“Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria”, José Hernández

NO SALE

El conflicto entre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Congreso de Sinaloa, liderado por la LXI Legislatura, ha alcanzado un punto crítico con la discusión sobre la reforma a la Ley Orgánica de la institución.

La intervención de la UAS en este proceso se ha convertido en un tema candente, especialmente con las recientes declaraciones del asesor jurídico de la universidad, José Ramón Bonilla Rojas, quien ha cuestionado la legitimidad de las acciones del Congreso en este contexto.

Bonilla Rojas ha argumentado que cualquier intento de reformar la Ley Orgánica de la UAS sin una consulta adecuada a la comunidad universitaria es no solo infundado, sino también ilegal.

Según el asesor, la consulta para cualquier modificación a esta ley debe ser realizada exclusivamente por la propia universidad debido a su autonomía, un principio respaldado por la justicia federal en el pasado.

Esta autonomía garantiza que la UAS pueda regirse por sus propias normas y procedimientos sin intervención externa, asegurando su capacidad para autogobernarse y mantener su independencia académica.

El Congreso, bajo la presidencia de Feliciano Castro Meléndrez, se enfrenta ahora a una creciente presión para avanzar en esta reforma. Sin embargo, las recientes declaraciones de Bonilla Rojas han puesto en evidencia que el proceso legislativo podría estar en un callejón sin salida.

La crítica se centra en que el Congreso no cuenta con las facultades constitucionales para realizar una consulta sobre la Ley Orgánica sin la participación activa de la universidad, y que cualquier intento de hacerlo al margen de la UAS podría ser declarado inconstitucional.

El principal desafío radica en que el tiempo se está agotando para que la LXI Legislatura logre sacar adelante la reforma.

La incapacidad para cumplir con las normas legales establecidas no solo pone en riesgo el futuro de la reforma, sino que también podría marcar un precedente negativo para la relación entre el poder legislativo y las instituciones autónomas en Sinaloa.

El Congreso, al no abordar este tema de manera adecuada, corre el riesgo de ser percibido como ineficaz y de no cumplir con su responsabilidad de legislar en conformidad con las leyes y principios establecidos.

El proceso de reforma a la Ley Orgánica de la UAS es, por tanto, un caso emblemático de los desafíos que enfrentan las instituciones de gobierno y las universidades en la actualidad. La tensión entre la autonomía universitaria y el poder legislativo subraya la necesidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre las partes involucradas.

La LXI Legislatura, y en particular Feliciano Castro Meléndrez, se enfrenta a la crítica de no haber actuado en consonancia con los principios constitucionales y legales, dejando a la UAS en una posición vulnerable y a la espera de una solución que parece cada vez más improbable.

Este conflicto pone en relieve la importancia de respetar los procesos legales y los derechos de las instituciones autónomas, así como la necesidad de que el Congreso actúe con mayor responsabilidad y en conformidad con las leyes.

De no resolverse adecuadamente, la LXI Legislatura podría quedar marcada por su incapacidad para abordar de manera efectiva y legal esta reforma crucial para la UAS, dejando una deuda pendiente con la comunidad universitaria y el pueblo de Sinaloa.

El asunto es que Feliciano está buscando otro hueso carnudo en el Gobierno del Estado una vez que concluya su periodo como legislador, y esto, si no lo saca, será lo que entierre sus posibilidades de llega a ser el “número 2” en Sinaloa.

¡PÁCATELAS!

La Fiscalía General de la República emitió un comunicado categórico en el que desmiente la versión de que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en una gasolinera de Culiacán.

La institución federal ha señalado que la información sobre el incidente en la gasolinera carece de fundamentos sólidos y pruebas verificables que sustenten tal versión.

En un esfuerzo por esclarecer los hechos, la FGR ha identificado el lugar donde, presuntamente, se cometieron los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y desaparición forzada.

Este inmueble, donde se investiga la agresión que resultó en la muerte de Héctor “N”, está actualmente bajo custodia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR. La protección del sitio es crucial para la continuación de la investigación y la recolección de pruebas.

Además, la FGR ha logrado identificar los vehículos que presuntamente fueron utilizados en el secuestro. Estos hallazgos forman parte de un proceso más amplio que busca esclarecer todos los aspectos del caso.

Los datos recabados se presentarán a las autoridades judiciales federales una vez que estas reanuden sus labores, asegurando que se sigan todos los procedimientos legales adecuados.

