“Las lágrimas más amargas que se derramarán sobre nuestra tumba serán las de las palabras no dichas y las de las obras inacabadas”, Harriet Beecher Stowe

ASIGNACIÓN

En el complejo panorama político de México, donde la seguridad y el estado de derecho son temas recurrentes, Sinaloa emerge como un faro de esperanza. Los recientes resultados del Índice de Adhesión al Estado de Derecho (IEDMX) 2023-2024 revelan un ascenso notable del estado, situándose en el quinto lugar a nivel nacional con una puntuación destacada del .46 por ciento.

Este logro refleja un compromiso firme con la consolidación de un sistema legal sólido y justo.

¿Cuáles son los factores detrás de este éxito? La colaboración entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil ha sido fundamental.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, bajo el liderazgo de María Guadalupe Ramírez Zepeda, ha desempeñado un papel crucial en esta tarea.

La implementación de sistemas anticorrupción estatales y municipales ha fortalecido la integridad del estado, fomentando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La medición del IEDMX no solo destaca el estado general del estado de derecho, sino que también desglosa áreas específicas de mejora.

Sinaloa muestra avances notables en la lucha contra la corrupción, escalando desde la posición 15 en la primera edición hasta la cuarta posición en esta última evaluación.

Además, el estado se destaca en áreas como justicia penal, derechos fundamentales y justicia civil, ocupando posiciones destacadas a nivel nacional.

Este logro no debe subestimarse. Es un testimonio del compromiso de Sinaloa con la transparencia, la rendición de cuentas y el imperio de la ley.

Sin embargo, también es un recordatorio de que el trabajo no ha terminado. A medida que el estado continúa su viaje hacia una gobernanza más efectiva y equitativa, es esencial mantener y fortalecer estos avances.

La participación ciudadana activa y el diálogo continuo entre el gobierno y la sociedad serán fundamentales en este proceso.

Sinaloa nos muestra que, incluso en medio de desafíos complejos, es posible avanzar hacia un futuro más justo y seguro para todos.

DE REGRESO

En la más reciente sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa, realizada este martes, se presenció un retorno notable: nueve diputados propietarios presentaron solicitudes para reincorporarse a sus responsabilidades legislativas a partir de esta semana, con algunos de ellos asistiendo a la misma sesión.

Entre los legisladores que vuelven a ocupar sus escaños se encuentran Ambrocio Chávez Chávez, María Victoria Sánchez Peña, Luz Verónica Avilés, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Rosario Guadalupe Sarabia Soto, Serapio Vargas Ramírez, Felicita Pompa Robles, Juan Carlos Patrón Rosales y Almendra Ernestina Negrete Sánchez.

La secretaria de la Mesa Directiva, Cecilia Covarrubias González, quien actuó como presidenta en ausencia del titular Ricardo Madrid Pérez, fue la encargada de anunciar y formalizar estas reincorporaciones, asegurando que se cumplirán los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Es relevante destacar que todas estas diputadas y diputados propietarios habían solicitado licencia temporal el pasado 3 de junio para participar en los procesos electorales recientes.

Sin embargo, cabe mencionar algunas ausencias notables en la sesión de este martes. Mientras que Jesús Alfonso Ibarra Ramos se reincorporará a partir del próximo miércoles 12 de junio, y Rosario Guadalupe Sarabia Soto lo hará el jueves 13 de junio, Almendra Ernestina Negrete Sánchez planea su regreso para el viernes 14 de junio.

Por otro lado, hubo algunas discrepancias entre las solicitudes presentadas y la asistencia a la sesión. A pesar de que en los documentos se especificaba que Felicita Pompa Robles y Luz Verónica Avilés Rochín se reincorporarían a partir de este martes 11 de junio y lunes 10 de junio, respectivamente, no estuvieron presentes en la reunión legislativa de este martes.

O SI O NO

El reciente recurso de impugnación presentado por José Domingo Vázquez Márquez ante el Consejo Municipal Electoral de Ahome, tras las elecciones del pasado 2 de junio, ha desatado un debate sobre la validez democrática de los resultados y los límites del ejercicio político.

El alcalde reelecto de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, ha manifestado su tranquilidad frente a esta situación, subrayando la legitimidad de su victoria con una diferencia de 4 mil 200 votos sobre su competidor.

Sin embargo, este escenario no está exento de tensiones y cuestionamientos.

Es comprensible que Vargas Landeros busque defender su posición, respaldado por la confianza depositada en él por la mayoría de los ciudadanos de Ahome.

No obstante, la democracia implica no solo el respeto a los resultados electorales, sino también la garantía de que dichos resultados sean producto de un proceso transparente y justo.

La impugnación de una elección es un derecho legítimo en un sistema democrático, siempre y cuando se base en fundamentos sólidos y se busque esclarecer cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido durante el proceso electoral.

Es fundamental que este recurso se tramite de manera imparcial y con apego a la legalidad, garantizando así la integridad del sistema democrático.

Por otro lado, es alentador ver que Vargas Landeros está dispuesto a mantener un diálogo constructivo con sus opositores y a trabajar por el bienestar de todas las familias de Ahome, independientemente de su preferencia política.

Este enfoque de inclusión y colaboración es esencial para fortalecer la cohesión social y avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo para la comunidad.

En última instancia, es imperativo que la justicia prevalezca y que el proceso de impugnación se lleve a cabo con transparencia y diligencia. Solo así se podrá garantizar la legitimidad y la credibilidad del sistema democrático en Ahome y en todo el país.

REGULARIZACIÓN

El debate sobre el desarrollo inmobiliario en Mazatlán ha cobrado relevancia, especialmente en el contexto de la actualización de los reglamentos que rigen la construcción en el puerto.

El alcalde Édgar González Zataráin ha enfatizado la importancia de ordenar este crecimiento, argumentando que no se debe frenar, sino regular de manera adecuada para propiciar un desarrollo sostenible.

La discrepancia entre el límite de altura establecido en los reglamentos municipales y los proyectos de inversión propuestos, evidencia la necesidad de revisar y actualizar las normativas urbanísticas.

La modernización de los reglamentos, como el Plan Director de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción, es un paso clave para adaptar las regulaciones a las necesidades actuales y futuras de Mazatlán.

El alcalde destaca que algunos proyectos se han visto obstaculizados por la falta de autorizaciones ambientales, lo cual refleja la complejidad del proceso regulatorio.

La coordinación entre instancias como la Semarnat y el Instituto Municipal de Planeación (Implan) es fundamental para garantizar un desarrollo urbano equilibrado y respetuoso del medio ambiente.

Es importante reconocer que el crecimiento ordenado no implica la inhibición del desarrollo, sino más bien su regulación para evitar impactos negativos en la ciudad y su entorno.

La actualización de los reglamentos debe considerar criterios de sustentabilidad, calidad urbanística y participación ciudadana, para garantizar un desarrollo urbano inclusivo y equitativo.

En este sentido, el avance en la modernización de los planes urbanos es alentador, ya que representa un esfuerzo conjunto entre el municipio, el gobierno estatal y otros organismos gubernamentales.

Sin embargo, es necesario mantener un diálogo abierto y transparente con la comunidad y los desarrolladores, para asegurar que las nuevas normativas reflejen las necesidades y aspiraciones de todos los sectores involucrados.

En conclusión, el debate sobre el desarrollo urbano en Mazatlán es un recordatorio de la importancia de encontrar un equilibrio entre el impulso económico y la preservación del entorno natural y cultural.

La actualización de los reglamentos es una oportunidad para sentar las bases de un crecimiento urbano responsable y sustentable, que beneficie a todos los habitantes de Mazatlán.

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