“Quien no sabe mostrarse cortés, va al encuentro de los castigos de la soberbia”, Fedro

EN LA RAYA

La Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra en medio de un debate crucial sobre su autonomía y los procesos legales que afectan a sus autoridades, reflejado en las recientes reuniones y declaraciones de importantes actores políticos y universitarios.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ha adoptado una postura que enfatiza la necesidad de resolver los conflictos internos de manera local y democrática.

En sus declaraciones, Rocha ha elogiado a los estudiantes reformistas que viajaron a la Ciudad de México para manifestarse a favor de una mayor democracia y respeto a los derechos universitarios dentro de la UAS.

Ha subrayado la importancia de que cualquier reforma a la Ley Orgánica de la universidad sea resultado de una consulta directa con la comunidad universitaria, resaltando que son ellos quienes deben decidir sobre los cambios estructurales que puedan afectar la institución.

En cuanto a los procesos judiciales que enfrentan actuales y ex autoridades universitarias por presuntos actos de corrupción, Rocha ha hecho hincapié en la necesidad de que estos procedimientos se lleven a cabo conforme a la legalidad y sin interferencias externas indebidas.Ha destacado que estos casos deben ser resueltos por las autoridades judiciales competentes en Sinaloa, garantizando un proceso justo y transparente que respete tanto los derechos de los acusados como los intereses de la universidad.

Por otro lado, Robespierre Lizárraga Otero, quien actúa como encargado de Rectoría de la UAS, ha defendido vehementemente la autonomía universitaria como un principio fundamental e intocable.

En sus intervenciones, Lizárraga ha subrayado que cualquier acción legal o legislativa que afecte a la universidad debe cumplir estrictamente con el Estado de Derecho y ser respaldada por la comunidad universitaria de manera genuina.

Ha expresado preocupación por los discursos hostiles y los ataques contra la institución, instando tanto al gobierno estatal como al federal a moderar y cesar cualquier tipo de retórica que pueda perjudicar la presunción de inocencia y el debido proceso legal de los implicados en los casos judiciales.

En el marco de negociaciones y diálogos entre las partes involucradas, Lizárraga ha solicitado el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para garantizar que las causas penales en curso sean manejadas con imparcialidad y conforme a la ley, buscando la absolución justa de los universitarios acusados y evitando abusos adicionales.

Ha enfatizado la importancia de mantener la dignidad y la integridad de la comunidad universitaria durante todo el proceso, con el apoyo continuo del gobierno federal para lograr una resolución equitativa de los conflictos.

Mientras Rocha promueve la participación democrática interna y la legalidad en la gestión de conflictos y reformas universitarias, Lizárraga defiende la autonomía universitaria y busca asegurar que cualquier intervención externa respete rigurosamente los derechos y procesos legales establecidos.

Ambos convergen en la necesidad de encontrar una solución que reconcilie los intereses de la universidad con el respeto absoluto a los principios constitucionales y los derechos universitarios, apuntando hacia una resolución pacífica y constructiva de los actuales desafíos que enfrenta la UAS.

EL OTRO LADO

La aprobación por mayoría en el Congreso del Estado de un punto de acuerdo para invitar al encargado de la Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, al diálogo, resalta un punto crucial en este conflicto.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, ha enfatizado la necesidad imperiosa de avanzar en la reforma de la Ley Orgánica de la UAS, argumentando que esta medida se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación Superior.

Esta posición legislativa busca armonizar la normativa estatal con las directrices federales en materia de educación superior, cumpliendo con el mandato constitucional de adecuar las leyes locales a las necesidades educativas contemporáneas.

En sus declaraciones, Castro Meléndrez ha reconocido el derecho de los estudiantes y la comunidad universitaria a manifestarse libremente, pero ha subrayado la importancia de que estas manifestaciones se realicen dentro del marco del Estado de Derecho.

Esta postura refleja el compromiso del Congreso de Sinaloa por promover el diálogo constructivo como vía para resolver diferencias y avanzar en reformas estructurales significativas para la UAS.

Es crucial destacar que, según el diputado, el Congreso del Estado tiene la facultad constitucional exclusiva para legislar sobre las leyes orgánicas de las universidades públicas con autonomía legal, como es el caso de la UAS.

Este argumento refuerza la posición del legislativo estatal como un actor fundamental en la definición del marco normativo que regirá a la universidad, a pesar de las resistencias o negativas iniciales por parte de las autoridades universitarias.

El llamado al diálogo por parte del Congreso de Sinaloa no solo busca asegurar la actualización normativa necesaria para la UAS, sino también fomentar un ambiente de entendimiento y cooperación entre las partes involucradas.

En última instancia, este proceso legislativo no solo impactará la estructura interna de la universidad, sino que también sentará un precedente sobre cómo las instituciones educativas autónomas y los poderes legislativos locales pueden colaborar efectivamente en la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto.

AL POR MAYOR

Este enfrentamiento ha suscitado acusaciones de excesos y falta de respeto a la división de poderes, según lo expuesto por la diputada Alba Virgen Montes Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense.

Montes Álvarez denuncia que la legislatura anterior aprobó una Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que, según un fallo judicial, contiene artículos inconstitucionales.

Esta situación ha generado un conflicto continuo entre el Gobierno del Estado y la UAS, exacerbado por intentos legislativos actuales de reformar la Ley Orgánica de la universidad, los cuales son vistos como ilegales por la diputada.

La legisladora critica vehementemente a la mayoría legislativa y sus aliados, acusándolos de imponer una ideología y avasallar las instituciones autónomas, en este caso, la UAS.

Subraya que la universidad ha alcanzado logros significativos en el ámbito educativo, situándose como la tercera mejor universidad pública estatal en el ranking nacional, y cuestiona la necesidad de reformar su Ley Orgánica sin el debido respeto a la autonomía universitaria y la normatividad vigente.

El llamado al diálogo entre el Gobierno del Estado y la UAS, auspiciado por la Secretaría de Gobernación y respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es visto por Montes Álvarez como una oportunidad para resolver los conflictos y retirar las denuncias judiciales derivadas de la mencionada ley estatal.

La diputada insta a que cese cualquier forma de persecución política contra la universidad y sus miembros, denunciando la participación de empleados gubernamentales en manifestaciones que busca desestabilizar a la UAS.

La mesa de diálogo emergente representa un momento crucial para la resolución pacífica y legal de estos conflictos, pero también subraya la necesidad urgente de respetar la autonomía universitaria y los principios democráticos fundamentales en todo proceso legislativo y judicial.

Pero bueno, de dicho al hecho.

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