Triste adiós al amigo de siempre, Ernesto Hernández Garcés. Un abrazo solidario a toda su familia, descanse en paz amigo y compañero.

 

Cuando se observa el informe de cuenta pública que presenta la Auditoría Superior del Estado (ASE) al congreso del estado, particularmente en materia de deuda pública, es donde afloran los errores o desviaciones de una administración que sale (Quirino Ordaz) y un que entra (Rubén Rocha), porque uno que sabe está desesperado por entregar y retirarse, y el que llega, eufórico y atarantado por la bruma del éxito, se firman papeles con prisas, sin recapacitar y mucho menos revisar exhaustivamente qué entrega uno y qué recibe el otro.

 

Eso ocurrió con Rubén Rocha cuando llegó y se fue Quirino Ordaz, pero también pasó con todos los presidentes municipales que no repararon en nada, y simplemente estaban desesperados por sentarse en el sillón de gobernador, o de presidente municipal según sea el caso, que no revisaron nada de lo que recibieron y ahora tienen que cargar con los saldos que quién sabe cómo tendrá que explicar, y peor cómo pagar.

 

Por ejemplo, Quirino Ordaz en cuatro años había acumulado casi 5 mil millones de deuda de corto plazo, y en el último año de su gobierno (2021), la redujo a 3800 millones, deuda que heredó a Rubén Rocha y que solo hasta el 2023, cuando se revisen las cuentas del primer año del gobierno actual, sabremos que hicieron con ella.

 

Menciono el caso porque durante 2019, cuando Graciela Domínguez Nada dirigía el congreso del estado en la LXIII Legislatura, que MORENA hizo mayoría de diputados en el congreso, rechazaron las cuentas públicas del gobierno estatal de Quirino Ordaz del 2017 y el 2018, decretos que no firmó Quirino Ordaz y se inconformó ante la corte por ese decreto del congreso del estado.

 

La verdad no sé qué pasó con esa controversia en la corte que entabló el entonces gobernador, y tampoco sé qué hicieron después los diputados que dirigía Graciela Domínguez, pero lo que sí sabemos es que el ahora líder del congreso del estado en esta LIV Legislatura, Feliciano Castro Meléndrez y la mayoría que forman los diputados de MORENA junto con los del PRI, aprobaron las cuentas públicas del 2020 del gobierno de Quirino Ordaz y en los primeros meses del año que entra (2023), aprobarán las del 2021, sin dar ninguna explicación a la opinión pública, sobre qué demonios pasó con las cuentas públicas del 2017 y 2018, y por qué aprobaron la del 2019 y pronto aprobaron la del 2020.

 

Es cierto que todo esto es un verdadero enredo y peor se pone la cosa cuando se trata de pesos y centavos, pero alguien tiene que saber “en donde quedó la bolita”.

 

Resulta que el gobernador electo Rubén Rocha se le pasó en la entrega recepción del gobierno, no un tomate entero como reza el refrán, sino que le metieron una sandía, como fue la deuda de corto plazo que había acumulado hasta 2021 el gobierno anterior con un monto de 3850 millones de pesos.

 

Y me dirán “¿Por qué no?”, pues por la sencilla razón de que la ley de disciplina financiera en su artículo 30 establece:

 

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

 

I.       En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;

 

II.      Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;

 

III.     Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y

 

IV.     Ser inscritas en el Registro Público Único.

 

Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

 

Finalmente, después de leer esa parte de la ley de disciplina financiera, solo me resta comentar que tanto el gobierno como el congreso del estado tienen la obligación legal de transparentar todo este enredo y aclarar ellos mismos y a la sociedad “dónde quedó la bolita”.

 

Los invito a compartir la mesa de análisis político que dirige el Dr. Héctor Muñoz los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde, con la participación de los analistas Fernando Camacho, Leonel Solís, Oswaldo Villaseñor y un servidor. Los esperamos en Facebook dr hector muñoz

 

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