Más vale pájaro en mano II

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Publicado: Viernes, 19 Julio 2024 12:44

Escrito por Marco Lizárraga

“La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”, Miguel de Cervantes

COMPROMISO SOCIAL

El compromiso por asegurar los descuentos en el pago del agua para personas con discapacidad, jubilados y pensionados en Culiacán refleja un importante acto de responsabilidad social y sensibilidad gubernamental hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esta medida, respaldada por el presidente municipal durante la reciente Sesión Ordinaria de Cabildo, responde no solo a un deber moral, sino también a una necesidad de justicia social que debe prevalecer en nuestras políticas públicas.

El regidor Sadol Osorio Porrás, quien ha liderado la defensa de estos beneficios, ha subrayado la importancia de mantener estos descuentos como un derecho fundamental para aquellos que han dependido de ellos durante años.

Su voz en el ayuntamiento representa no solo la opinión de los ciudadanos beneficiarios, sino también un recordatorio claro de la responsabilidad del gobierno local de proteger y fortalecer las redes de apoyo para los más necesitados.

El contexto jurídico, marcado por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, añade un componente crucial a esta discusión.

Aunque se establece que el Congreso del Estado no puede legislar directamente sobre descuentos, el compromiso del alcalde Gámez Mendívil de explorar mecanismos legales alternativos para asegurar estos beneficios es un paso valiente hacia adelante.

Es esencial encontrar soluciones que no solo respeten la ley, sino que también protejan los derechos adquiridos de aquellos que dependen de estos apoyos para su bienestar diario.

En tiempos donde la atención a las necesidades básicas y el respeto a los derechos humanos deben estar en el centro de nuestras decisiones políticas, Culiacán demuestra un ejemplo positivo de cómo la administración pública puede y debe ser un agente de cambio positivo en la vida de sus ciudadanos más vulnerables. Mantener y fortalecer estos descuentos no solo es una cuestión de justicia social, sino también una inversión en el bienestar y la dignidad de todos los habitantes de la ciudad.

Por tanto, es crucial que el compromiso manifestado en la sesión de Cabildo se traduzca en acciones concretas y duraderas.

Garantizar la continuidad de estos descuentos no solo asegura la equidad y la inclusión, sino que también fortalece el tejido social y promueve un entorno donde todos los ciudadanos puedan prosperar, independientemente de sus circunstancias personales.

El Ayuntamiento de Culiacán tiene ahora la oportunidad de mostrar liderazgo y empatía al proteger estos derechos fundamentales.

Es imperativo que este compromiso se convierta en una realidad tangible, no solo como política pública, sino como un testimonio de la verdadera vocación de servicio público hacia los más necesitados de nuestra sociedad.

ALERTA

La alarmante escalada de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa durante el primer semestre de 2024 es un llamado urgente a la acción y a la solidaridad nacional.

Según el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (IPPDDHP), las agresiones han aumentado en un preocupante 54% en comparación con el mismo período del año anterior.

Estos datos reflejan una tendencia alarmante de violencia dirigida hacia aquellos que desempeñan un papel crucial en nuestra sociedad: informar y defender los derechos fundamentales.

Desde ataques armados como el más reciente sufrido por el diario digital Adiscusión hasta amenazas y actos intimidatorios, cada agresión representa un atentado contra la libertad de expresión y la labor indispensable de quienes buscan promover y proteger los derechos humanos.

Es imperativo que las autoridades locales y nacionales refuercen sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Esto no solo implica investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos criminales, sino también implementar medidas efectivas de protección y prevención.

La impunidad no puede ser la norma ante ataques tan graves contra la democracia y los derechos fundamentales.

Además, es fundamental que la sociedad en su conjunto reconozca la importancia de un periodismo libre y de una defensa activa de los derechos humanos como pilares de una sociedad justa y democrática.

El apoyo y la solidaridad hacia quienes enfrentan estas amenazas son fundamentales para contrarrestar la intimidación y el silenciamiento.

El IPPDDHP ha registrado un total de 111 agresiones desde 2022, destacando el primer semestre de 2024 como el más violento hasta la fecha.

Este aumento drástico subraya la urgencia de medidas concretas y efectivas para proteger a quienes se enfrentan a riesgos diarios por realizar su labor en favor de la sociedad.

Es momento de actuar con determinación y firmeza para proteger la integridad y la libertad de quienes informan y defienden los derechos humanos en Sinaloa y en todo México. La defensa de la libertad de prensa y de los derechos fundamentales no puede ser negociable ni postergada.

LA MALQUERIDA

El informe de actividades 2023 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa revela una preocupante tendencia en las quejas y recomendaciones hacia diversas autoridades estatales y municipales.

En particular, la Fiscalía General del Estado (FGE) destaca como la entidad más señalada, acumulando 177 quejas y recibiendo 4 recomendaciones por parte de la CEDH.

Entre las quejas más frecuentes contra la FGE se encuentran la dilación e irregularidades en la integración de carpetas de investigación, así como la negativa para recibir denuncias correspondientes.

Estas prácticas no solo afectan la eficiencia del sistema de justicia, sino que también vulneran los derechos de los ciudadanos que buscan acceso a la justicia de manera oportuna y adecuada.

El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, especialmente en Mazatlán, destaca como una de las prácticas más recurrentes que motivaron 52 quejas durante el año pasado.

Este tipo de incidentes subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y de políticas que promuevan el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones policiales.

Además, el informe detalla que el Ayuntamiento de Mazatlán lidera entre las autoridades municipales con más quejas (79), seguido por Culiacán (56), Ahome (18) y Guasave (11). Estas cifras reflejan la urgencia de mejorar la rendición de cuentas y la eficacia administrativa en los gobiernos locales para evitar violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Es alentador ver que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la CEDH fueron aceptadas por las autoridades correspondientes, lo que indica un paso hacia la responsabilidad y el compromiso con la mejora continua en el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la negativa del Ayuntamiento de Mocorito a aceptar una de estas recomendaciones, relacionada con la reparación del daño a una persona lesionada durante su arresto, subraya la necesidad continua de garantizar que todas las personas afectadas reciban justicia y reparación adecuada.

Este informe no solo es una herramienta crucial para identificar áreas de mejora en las políticas públicas y la administración de justicia en Sinaloa, sino también un recordatorio contundente de la importancia de proteger y respetar los derechos humanos en todos los niveles del gobierno.

La sociedad sinaloense y las autoridades tienen la responsabilidad compartida de trabajar hacia un estado donde los derechos fundamentales sean respetados y protegidos para todos.

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