“Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria”, José Hernández

LAS BARBAS DEL VECINO

El conflicto entre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el gobierno de Sinaloa ha alcanzado nuevas dimensiones.

El pronunciamiento del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la ilegalidad del paro indefinido de labores académicas y administrativas, así como el viaje de una comitiva universitaria a Palacio Nacional para buscar el apoyo del gobierno federal, reflejan la gravedad de una disputa que ya lleva más de 20 meses.

Rocha Moya fue categórico al afirmar que el encargado de rectoría de la UAS, Candelario Ortiz Bueno, no tiene la capacidad legal para promover acciones en nombre de la universidad, declarando que el paro convocado es ilegal al no contar con el aval de los Tribunales Laborales.

En su conferencia semanal, hizo un llamado a la comunidad universitaria a no secundar este paro y a respetar la nueva Ley Orgánica Universitaria, promulgada el 2 de octubre, la cual, según el gobernador, promueve la participación democrática de estudiantes, maestros y trabajadores en la elección de sus autoridades.

El gobernador subrayó que la ley debe ser el eje rector de la universidad y que no debe ser manejada como una propiedad privada por sus directivos.

¿Es este llamado a la legalidad una medida para garantizar la autonomía universitaria, o una estrategia para controlar la universidad?

Rocha Moya aseguró que la UAS debe ser un espacio libre de corrupción, plural y democrático, donde se formen profesionistas que contribuyan al desarrollo económico y social de Sinaloa.

Por su parte, el Encargado de Despacho de la Rectoría, Candelario Ortiz Bueno, acudió a Palacio Nacional acompañado de una comitiva de universitarios para entregar un oficio a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este documento, denunciaron la "persecución política" de la que, según ellos, ha sido víctima la UAS desde la aprobación de la Ley Estatal de Educación Superior, que consideran una violación a la autonomía universitaria.

Ortiz Bueno y la comitiva exigen que el gobierno federal intervenga para detener el conflicto con el gobierno estatal.

Señalaron que la UAS ha ganado un juicio de amparo que declara la ley estatal como violatoria de la autonomía universitaria, pero el conflicto sigue latente.

¿Es suficiente este fallo judicial para restablecer la autonomía de la universidad, o será necesario un diálogo más amplio con las autoridades estatales y federales?

Mientras tanto, el paro de labores convocado por la UAS, que comenzó el 7 de octubre, se presenta como una de las acciones para defender la autonomía universitaria.

Sin embargo, este paro ha sido calificado como ilegal por el gobernador Rocha Moya, lo que añade un nuevo elemento de tensión al conflicto.

¿Es el paro una medida legítima de presión, o está afectando más a la comunidad universitaria que a las autoridades?

El gobernador también hizo referencia a las investigaciones por corrupción dentro de la universidad, señalando irregularidades en la adquisición de alimentos, obras y servicios por un monto de más de 410 millones de pesos.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo se puede garantizar la autonomía universitaria mientras se exige transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos?

El viaje de la comitiva universitaria a Palacio Nacional podría ser clave en la resolución del conflicto.

Ortiz Bueno confía en que la presidenta Sheinbaum Pardo intervendrá para encontrar una solución, pero esto también abre un nuevo interrogante: ¿hasta qué punto es legítimo que el gobierno federal intervenga en los asuntos de una universidad autónoma, y cómo afectará esta intervención a la relación entre la UAS y el gobierno de Sinaloa?

El conflicto entre la UAS y el gobierno estatal está lejos de resolverse, y las declaraciones del gobernador Rocha Moya, así como las acciones emprendidas por la universidad, subrayan la complejidad del problema.

¿Será posible encontrar una solución que respete la autonomía universitaria sin comprometer la estabilidad de la institución ni la educación de miles de estudiantes?

Las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro de la UAS y su autonomía.

BUENOS DESEOS

La reciente aprobación de la Reforma Constitucional al artículo 123 por parte del Senado representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales en México.

Esta modificación, que tiene como objetivo blindar el salario mínimo frente a la inflación, busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables, garantizando una remuneración digna y justa.

Sin embargo, es importante analizar si esta reforma será suficiente para resolver las profundas desigualdades salariales que han persistido durante décadas en el país.

Uno de los puntos clave de la reforma, destacado por el senador Enrique Inzunza, es la protección del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación. En un contexto donde los precios de los productos básicos tienden a subir constantemente, la actualización anual del salario mínimo de acuerdo con la inflación es un paso positivo.

Pero ¿hasta qué punto esta medida es suficiente para garantizar que los trabajadores salgan de la pobreza?

Si bien es cierto que con esta reforma se reduce el riesgo de que los salarios se devalúen, la realidad es que los trabajadores de sectores fundamentales como los maestros, policías, médicos y militares seguirán enfrentando dificultades económicas si no se complementa con otras políticas públicas.

El salario promedio de $16,777.78 pesos registrado en 2023, mencionado en la reforma, parece ser una mejora en términos nominales, pero en la práctica, ¿es suficiente para cubrir el costo de vida en un país donde la desigualdad económica sigue siendo alta?

Aunque se garantiza una actualización anual del salario, la inflación en algunos sectores, como la vivienda y la alimentación, ha superado en muchas ocasiones el promedio general, lo que puede hacer que esta mejora se quede corta frente a las necesidades reales de los trabajadores.

La dignificación de sectores fundamentales como los maestros, policías, médicos y militares es otro de los objetivos centrales de la reforma.

El trabajo que desempeñan estos sectores es crucial para el buen funcionamiento del país, y su reconocimiento salarial es una demanda histórica.

Sin embargo, ¿es esta reforma suficiente para transformar la realidad de estos trabajadores, quienes muchas veces laboran en condiciones precarias y arriesgan su integridad física por el bienestar de la sociedad?

El reconocimiento salarial es solo una parte de la ecuación.

Mejorar las condiciones laborales en términos de seguridad, equipamiento y derechos adicionales es igualmente importante para garantizar que los trabajadores no solo reciban un salario digno, sino que también puedan ejercer su labor en un entorno seguro y justo.

La reforma plantea un avance hacia la equidad salarial y la estabilidad económica, dos aspectos que son fundamentales para construir una sociedad más cohesionada y menos conflictiva, como señala el senador Inzunza.

¿Puede realmente la mejora salarial reducir las brechas de desigualdad y promover un desarrollo más inclusivo?

La experiencia ha demostrado que mejorar los salarios es un factor clave, pero no suficiente por sí solo para resolver las desigualdades estructurales en el país.

El reto más grande para el Estado será garantizar que la implementación de esta reforma se traduzca en beneficios tangibles para los sectores más vulnerables.

De igual manera, deberá haber un monitoreo constante para asegurar que el aumento salarial vaya acompañado de políticas complementarias que promuevan la inclusión social, el acceso a servicios de calidad y la seguridad laboral.

La reforma al artículo 123 representa un avance indiscutible hacia la justicia social en México. Sin embargo, este es solo un primer paso en un camino más largo hacia la equidad.

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