa Blanca, prometen dar circo post electoral hasta el 20 de enero próximo y ofrecen más de un dolor de cabeza acelerando sus provocaciones a nivel internacional. Por otra parte, el equipo de transición de Biden manifiesta vivo interés por enfrentar de manera sensata el creciente contagio del Covid-19 en su territorio.
Y regresando al asunto del Presupuesto federal y la necesidad de dinero para atender la emergencia presente, es preciso reconocer que hay un alto número de niños desplazados por la violencia en al menos 18 estados del país, sin hogar propio, sin recursos en los bolsillos de sus padres, sin Tablets ni tecnología alguna para llevar los cursos educativos que ahora se imparte por la Secretaría de Educación Pública. La Ley Federal de Atención a Víctimas contempla apoyos para esta población, pero aún no hay en el Presupuesto federal el reconocimiento y el espacio que merecen, como lo han logrado los desplazados de Colombia.
También digamos que las participaciones federales a los estados tendrán sus respectivos recortes. No son cosa del otro mundo, pues estamos hablando que si 174 mil millones de pesos importará la disminución del presupuesto 2021 respecto del actual, se proyecta que 108 mil millones (62% del recorte total) se pellizquen de las participaciones a los estados y el resto lo absorba el Gobierno Federal. Este porcentaje dará mucho que decir en el Congreso. Pero con todo, ¿habrá algún legislador que proponga debatir sobre ese recurso destinado a pagar el servicio de la deuda pública y considerado hasta hoy como algo sagrado? ¿Tanto les debemos o tememos a los acreedores?
Se fue Audómar Ahumada. Medio siglo de intensa militancia deja huellas indelebles en la vida pública y desde luego el accionar a ese ritmo es siempre una fértil fuente de controversias. No pocos de los que caminamos buen trecho de la vida militante a la par de Audómar hemos manifestado, en su momento, nuestros desacuerdos con muchas de sus acciones políticas, pero por encima de todas ellas ninguno podemos regatearle, que cada una de esas decisiones las tomó consciente de las consecuencias que tendrían para él y para la sociedad y que las defendió con el coraje y valentía que daban sustento a su personalidad. Descanse en paz el hombre que un día salió de Casa Blanca, Guasave, con un modesto equipaje donde no cabían tantos sueños y que ahora cubre la generosa tierra de El Pitahayal, muy cerca de su querido terruño.
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