Un nuevo comienzo tomará ineludiblemente nuevas formas,
caminos desconocidos.
Enzo Traverso
Nuestros negocios están por morir. Con esa frase en letras blancas sobre fondo rojo y con moños de luto en las cuatro esquinas, los locatarios del Mercado Garmendia y comerciantes vecinos volvieron a salir a la calle. Esta vez la desesperación y el enojo tocaron un nuevo nivel, muy preocupante, por cierto. Se autorizó la apertura de los negocios en el Centro Histórico de Culiacán, pero el Ayuntamiento pretende conservar como área peatonal las calles Miguel Hidalgo y Ángel Flores, en el tramo que va de la avenida Obregón a la Morelos. Rúas que desde hace semanas están bloqueadas por la autoridad. Contra ello fueron los manifestantes.
En días anteriores hubo enfrentamiento verbal entre comerciantes y agentes policiales del municipio. La autoridad fijó barreras de concreto para impedir la apertura de esas calles y los comerciantes desconociendo los actos de autoridad, llevaron sogas y sumando la fuerza de varios de ellos buscaron mover aquellas moles de varilla y concreto. El peso inercial pudo más que la voluntad de los comerciantes. Pero esta protesta aunada a las anteriores tiene la doble connotación de ser una advertencia y una lección que debemos aprender.
Como la crisis sanitaria y la crisis económica se pueden prolongar hasta el próximo 2021, la quiebra de pequeños y medianos negocios es un riesgo inminente, acompañado del desempleo de muchos trabajadores. De complicarse la situación nacional e internacional ese puede ser el panorama, nada agradable, que tendremos. Todo ello reclama una infinita sensibilidad de las autoridades, especialmente municipales, para escuchar y buscar acuerdos con todos los sectores inconformes. La profundización de la crisis magnificará los problemas y no hay que dudar que también puede violentar la respuesta de los sectores más golpeados por la recesión económica y el Covid-19.
Durante estos meses no hubo un Plan para gestionar la crisis a nivel municipal ni estatal, pero nunca es tarde para hacerlo. Dimensionemos la advertencia que los hechos nos obsequian y aprendamos bien la lección. No hacerlo pondrá a las autoridades en apuros innecesarios y a los sectores arruinados en el marco de la pandemia en acciones más desesperadas y quizá violentas. Estamos a tiempo.
Hay más personas desaparecidas que asesinadas en Sinaloa en 2019 y este año. La noticia golpea de manera múltiple a la sociedad. Es cierto que los homicidios dolosos han ido a la baja en Sinaloa, a saber: 822 para 2019 y 283 hasta el mes de mayo del presente año, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Noroeste publicó recientemente que la Fiscalía General del Estado informó que durante 2019 recibió 1319 denuncias por desaparición forzada de personas, un promedio de 3.6 casos diarios. Hasta el 31 de mayo pasado el registro era de 404 casos. Todos sabemos que siempre habrá delitos que no se denuncian y en el renglón de desapariciones forzadas no es la excepción, por lo que el número total es mayor aún.
Si partimos del dicho de los norteamericanos de que uno es muchos, el problema de la desaparición forzada siempre ha sido grave: 42 desaparecidos en los setenta, los 87 de 1984 a 2003 y los miles que se han acumulado de 2006 a la fecha. Y el problema no es sólo de cifras. Cuando estas obligan a la comparación con otro delito tan grave como la desaparición forzada: el homicidio, el asunto rebasa cualquier preocupación meramente académica para convertirse en un problema de interés público y en el cual la autoridad está obligada a responder con todo un plan que lleve al abatimiento de ambos delitos, con el énfasis debido al que tratamos ahora.
En el mismo tema, pero del renglón de Ayotzinapa, hemos sabido en los últimos días que se han librado 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios a cargo de la investigación primera y civiles presuntos responsables. Y muy recientemente Gobernación dio a conocer que de los escasos restos encontrados y enviados a la Universidad de Innsbruk, Austria, una pieza de ellos corresponde a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre: uno de los 43 de Ayotzinapa. No deja de ser un avance, pero no evita el sentimiento de impotencia que deja el tiempo transcurrido y el saber que algunos de los padres ya fallecieron sin conocer la verdad y la justicia plena sobre los hechos. Sentimiento que no alivia del todo el que haya un gobierno que se comprometió y que trabaja para que la justicia plena en el caso sea una realidad.
Los avances se ven muy lentos si contamos año y medio transcurrido de la administración federal y más cuando las cosas en materia de desaparición forzada se complican terriblemente. El compromiso es ir también por el resto de las desapariciones forzadas a nivel nacional; tan solo Sinaloa está dando material para que haya trabajo de las autoridades federales y locales por mucho tiempo. Son 3.6 casos diarios, que invitan a ver el fenómeno de la desaparición forzada desde muchas aristas, si se quiere resolver de fondo. Ver el asunto por separado, sin conexión con otros delitos y conductas antisociales, es marchar por el camino que lleva a búsquedas interminables de fosas clandestinas, pero no a la raíz del problema. Trabajo que ya hacen y de manera heroica muchas madres de familia. La situación exige la visión y la acción de Estado. Un Estado convencido de imponer el Estado de derecho democrático. Vale.
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