Ayer comentamos tan solo un caso de entrega – recepción entre los gobiernos de Quirino Ordaz y Rubén Rocha, las obras inconclusas y pagadas por el gobierno, ese es solo un caso, por lo que cabe preguntarse ¿Cuántos casos más hay?

No sé cuántos más habrá, pero seguramente este no será el único y la pregunta regresa ¿Por qué no se da a conocer a la opinión pública? ¿Por qué si hay algunas medidas urgentes que adoptar no se establecen y se procede? ¿Y el Congreso del Estado no rinde ni pide cuentas o informes por lo menos de todos los actos de entrega – recepción?

Y también así se le responde al senador Mario Zamora, de cómo se consiguieron y pagaron los 1500 millones que consiguió el gobierno para tapar algunos de los compromisos de diciembre.

Lo más grave que se observa en todo este enredo es que pareciera que el gobierno del estado no cuenta con una secretaría de contraloría, y en su conjunto no tiene un sistema de control interno, donde se sepa hasta qué hace y tiene el trabajador más modesto del gobierno, sin tratarse desde luego de inmiscuirse en vidas privadas, pero si sabe qué hace la gente.

Porque cómo es posible que hasta ahora, en octubre del 2021, nos enteramos que en 2019 el gobierno de Quirino Ordaz ya tenía una deuda de 3300 millones de pesos a corto plazo y que el 2020 subió a 4600 millones, y se calcula que en 2021 ascendería a casi 6 mil millones, una gran sangría de intereses mensuales para pagar y una enorme bomba financiera para el nuevo gobierno, que vendría en la persona de Rubén Rocha.

¿Cómo es posible que exista un sistema donde se gasta a capricho, el que gasta no se controla internamente y quien debe vigilarlos desde el congreso lo hace dos años después?

Pues es simplemente un esquema de administración, control y fiscalización absurdo e ideal para la corrupción, lo que explica cómo hace años un presidente municipal pidió 20 millones de pesos para comprar maquinaría y reparar caminos y calles, y a los dos años que fue la auditoría no existía ya ninguna máquina y ni las facturas llegaron.

¿Quién sabe qué explicación les daría la secretaría de transparencia y rendición de cuentas, Lic. María Guadalupe Yan Rubio, para explicar el perdón al ex secretario de hacienda, Armando Villarreal, sobre el desvío de multimillonaria suma a la comisión de entrega – recepción?

¿Por qué insistir tanto con el nuevo gobierno? Porque la Auditoría Superior del Estado apenas auditará el 2020, ahora en el 2022, el 2021 en el 2023 y el 2024 empezará con el primer año de Rubén Rocha, así cualquiera hace sus “truquitos” y sus “trácalas”.