“Teméis todas las cosas como mortales y todas las deseáis como inmortales”, Séneca

FUTURO EN JUEGO

El Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra en un momento crucial de definición en Sinaloa, con el inminente debate entre las candidatas a la dirigencia estatal, Vanessa Sánchez Vizcarra y Wendy Liliana Barajas Cortés.

Más allá de ser un simple evento protocolario, este debate representa la oportunidad para que los militantes panistas evalúen qué tipo de liderazgo desean para un partido que ha estado buscando recuperar relevancia en el estado y a nivel nacional.

Vanessa Sánchez Vizcarra, exdiputada local, ha hecho énfasis en que su planilla está preparada para un proceso de renovación que mire hacia los próximos ciclos electorales.

“El PAN debe dejar de ser un partido que administra derrotas”, afirmó con contundencia, subrayando la necesidad de una transformación profunda que no solo reactive la militancia, sino que le permita al partido posicionarse nuevamente como una fuerza política competitiva y atractiva para la ciudadanía.

Su proyecto se presenta como una propuesta integral, con capacidad y experiencia para lograr este cometido.

Por otro lado, Wendy Barajas Cortés, la otra contendiente, ha sido destacada por su juventud y trayectoria dentro del panismo, un factor que podría atraer a aquellos que ven en la renovación generacional una vía para revitalizar el partido.

Su presencia en la contienda introduce un elemento de contraste que puede resultar interesante para los militantes: la elección entre experiencia y un enfoque de cambio más fresco y rejuvenecido.

El PAN, un partido con una larga historia en Sinaloa, ha enfrentado años complicados, y el nuevo liderazgo tendrá la difícil tarea de devolverle la relevancia que ha ido perdiendo.

A lo largo de esta campaña interna, el debate del lunes se perfila como una plataforma esencial para que las candidatas expongan no solo sus propuestas, sino también sus visiones sobre cómo debe manejarse el partido en un entorno político desafiante.

Más allá de las promesas de renovación, el reto real para quien asuma la dirigencia será transformar un discurso ambicioso en acciones concretas que movilicen a la base panista y la reorganicen con miras a ser un verdadero contrapeso en la política local.

La militancia deberá considerar qué tipo de liderazgo está mejor preparado para asumir ese compromiso

Este proceso interno es una oportunidad para que el PAN en Sinaloa demuestre que puede debatir ideas con altura y proyectar un futuro claro.

La militancia, por tanto, tiene en sus manos la decisión de apoyar un proyecto que no solo administre el partido, sino que le dé un rumbo claro y sólido.

La pregunta es si el PAN está listo para ese cambio o si, una vez más, se quedará en las buenas intenciones.

PLANES OBJETIVOS

La administración 2024-2027 de Mazatlán arranca con aires de renovación.

La presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, ha iniciado el relevo de titulares en dependencias clave, destacando su intención de construir un gobierno que atienda de manera eficaz las necesidades de la ciudad.

Sin embargo, este cambio de nombres debe ir más allá de un simple ajuste burocrático; debe representar un verdadero compromiso con la mejora de los servicios públicos y con la atención a las demandas de los mazatlecos.

La entrega de nombramientos a los nuevos responsables de áreas como Protección Civil, Capta, Recursos Humanos, Comunicación Social y Relaciones Públicas no solo implica la transferencia de responsabilidades, sino también la exigencia de resultados tangibles.

Mazatlán es un destino turístico de importancia nacional, con desafíos complejos que incluyen la gestión de su economía basada en el turismo, la protección de su infraestructura frente a fenómenos naturales y la creación de un entorno que favorezca el bienestar de sus habitantes.

Un aspecto interesante de esta administración es la propuesta de transformar el Instituto Municipal de la Mujer en una secretaría.

Esta iniciativa, encabezada por Elsa Bojórquez Mascareño, parece apuntar hacia una estrategia de mayor peso institucional para atender la agenda de género en Mazatlán. Es un paso positivo, pero debe ser acompañado de políticas y recursos concretos que generen un verdadero impacto en la vida de las mujeres.

