Esta pandemia ha revelado
la inutilidad de la economía ortodoxa.
Jonathan Aldred
Ya pronto arribaremos al escenario que López-Gatell nos describiera el 4 de junio como “muy catastrófico”. Sí, estamos cerca de la temida cifra de las 60 mil muertes por Covid-19. Como país ocupamos el tercer lugar en decesos víctimas del coronavirus, después de Estados Unidos y Brasil. Atrás quedaron las cuentas de Italia, Reino Unido, Alemania y España. Ni los esfuerzos hechos por autoridades, empresas, universidades y ciudadanos han sido suficientes y eficaces para controlar la pandemia, ni el entorno internacional inmediato nos favorece mucho para alcanzar ese objetivo, pues EU es un hervidero de casos de Covid-19 y nuestros vecinos del sur no cantan mal las rancheras.
Las medidas que se han planteado como el quédate en casa, la sana distancia, no asistir a las aglomeraciones y sitios muy concurridos, son correctas; pero hay una realidad que se atraviesa en el camino muy difícil de superar: millones de familias viven en casas de una o dos piezas y en esas condiciones difícilmente se puede cumplir la sana distancia. La inmensa mayoría de esa gente vive de trabajos informales de bajos ingresos o están desempleados. Su condición social los obligaba a salir de casa todos los días para buscar el pan de su familia. No salir significa no comer, aunque saliendo tampoco hay garantía de ello. Pero al menos hay esperanza. El plan de Gobierno para atender la emergencia no alcanza a cobijar a la mayoría.
Todos los esfuerzos que se hagan no pueden ignorar esta realidad. Ausencia de ingresos (alimentos) y de espacio vital ahogan a esos millones de familias pobres. Los podemos acusar de desobedientes y de todo lo que queramos, pero “más cornadas da el hambre” que la misma crisis sanitaria, como dijeran los aprendices de toreros de Luis Spota. Y por todo ello el día 7 de mayo Julio Boltvinik, parodiando a Augusto Monterroso también dijo: “Y cuando despertó la curva sin aplanar del Covid-19 todavía estaba ahí.”
Ante el umbral de las 60 mil defunciones por Covid-19, las crecientes dificultades financieras del Estado mexicano y los tropiezos externos e internos que la economía mexicana está viviendo, y que vuelve dudoso el pronóstico oficial de que repunte el último trimestre de 2020, el Congreso de la Unión debe abrir el debate sobre la orientación actual del presupuesto federal, pues para la atención de la emergencia se está aplicando un 1.5 por ciento del PIB, mientras para el costo financiero de la deuda se destinará este año alrededor del 3 por ciento del mismo (unos 712 mil millones de pesos). Lo que no es justo ante el estado de necesidad.
Hay en la agenda sanitaria varios asuntos que las instituciones de salud deben resolver. Señalo dos como ejemplo: el pasado domingo 9 se informa para tranquilizarnos que el 58 por ciento de las camas de hospitalización general están libres y que en el caso de camas con ventiladores el 64 por ciento están disponibles. No pongo en duda los datos, pero que el IMSS esté dejando en manos de los derechohabientes la adquisición del oxígeno para pacientes de Covid-19, me parece un crimen que desnaturaliza su misión. Tenemos quejas sobre ello.
El otro ejemplo es sobre la atención de pacientes de la tercera edad. El IMSS les agenda una cita mensual para consulta y la entrega de un paquete de medicinas. Durante la pandemia se ha concretado a la entrega de medicinas y se hace una cita a centenares de pacientes a la misma hora. Esta medida está muy lejos de las sanas distancias recomendadas por las autoridades de salud y se aplican al segmento de la población más vulnerable. La espera en filas para recibir los medicamentos (incompletos muchas veces) lleva con frecuencia hasta 3 o 4 horas. ¿Por qué el IMSS y el ISSSTE no han podido innovar su antediluviano sistema para llevarles las medicinas a sus casas a esos pacientes? O al menos que los citen a diferentes horas para evitar las no recomendadas aglomeraciones.
A pesar de que son las autoridades municipales las que están más cerca de los ciudadanos para atender sus problemas, al parecer están perdiendo de vista las cosas elementales que nos presenta la crisis sanitaria y económica. Siguen sin aprender la primera lección: para salir de la pandemia y de la creciente crisis económica se requiere de la unidad de esfuerzos de autoridad y ciudadanos. Para la autoridad esta coyuntura ha resultado propicia para quitarles el permiso a no pocos vendedores ambulantes o para restringirles los giros de comercio que por años se han autorizado. Sólo trabajan la mitad de los días laborables, las ventas se cayeron desde el año pasado y con esas medidas los empujan al total desempleo y al hambre.
Ya es tiempo de que los regidores del Ayuntamiento de Culiacán reclamen su lugar en las decisiones de esta naturaleza que lastiman la vida de un sector muy vulnerable y que los diputados elaboren leyes que den certidumbre al comercio ambulante en Sinaloa y no dejen al capricho de los presidentes municipales la vida o extinción de esta actividad. Lo han hecho Brasil, España, Perú e incluso Estados Unidos (California muy recientemente), ¿por qué no nuestra entidad? Las cosas han llegado al extremo: Eder Sánchez, cayó enfermo de coronavirus a principios de julio, no pudo trabajar ningún día, pero se presentó a la tesorería a pagar su derecho de piso a finales del mes (debió hacerlo a mediados) la autoridad municipal le dijo ya no tenía permiso por incumplir la fecha de pago. Les enseñó la receta de control del Covid-19. No valió. A Danuaria Uribe Ramírez de 74 años También le fue suspendido el permiso. ¿De qué vivirá esta dulce anciana? La 4T no puede ser esto que está pasando en Culiacán. Vale.
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