“Si escondes tu ignorancia, nadie te herirá y nunca aprenderás”, Ray Bradbury

DE PIE

El proceso judicial que ahora enfrenta Gerardo Octavio Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, abre una ventana incómoda para el debate público: ¿estamos ante un ejercicio legítimo del Estado de derecho o ante una estrategia política con ropaje legal?

La respuesta, como casi siempre en estos casos, no es sencilla.

El juez de control determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Vargas Landeros por los delitos de abuso de autoridad y actos cometidos por servidores públicos.

Este paso, hay que subrayarlo, no significa una condena, pero sí formaliza que la investigación penal sigue su curso.

El acusado, por su parte, se mostró contenido, institucional en sus palabras, evitando confrontaciones y afirmando confiar en que la ley prevalecerá.

Sin embargo, el propio Gerardo Vargas —en un comunicado posterior y más elaborado— dejó entrever que detrás de este proceso judicial hay motivaciones políticas.

Aunque en su declaración pública al salir del Centro de Justicia Penal se reservó opinión sobre una posible persecución, en el mensaje escrito fue más directo: acusa que lo quieren apartar del escenario político por la vía de los tribunales, lo que en términos prácticos es un eufemismo para describir una embestida con fines electorales o de control territorial.

Aquí el análisis debe detenerse y considerar dos dimensiones. La primera es jurídica: las instituciones están actuando bajo los procedimientos establecidos, y el juez encontró elementos que ameritan la continuación de la investigación.

La Fiscalía ha tenido, por tanto, el peso suficiente para sostener los cargos, al menos de forma inicial.

La segunda es política: Gerardo Vargas no es un actor menor en el tablero sinaloense. Su trayectoria, su cercanía con figuras de poder y su propia aspiración de mantenerse vigente lo convierten en una figura incómoda para algunos y estratégica para otros.

A poco más de un año de las elecciones de 2027, cualquier movimiento que afecte a un perfil con peso territorial como el suyo no puede ser visto sólo como un hecho judicial. Siempre hay cálculo.

Este proceso también pone en tensión un viejo dilema: ¿cuándo se cruzan los límites entre justicia y revancha?

En México, la línea suele ser delgada, y en muchos casos el combate a la corrupción ha sido utilizado para descarrilar proyectos políticos rivales.

Gerardo Vargas, por ahora, mantiene la narrativa de respeto institucional, asegura que no se va a doblegar y apela al respaldo ciudadano.

Es una estrategia prudente, sobre todo si busca mantenerse en la conversación pública mientras se resuelve su situación legal.

La pregunta que queda en el aire es si este caso terminará como una muestra de que nadie está por encima de la ley, o si con el tiempo se confirmará que la justicia fue usada como ariete político.

De ese desenlace dependerá no sólo la suerte de Vargas Landeros, sino también la credibilidad de las instituciones sinaloenses.

Mientras tanto, el mensaje es claro: la política en Sinaloa está lejos de la calma. Y los juicios, aunque se desarrollen en tribunales, también se libran en la arena pública.

La política no se toma vacaciones. Aunque el Congreso entra en receso, los hilos del poder siguen tejiéndose en la Comisión Permanente. Y en esa antesala del debate nacional, Enrique Inzunza Cázarez acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, una responsabilidad que trasciende lo simbólico.

Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa y actual senador por Morena, es un operador político con disciplina, verbo medido y habilidad institucional. Su nombramiento como presidente de esta comisión es un reconocimiento a su perfil, pero también una muestra de confianza de su bancada para mantener la estabilidad y lectura política en tiempos donde la temperatura nacional sube por los reacomodos post-electorales y los debates sobre reformas clave, como la del Poder Judicial.

La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales no es menor. Durante el receso legislativo, este órgano tiene la tarea de dar seguimiento a temas de coyuntura nacional e internacional, y de preparar el terreno para lo que vendrá en el próximo periodo ordinario. Es ahí donde se procesan muchos de los posicionamientos que más tarde marcarán agenda. Y estar al frente significa tener un termómetro político en la mano… y también un altavoz.

