Después de aquella votación sobre el proyecto de reforma a la ley energética en el mes de abril, específicamente en materia eléctrica, cuando la oposición detuvo dichas reformas y se consideró políticamente una derrota para el presidente López Obrador, no se había alcanzado la controversia entre gobierno y oposición en un punto tan alto como entonces, y quizá, en mi opinión, mayor que aquella confrontación cuando vivimos momentos de definiciones de contradicciones en diversos campos de la vida política del país, trascendentales por lo menos para los próximos dos años de la vida del país.
En los últimos cinco meses, cuando parecía que la confrontación se daría sobre el destino del Instituto Nacional Electoral (INE), la mira empezó a virar a otros escenarios, empezando por los abusos de poder del fiscal Gertz Manero, particularmente contra su familia política, su cuñada y su sobrina, quienes bajo persecución judicial del fiscal general estuvieron en la cárcel durante siete años, y que finalmente el pleno de la suprema corte les concedió el amparo y alcanzaron su libertad, convirtiéndose la corte prácticamente desde ese momento en el centro del debate nacional, incluido luego el fallo de inconstitucionalidad a la ley eléctrica al no haberse reformado la constitución para que diera a la CFE el estatus de empresa del estado, otorgándole facultades por encima de las empresas privadas, cuestión que la suprema corte, sin alcanzar los 8 votos para la inconstitucionalidad, obtuvo 7, que de suyo se interpreta que prevalecen los criterios de la constitución y no los de la ley secundaria.
Más tarde, en un movimiento que encabezó el ministro presidente de la corte, Arturo Zaldivar, con motivo del mes de la mujer en marzo, visitó el penal Santa Martha Acatita, donde se reunió con 300 reclusos, incluida Rosario Robles entonces, y ahí inició soterradamente un movimiento jurídico en contra de la prisión preventiva oficiosa, allanó el camino para la libertad de Rosario Robles y construyó en el imaginario colectivo la inconstitucionalidad de esa medida judicial para lograr en esta semana un triunfo cultural en su materia sobre la autonomía y división de poderes, colocando dicha figura en la picota.
El presidente López Obrador ha pateado el suelo y renegado de que esa posición de quitar la prisión preventiva oficiosa es dejar indefensa a la sociedad, cuando ha sido el recurso oficioso de jueces para conceder la detención de quien se trate.
Si es ha sido una decisión que hará historia y sienta un precedente para todas las actuaciones de la suprema corte, actuación que se ratificará también en el caso de la guardia nacional.
Si la votación del senado le da curso a la reforma que promueve el presidente de enviar la guardia nacional al mando del ejército, será violatorio a la constitución y de nuevo la corte hará valer los principios y supremacía de leyes, restituyendo el carácter civil a la guardia nacional.
Hay quienes dicen que la suprema corte se hará la occisa y que ahí se empantanarán las demandas de anticonstitucionalidad y dejarán que pase el tiempo, hasta que salga López Obrador, pero yo creo que no. Ya veremos.
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