“A menudo los grandes son desconocidos o peor, mal conocidos”, Thomas Carlyle

GEOPOLÍTICA

La declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Donald Trump no es un simple acto simbólico. Se trata de una maniobra geopolítica con profundas implicaciones para México y la región.

En el fondo, esta medida no solo endurece el discurso de seguridad del expresidente estadounidense en plena contienda electoral, sino que también pone en jaque la soberanía mexicana y redefine la relación bilateral bajo un nuevo paradigma de intervención.

En términos geopolíticos, la designación de grupos criminales como terroristas suele justificar la intervención militar o sanciones económicas.

En el caso de México, esto plantea un escenario peligroso: ¿se abre la puerta a operativos militares estadounidenses en territorio mexicano?

Aunque Trump no ha anunciado acciones inmediatas, la historia sugiere que este tipo de designaciones pueden derivar en operativos encubiertos, sanciones financieras contra empresas mexicanas o incluso restricciones comerciales bajo el argumento de combatir el financiamiento del narcotráfico.

Más aún, la decisión debe entenderse en el contexto de la política interna de Estados Unidos. Trump busca consolidar el apoyo de sectores ultraconservadores que ven en el narcotráfico un problema de seguridad nacional más que de salud pública.

Su mensaje no está dirigido a México, sino a sus votantes: endurecer su postura contra los cárteles refuerza su narrativa de un país “asediado” por la criminalidad extranjera.

En contraste, Claudia Sheinbaum ha tratado de equilibrar una postura de cooperación sin ceder en el tema de soberanía.

Su estrategia de prevención con la campaña Aléjate de las drogas ha sido bien recibida, al grado de que Trump la elogió públicamente. Sin embargo, el reconocimiento de Trump es más un gesto estratégico que una coincidencia.

El elogio de Sheinbaum cumple una doble función: por un lado, busca suavizar el golpe de la declaración de terrorismo, evitando una respuesta hostil inmediata de México.

Por otro, la inserta en la narrativa estadounidense como una aliada en la lucha contra el fentanilo, reforzando la idea de que México está tomando medidas concretas

Aquí es donde se encuentra la paradoja: mientras Sheinbaum rechaza cualquier injerencia extranjera, su gobierno deberá seguir colaborando con Estados Unidos en inteligencia financiera, control fronterizo y extradiciones.

La diferencia radica en que México quiere que esa cooperación sea en términos de igualdad y no bajo una imposición.El problema del narcotráfico no es un fenómeno aislado de México, sino un conflicto transnacional en el que Estados Unidos es un actor clave.

La política de Trump de etiquetar a los cárteles como terroristas omite una verdad incómoda: el crimen organizado no podría operar sin la demanda de drogas y los flujos de dinero provenientes de Estados Unidos.

La designación de terrorismo puede traducirse en nuevas restricciones comerciales para empresas mexicanas bajo la sospecha de vínculos con el narcotráfico.

Esto afectaría sectores económicos más allá del crimen organizado, golpeando a exportadores, bancos y comerciantes que dependen del comercio con EE.UU.

Además, si la política de Trump se endurece aún más, podríamos ver un aumento en la presión sobre México para aceptar una mayor presencia de agencias estadounidenses como la DEA y el FBI en territorio nacional, algo que históricamente ha sido motivo de tensiones diplomáticas.

El desenlace de esta situación dependerá de dos factores: la reacción del gobierno de Sheinbaum y el resultado de la elección en EE.UU. Si Biden logra reelegirse, es probable que la relación bilateral siga bajo el esquema tradicional de cooperación con cierto respeto a la soberanía mexicana.

Pero si Trump regresa a la Casa Blanca, México podría enfrentar un escenario de mayor presión, con posibles amenazas de intervención o sanciones económicas.

En este contexto, México necesita consolidar una estrategia de defensa de su soberanía sin aislarse de la cooperación internacional.

Apostar por el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad, la inteligencia financiera y la cooperación con otros países de América Latina podría ser clave para reducir la dependencia de EE.UU. en la lucha contra el crimen organizado.

Trump ha hecho su jugada, ahora le toca a Sheinbaum definir si responderá con firmeza o con pragmatismo. Lo que está en juego no es solo la política antidrogas, sino la capacidad de México de mantener su soberanía en un mundo donde la seguridad se ha convertido en una excusa para la intervención.

RETRASO

El anuncio del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (STJES), Jesús Iván Chávez Rangel, de que en marzo iniciarán los trabajos para reformar la Constitución local y así dar paso a una reforma judicial en la entidad, marca un punto clave en la reconfiguración del sistema de justicia estatal.

Sin embargo, esta declaración deja en evidencia el rezago de Sinaloa en comparación con otras entidades que ya han avanzado en esta transformación.

