columna joseluisComo por allá, en 1988-89, en el gobierno de francisco Labastida Ochoa, el congreso decretaba la creación del impuesto predial rustico, junto con el impuesto sobre hospedaje, para impulsar la inversión municipal con obras y servicios en el sector rural, aplicando el 1% al valor de la producción agropecuaria, resulto un gran estímulo para sindicaturas y comisarias, que luego cuando Lauro Díaz Castro, llego en 1990 a la presidencia municipal de Culiacán dio libre elección de síndicos y comisarias.

 

La vida de las comunidades rurales de Sinaloa, empezó a cambiar por sus efectos, que, al paso de 30 años, junto con la modernidad que hoy ha acompañado a todos, al grado que los mundos rurales y urbanos, casi desaparecieron en sus divisiones y hoy prácticamente son uno solo.

 

En esos cambios, lo que aportaron los productos agropecuarios a la comunidad, con ese impuesto, es invaluable, tanto que, en 2023, los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Navolato, recibirán más de 100 millones de pesos del impuesto predial rustico y municipios como Angostura y Elota, otros 50 millones, tendrán un recurso muy valioso para hacer frente a sus necesidades. Tan acumuladas por el retraimiento de la inversión estatal y federal en el estado.

 

Por ello resulta ineludible y hasta obligado, que los cabildos y presidentes municipales, sean solidarios con quienes les han aportado ese recurso durante más de 30 años: los productores de maíz.

 

Es cierto que el impuesto predial rustico se calcula de toda la producción agrícola, pesquera, ganadera y frutícola, pero ahora los productores de maíz que requieren el apoyo para lograr un precio rentable para sus cosechas 2022-2023, por lo que exige un precio de 7 mil pesos por tonelada de maíz.

 

Porque si los cabildos y presidentes municipales, tan solo sacan cuentas de lo que aportan los productores de maíz este año, y si sus cosechas alcanzan los anhelados 7 mil pesos por tonelada, se tendrá un valor total de la cosecha de 42 mil millones de pesos, de los que ingresaran a los municipios por el impuesto predial rustico, la cantidad de 420 millones de pesos.

 

Ahora imagínense, el volumen de toda la producción de maíz durante los últimos 30 años ¿con cuánto han apoyado los maiceros a los municipios? Pues más o menos, proporcionalmente hablando con poco más de diez mil millones de pesos.

 

Esa fabulosa cantidad es lo que la producción de maíz ha aportado a los municipios, por lo que, pensando solidariamente, los gobiernos municipales están obligados a acompañar a los productores de este “grano dorado” para que alcancen el precio que están exigiendo para su cosecha.

 

Ojalá y piensen los presidentes municipales, sobre todo los mas beneficiados, que si o si, tienen que apoyar esta demanda y su lucha, no hacerlo seria una enorme ingratitud.