El opresor sigue siéndolo,
y lo mismo ocurre con la víctima: no son intercambiables.
Primo Levi
Nos faltan ocho. Diríamos parodiando la consigna de los de Ayotzinapa. Sí, nos faltan ocho personas de las 66 que el día viernes 22 de marzo grupos civiles armados sustrajeron de sus hogares en la zona rural y en la periferia urbana de Culiacán. La zozobra, la tensión nerviosa, la incertidumbre y la mortificación de no saber hasta dónde llegarían la actividad delictiva ese atípico viernes, volvió a poner en alerta a las autoridades de Sinaloa, a las instancias federales de seguridad y, desde luego, a la ciudadanía de Culiacán.
Con los antecedentes de los llamados culiacanazos (2019 y 2023) todos los ciudadanos de Culiacán tenemos un sentido de alerta a flor de piel y que a la primera oportunidad se manifiesta. Ese viernes 22 las noticias sobre un número de creciente de familias y personas privadas de la libertad comenzaron a ocupar los espacios de las redes y elevar los niveles de preocupación, mientas las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia no salían a dar la cara y ofrecer la información que tuvieran a mano y a ofrecer certidumbre o al menos de idea de que se estaba trabajando a la altura que exigían las circunstancias del momento.
Las redes invitaban a retirarse de la calle, a abandonar las actividades y priorizar la seguridad personal. La voz del gobernador reiteró la obligación oficial de atender el problema y no caer en pánico. Por la tarde la circulación peatonal y automovilística habían disminuido sensiblemente en las calles de la ciudad. La noche se precipitó en un silencio lleno de interrogantes sobre la suerte de los levantados, entre los que había al menos 22 menores y buen número de mujeres. Todos queríamos que con la luz del sábado llegaran los levantados a sus casas, mismas que habían quedado con las huellas de la violencia ejercida al momento de privar de la libertad de sus moradores.
En las horas siguientes, las redes abrieron comentarios de que en el centro de Culiacán se habían visto caminar, ya liberadas, algunas personas rumbo a sus casas. Y un poco más tarde se comentaba de otras que por el rumbo del sur de la ciudad o del norte, con paso y figura que denotaban rastros de horas mal vividas buscaban llegar a sus maltrechos hogares. Y ahora el número de los que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad empezó a elevar las cifras de quienes regresaban. La contabilidad de pronto se paró en el número 58. Nada la ha podido mover. Y durante el resto de los días hemos esperado, desesperadamente, que alcance el número 66. Porque no queremos, no deseamos que los ocho faltantes engrosen la lista de desaparecidos.
Después de los acontecimientos señalados, pero sin que la historia de los mismos toque el punto final, hay suficientes elementos que debemos poner sobre la mesa de reflexiones, con el fin de dimensionar el problema de la violencia existente y plantearnos los caminos seguir para disminuirla, y lograr los puntos de equilibrio en los cuales pueda la sociedad desarrollarse en libertad y en pleno Estado de derecho. Nos resulta muy claro que hay una responsabilidad insoslayable de la autoridad en esta materia, pero que la sociedad no es ajena a los deberes que plantean los altos niveles del delito y de las conductas antisociales. Ambas partes forman una pinza al actuar y, como en los viejos tiempos posteriores a la Guerra de Reforma y del Imperio de Maximiliano, se puede terminar con la delincuencia que amenaza la paz social.
Pero la situación que se abre el pasado viernes 22 de marzo, con la privación de la libertad de 66 personas, replantea todo el entorno violento en que vivimos. Y ya nadie se quedará tranquilo al ver llegar batallones de soldados, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional, como reacción ante momentos de crisis en la seguridad y que se retiran sin que haya un informe de lo que hicieron para detener la crisis y sentar bases de convivencia pacífica. Ni la autoridad federal ni la estatal consideran que el principio de rendición de cuentas es una obligación constitucional y que, además, resulta en una medicina que disminuye el estrés y aumenta la confianza en la autoridad, cuando se corresponde con el mejoramiento de la seguridad
Las responsabilidades tocan a las puertas de la autoridad, tanto para poner remedio a las acciones violentas, como para buscar el apoyo a las víctimas directas de esas acciones delincuenciales. Hay al menos 22 de menores de edad que han quedado marcado por una mala experiencia al ser víctimas de la privación ilegal de la libertad. No podemos dejarlos abandonados a su suerte, como de alguna manera lo hicimos con los niños y jóvenes de Jesús María. Hacerlo ahora abonaría, sin duda, para la no repetición de los hechos en el futuro inmediato y mediato. Esperemos que la autoridad no haga caso omiso de esta tarea esencial.
La otra arista del problema es la impunidad en que pueden caer los hechos y los delitos que se cometieron ese viernes 22. La Fiscalía General del Estado registró las denuncias que se presentaron sobre el actuar violento de los grupos armados para entrar en casas y llevarse consigo violentamente a unas 11 familias. No tenemos claro, porque no se ha informado, qué papel jugó la autoridad en la liberación de las 58 personas mencionadas. Tampoco sabemos qué suerte mantienen las carpetas de investigación abiertas desde el día viernes 22. Las tareas que tiene el MP ante estos hechos delictivos son muy claras. Ojalá no tengan la mala suerte que han vivido las carpetas de investigación que se abrieron por el caso colectivo de los siete desaparecidos durante la estancia en Guamúchil de los desplazados de Sinaloa municipio. Vale.
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X @Oscar_Loza