Asimismo, se mantiene el énfasis en el turismo, con Celia Jáuregui a la cabeza de Sedectur. La alcaldesa ha reconocido que este sector es prioritario y se barajan posibles cambios para potenciarlo.

Sin embargo, la promesa de mejorar la infraestructura turística y las condiciones para los visitantes debe ir acompañada de un plan integral que aborde las problemáticas de fondo, como la regulación del comercio informal, la seguridad y el manejo eficiente de los recursos naturales que hacen de Mazatlán un destino atractivo.

Lo que queda por ver es si esta renovación administrativa logra traducirse en acciones que los ciudadanos perciban como mejoras concretas.

Las palabras de los nuevos funcionarios comprometiéndose a trabajar con responsabilidad deben convertirse en hechos que impacten en la vida diaria de los mazatlecos, ya sea en la forma de calles más seguras, servicios públicos eficientes o una mejor promoción del turismo.

Al final del día, el éxito de esta administración no se medirá solo por la buena intención de sus anuncios, sino por los resultados que logren entregar.

Mazatlán tiene mucho en juego, y los ciudadanos esperan que estos cambios traigan la gestión eficiente y la atención a prioridades que tanto necesitan.

La alcaldesa y su equipo han recibido la confianza de los mazatlecos; ahora, les corresponde demostrar que pueden honrarla con acciones que impulsen el desarrollo y la calidad de vida en la ciudad.

¿DE REVERSA?

El anuncio del diputado Ricardo Monreal Ávila sobre la inminente discusión en la Cámara de Diputados acerca de la fusión y extinción de órganos autónomos levanta una serie de interrogantes sobre el futuro institucional de México.

La reorganización administrativa planteada, que incluye reformas constitucionales en áreas tan sensibles como la igualdad sustantiva y la protección animal, se presenta como parte de un "modelo de país más humano, más justo, más equilibrado".

Sin embargo, es crucial analizar las implicaciones profundas de esta propuesta, que amenaza con desmantelar una parte esencial del entramado democrático: la autonomía institucional.

Los órganos autónomos desempeñan funciones vitales en la vigilancia y el contrapeso del poder público.

En un sistema donde la concentración del poder puede tener consecuencias preocupantes, estos organismos garantizan que haya supervisión independiente y objetiva en áreas como la transparencia, la competencia económica, la protección de derechos humanos y la fiscalización electoral.

La idea de fusionar o extinguir estas entidades, bajo la premisa de una reorganización administrativa, requiere un escrutinio detallado y debe ser objeto de un debate amplio, no solo en el Congreso sino en la sociedad.

Ricardo Monreal ha insistido en que estas reformas buscan un país más equilibrado, pero la eliminación de órganos autónomos podría tener el efecto opuesto: desmantelar estructuras que impiden el abuso de poder.

La autonomía no es un capricho burocrático; es un pilar que sostiene la democracia, y su desaparición o debilitamiento pondría en riesgo la independencia de funciones esenciales del Estado.

Por otro lado, la agenda incluye otros temas importantes como la igualdad sustantiva y la tipificación de delitos graves, entre los que se destaca la producción y comercialización del fentanilo.

Elevar estas acciones a rango constitucional parece una medida urgente en el contexto de la crisis de seguridad y salud pública que enfrenta el país. Sin embargo, la relevancia de estas propuestas no debe ser usada como distractor de las decisiones que puedan afectar el equilibrio de poderes.

En cuanto a la legislación sobre protección animal, es alentador ver que la Cámara de Diputados abordará este tema.

La protección del medio ambiente y de las especies en peligro de extinción, como el emblemático ajolote, es fundamental en la construcción de un modelo más sostenible y respetuoso con la vida.

El dilema está claro: ¿se trata de un avance hacia un modelo más eficiente y justo, o es un intento de concentrar el poder y limitar los contrapesos?

Lo que está en juego es el balance entre modernizar la administración pública y proteger la independencia de instituciones que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas.

La ciudadanía debe estar alerta y participar en este debate, porque lo que está en juego es el equilibrio y la calidad de nuestra democracia.

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