A nivel nacional, la reforma judicial ha sido uno de los temas más relevantes en la agenda política, sobre todo por la elección de jueces, magistrados y ministros, que tendrá lugar en 2025. En ese sentido, Chávez Rangel adelantó que Sinaloa no alcanzará a implementar una elección judicial en el corto plazo, pues aún está en la fase inicial del proceso.

Este retraso puede interpretarse desde varias ópticas. Por un lado, muestra la falta de planeación y voluntad política para agilizar la reforma. Mientras otros estados han avanzado en los cambios constitucionales y legales, Sinaloa aún está en la fase preparatoria, lo que significa que cualquier modificación real en su sistema judicial ocurrirá hasta después de 2025.

Por otro lado, también podría responder a un enfoque más conservador y analítico, que busca implementar la reforma de manera ordenada, evitando improvisaciones.

Sin embargo, esta cautela tiene un costo: el estado quedará rezagado en un proceso que busca redefinir la impartición de justicia en el país.

La reforma judicial impulsada a nivel federal ha generado polémica, especialmente por la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Este modelo ha sido defendido por el oficialismo como una vía para democratizar el sistema judicial y eliminar cotos de poder.

Sin embargo, críticos argumentan que podría politizar aún más la justicia, abriendo la puerta a la influencia de grupos con intereses ajenos a la imparcialidad judicial.

Sinaloa, al quedar fuera del proceso de elección judicial en 2025, tiene la oportunidad de observar los resultados en otras entidades antes de definir su propio modelo de reforma.

No obstante, esto también significa que estará en desventaja para acceder a los posibles beneficios que traiga consigo la transformación del sistema judicial en el país.

Más allá de la reforma judicial, Chávez Rangel destacó otro desafío importante: la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este cambio busca establecer un modelo de justicia más ágil, basado en la oralidad, lo que implica una reestructuración en la forma en que se llevan los juicios en materia civil, familiar y mercantil.

El problema es que muchos tribunales estatales aún no están preparados para esta transición. En el caso de Sinaloa, la capacitación de jueces, la modernización de la infraestructura judicial y la adecuación de los procedimientos serán fundamentales para cumplir con la meta de 2027.

El hecho de que Sinaloa apenas inicie el proceso de reforma judicial cuando otras entidades ya han avanzado refleja una falta de sincronización con la agenda nacional. Si bien esto le permite analizar los resultados en otros estados, también lo deja en una posición de rezago.

La clave estará en cómo se implementen los cambios en los próximos años. Si la reforma se limita a ajustes superficiales, el estado seguirá enfrentando los mismos problemas estructurales en la impartición de justicia.

Pero si se logra una transformación profunda, Sinaloa podría convertirse en un caso de éxito, aprovechando la experiencia de otras entidades para construir un sistema judicial más eficiente y accesible.

ACCIONES

El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil sigue avanzando en la distribución de recursos a comerciantes y vendedores ambulantes mediante el Programa de Apoyos Económicos Emergentes, que en su segunda fase ya ha beneficiado a más de 5,400 personas en situación vulnerable.

Durante un evento realizado en el patio del Ayuntamiento, el mandatario municipal reiteró su compromiso con el sector comercial, destacando que, además del apoyo financiero, el Cabildo aprobó la condonación del pago de permisos durante febrero para brindar un mayor alivio económico.

Los beneficiarios manifestaron su gratitud por esta ayuda. María Silvia Valdés, locataria del Mercado Garmendia, señaló que el apoyo le permitirá adquirir medicamentos que no había podido costear, mientras que Josefina Reyes, florista, comentó que destinará los recursos al pago de facturas acumuladas en su hogar.

El programa, respaldado por el gobernador Rubén Rocha Moya, continúa en marcha con el objetivo de fortalecer la recuperación económica local y brindar estabilidad a quienes dependen del comercio para su sustento.

CERTEZA

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) otorgó 105 titularidades docentes en la Preparatoria Emiliano Zapata, reafirmando el compromiso del rector Jesús Madueña Molina de brindar estabilidad laboral a los trabajadores universitarios.

Durante la ceremonia, el rector destacó que su administración ha impulsado una política humanista y de justicia laboral, asegurando un número récord de titularidades. Asimismo, adelantó que este año se trabaja en una propuesta para homologar los ingresos de los docentes de asignatura con los de la zona sur del estado.

“El objetivo es beneficiar a más trabajadores y dar certidumbre laboral a cada docente”, enfatizó Madueña Molina, llamando a la unidad dentro de la institución para continuar generando mejoras en las condiciones laborales y académicas.

El evento contó con la presencia de funcionarios universitarios y representantes sindicales, quienes coincidieron en que esta medida permitirá el crecimiento profesional de los docentes y consolidará la calidad educativa de la UAS.