Lo más peligroso solía venir precedido por el silencio.
Leonardo Padura
El proceso electoral nos está dejando ingentes dolores de cabeza. Por un lado, nos enteramos de candidatos amenazados y cuya salida para algunos es la renuncia a participar como tales en la campaña electoral y hasta candidatos que han perdido la vida antes de registrarse o cuando ya corrían en actos de proselitismo. Esta situación es de por sí preocupante, pues ha impactado a ciudadanos de distintos partidos políticos y en diferentes entidades federativas, como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Morelos, entre otras. Sinaloa no es la excepción en el tema, pues algunos de los candidatos de oposición han solicitado ante el INE protección para desarrollar con mayor seguridad sus trabajos de proselitismo.
Pero los actos de violencia y actitudes que ofenden no se quedan en el ámbito de acción de los candidatos, pues de acuerdo al Instituto de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya se han presentado diez quejas desde que comenzó la campaña electoral. En un informe reciente de la Institución se desgranan los datos acumulados en su breve vida, que se remonta al mes de agosto de 2022. Se han emitido 519 medidas para la salvaguarda de ciudadanos defensores de derechos humanos o periodistas. Las amenazas son el mayor riesgo, dice su coordinadora Jhenny Judith Bernal Arellano. Y el Instituto ha acumulado 65 denuncias por ello.
No está mal diseccionar las actividades del Instituto, pues de esa manera nos queda más claro lo riesgos que abrazan no solo a candidatos, defensores de derechos humanos y periodistas, si no los potenciales daños a la coyuntura electoral y, desde luego, a la gobernanza de Sinaloa y del país. Las medidas señaladas alcanzaron a 124 personas: 50 periodistas, 53 defensores de derechos humanos y 21 familiares de los ciudadanos mencionados. Si tomamos como referente la coyuntura electoral pasada, el alma no nos regresa al cuerpo de manera automática, porque además de las denuncias de irregularidades en casillas de Ahome, y Culiacán, lamentamos el homicidio del Profr. José Román Rubio pocas semanas después de concluido el proceso electoral.
A todos nos debe interesar que más allá de las pasiones naturales o alimentadas que despierten los procesos electorales, debe preservarse la institucionalidad y el respeto a ella, pues el funcionamiento de toda sociedad marcha bien si va por los rieles que garanticen el Estado de derecho o al menos en los que puedan canalizarse los derechos que cada cual reivindique y crea legítimos. Apostarle al caos es buscar que los intereses que menos tienen que ver con la sociedad se impongan y determinen el destino de las mayorías. La autoridad deberá trabajar horas extras y empeñarse en erradicar, en lo que le sea posible, las conductas antisociales y delictivas que van dedicadas a deslegitimar el proceso electoral.
Busquemos que en este ensayo democrático en el que los electores determinarán quien se hará cargo de las riendas del país y de los diferentes espacios legislativos y de poderes ejecutivos locales, que campañas e iniciativas marchen por los cauces que contempla la Ley y que la convocatoria para atraer el voto ciudadano con toda la pasión y arrebato partidario nunca toque las fronteras que invitan a las acciones violentas. Los viejos tiempos del partido único (PRI) tan llenos de accidentes y tropiezos, y robos de urnas, no están proscritos del todo.
Hoy se habla de poderes fácticos como un riesgo muy presente y no falta razón para decirlo. Y definamos muy bien qué diablos son esos poderes por la vía del hecho, no del Estado de derecho. Normalmente se identifica a las personas y grupos de ciudadanos que se dedican a cometer delitos por vocación y por negocio. Y es común llamarles crimen organizado. Y no han faltado especialistas en el tema que hasta dimensión numérica les ponen. El periódico El Financiero publicó el día 21 de septiembre de 2023 que, si Femsa empleaba a 321 mil trabajadores, Walmart México a 231 mil, Manpower a 203 mil, América Móvil a 181 mil, mientras el narcotráfico en México emplea un ejército de 175 mil trabajadores. Es el quinto empleador en este país. El inevitable OXXO se queda atrás con 168 mil empleados.
Pero los poderes fácticos no son sólo los llamados fuera de la Ley, también lo son grupos de poder que reivindican el Estado de derecho o al menos sus inversiones y empresas están debidamente registradas en Hacienda, aunque busquen tercamente evadir los impuestos que les corresponden. Unos tienen bancos, otros, empresas televisoras o son desarrolladores urbanos, pero todos ellos se hermanan en clubes o sindicatos de grandes inversionistas para hacer presión o negociar con los gobiernos en turno. Podemos llamarles de cuello blanco o dorado, pero en lo que no hay duda es en el poder real que ejercen para el rumbo de la economía y política del país. También ellos cuentan a la hora de alimentar la gobernanza o de echarla a perder.
Tenemos una lucha electoral llena de asegunes, con discursos más cercanos a los combates de barrio que a los foros de altura en los que se enaltece a quienes participan en las contiendas ciudadanas. La sociedad debe exigir de los candidatos poner los pies sobre la tierra que pisan y la creatividad en las propuestas que se exponen. Sobran los problemas que deben resolverse, muchos de ellos en el corto plazo. La ofensa y las posturas agresivas poco aportan a esta coyuntura tan importante en la definición del futuro de México. La sociedad no debe admitir nubarrones negros en donde el compromiso debe ser el fortalecimiento del Estado de derecho. Vale.
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X @Oscar_Loza