La FGR continúa trabajando para completar las investigaciones y asegurar que se lleve a cabo el debido proceso. Las autoridades seguirán proporcionando actualizaciones sobre los avances de la investigación en cuanto sea legalmente posible.

Este caso destaca la necesidad de una comunicación clara y precisa durante las investigaciones criminales para evitar la propagación de rumores y desinformación.

EN LA LUCHA

Yolanda Guadalupe Félix Aguilar, representante de Morena ante el Consejo Municipal del IEES en Navolato, ha expresado una fuerte confianza en que Margoth Urrea será la ganadora del proceso electoral una vez concluido el recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral de la Sala Regional de Guadalajara.

Este recuento, que abarcará las casillas faltantes y los votos no contabilizados, busca aclarar las irregularidades detectadas en la elección del pasado 2 de junio.

Félix Aguilar argumenta que las irregularidades observadas en el conteo de votos y las anomalías encontradas durante el proceso electoral respaldan la esperanza de un resultado favorable para Urrea.

La representante de Morena no solo ha manifestado su confianza en el recuento, sino que también ha hecho un llamado a los morenistas de Navolato para defender el voto y asegurar que la elección se lleve a cabo de manera limpia y transparente.

Este llamado subraya la importancia de respetar la voluntad de la ciudadanía y de garantizar la integridad del proceso electoral.

La decisión de la Sala Regional de Guadalajara, emitida el 14 de agosto, revocó la sentencia previa del Tribunal Electoral de Sinaloa (TEESIN), que había desestimado la solicitud de Morena para un recuento adicional de votos en varias casillas y la revisión de un paquete de 29 votos no contabilizados.

Con esta revocación, el TEESIN deberá revisar nuevamente la solicitud de recuento en un plazo de 10 días. Este paso es crucial, ya que podría definir el resultado final de la contienda electoral en Navolato.

El hecho de que se ordene un nuevo recuento de votos no solo refleja la seriedad de las alegaciones de irregularidades, sino que también pone en evidencia la importancia de un proceso electoral transparente y equitativo.

El resultado del recuento podría tener implicaciones significativas para la política local, afectando la representación y la legitimidad de los resultados electorales en la región.

A medida que se avanza en este proceso, la transparencia y la precisión en la revisión de votos serán clave para garantizar que se respete la voluntad de los votantes y se mantenga la confianza en el sistema electoral.

La atención se centra ahora en cómo el TEESIN manejará el recuento y qué conclusiones se podrán extraer de este importante proceso.

EN ESPERA

Édgar Augusto González Zatarain, alcalde de Mazatlán, recordó que una anterior ocasión había recibido la invitación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para integrar su gabinete.

En base a que su nombre, está en la posibilidades de poder llegar a al Secretaría General de Gobierno en base a una declaración del gobernador Rubén Rocha Moya que un alcalde pueda quedarse con este pues González Zatarain recordó que el gobernador lo había invitado hace meses a considerar un puesto en su administración.

Sin embargo, el primer edil aclara que, aunque ha expresado su disposición a contribuir, aún no se ha definido de manera específica el rol que podría desempeñar ni si la invitación sigue en pie.

Rocha Moya había mencionado anteriormente que el nuevo Secretario de Gobierno debería ser un diputado local o un presidente municipal saliente.

Aunque esta especificación parece abrir una puerta para González Zatarain, él subraya que el gobernador no ha hecho mención explícita de su nombre, sino que se ha referido de manera general a posibles candidatos.

Esta aclaración mantiene la incertidumbre sobre el posible cargo y el rol que González Zatarain podría desempeñar en la administración estatal.

El alcalde de Mazatlán ha manifestado que no se adelantará a los acontecimientos ni se enfocará en especulaciones sobre su futuro político.

En lugar de preocuparse por una posible nueva posición, González Zatarain ha enfatizado su compromiso con las responsabilidades actuales de su cargo, subrayando la importancia de concentrarse en la gestión y la resolución de problemas municipales hasta el final de su mandato.

Destacó que el cierre de su administración es crucial y requiere toda su atención y esfuerzo para garantizar una transición fluida y efectiva.

Esta postura refleja una actitud prudente y profesional, poniendo de manifiesto que, mientras que el futuro político de González Zatarain podría estar en evaluación, su prioridad sigue siendo el servicio a los ciudadanos de Mazatlán hasta el último día de su gestión.

A medida que se aproxima el final de su mandato, la atención estará en cómo se manejará esta transición y si González Zatarain desempeñará un papel en la administración de Rocha Moya, una vez que se tomen decisiones finales sobre el gabinete estatal.

Al tiempo.

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