Este nombramiento coloca a Inzunza en un punto de observación privilegiado. Conoce el poder desde dentro —como magistrado, como secretario general, como legislador— y su ascenso paulatino lo perfila como uno de los cuadros más consistentes de Morena en Sinaloa, con proyección nacional. No es alguien que se imponga por estridencia, sino por constancia, y eso, en política, suele rendir frutos.

¿Y qué implica esto para Sinaloa? Tener a un sinaloense al frente de una comisión de este tipo es tener una silla más cercana a los temas donde se deciden los rumbos del país. Implica también capacidad de interlocución con actores fuera del estado, y una oportunidad para posicionar temas regionales en la agenda nacional si se sabe utilizar con inteligencia.

En un momento donde Morena redibuja su estructura nacional y prepara la transición del poder presidencial, quienes ocupan cargos estratégicos dentro del Congreso son piezas que pueden ser consideradas para responsabilidades mayores. La presidencia de esta comisión, aunque no brilla en los reflectores como otras, tiene peso en la toma de decisiones. Y ahí está Inzunza.

Por supuesto, el reto será no perder el vínculo con la base, ni con el territorio. El riesgo de quienes ascienden en la política nacional es olvidar el suelo que los sostuvo. Pero si algo ha demostrado Inzunza es capacidad para navegar en distintas aguas sin naufragar.

Por lo pronto, Enrique Inzunza suma una responsabilidad más a su carrera política. Y lo hace en un espacio donde se gestan muchas de las discusiones que terminarán marcando el sexenio de Claudia Sheinbaum. No es un cargo de trámite. Es una señal de rumbo.

RECURSOS

La senadora Paloma Sánchez Ramos reiteró algo urgente: que le pongan el nombre que quieran, pero que regrese la Financiera para el campo. En Sinaloa, donde la tierra lo es todo, el vacío que dejó la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo es cada vez más profundo y doloroso. Guasave, como corazón agrícola del estado, lo sufre en carne viva.

Lo más grave no es que no haya financiamiento, sino que desde el gobierno federal se sigue simulando que no pasa nada. Mientras tanto, la producción cae, la sequía aprieta y los productores no encuentran respaldo para sobrevivir, mucho menos para crecer. La senadora lo dijo sin rodeos: el problema no es de nombres, sino de voluntad.

La narrativa oficial ha apostado por el asistencialismo, pero el sector primario exige condiciones, no dádivas. El llamado de Paloma Sánchez, aunque venga del PRI, tiene un eco social transversal. Si el gobierno quiere realmente apoyar al campo, debe dejar de mirar para otro lado. Si no lo hace, no sólo habrá menos producción, también más abandono, migración y pobreza rural.

La Financiera debe regresar. Llámenla como quieran, pero que funcione. Porque el campo ya no aguanta discursos.

ENFOQUE

El entusiasmo del dirigente priista en Mazatlán, José Luis Arreola, tras los resultados electorales en Durango y Veracruz, es comprensible, pero no necesariamente realista. El PRI ha tenido chispazos de vida electoral, sí, pero aún arrastra el descrédito de décadas y la falta de renovación profunda. Que en algunas alcaldías haya habido alternancia no significa, de forma automática, un cambio de rumbo para Sinaloa en 2027.

Arreola recurre al viejo discurso del ave fénix, asegurando que el PRI resurgirá "de las cenizas", como en el 2012. Sin embargo, las circunstancias políticas de hoy son muy distintas. La ciudadanía exige más que nostalgia y promesas; quiere resultados, honestidad y cercanía real, no sólo discursos de recuperación.

En política no basta con que al otro le vaya mal; se necesita construir una alternativa creíble. Si el PRI quiere regresar, deberá hacerlo con autocrítica genuina, con nuevos cuadros, y sin repetir fórmulas gastadas. De lo contrario, lo que en Durango y Veracruz parece un repunte, puede no ser más que un espejismo antes del siguiente desierto electoral.

Tiempo al tiempo, sí… pero también trabajo serio.