Quién sabe a quién se le ocurrió la idea de crear otros dos municipios, con el de Eldorado y Juan José Ríos, cuando desde los años noventas el movimiento por autonomías regionales que se vivió de punta a punta en el estado, cuando once sindicaturas pugnaron por convertirse en municipios, movimiento que se atemperó con la creación del impuesto predial rústico, que se creó para invertirlo en las zonas rurales (origen de la producción), darles más vida política con la elección de síndicos y comisarios (1994) y la creación de PROCAMPO, un ingreso por la tenencia de la tierra, que se usó en el gobierno de Juan Millán, como un recurso de coinversión para obra rural, sobre todo carreteras de acceso a las sindicaturas.

El movimiento menguó, la vida de las sindicaturas mejoró, pero el problema de fondo prevaleció ¿Cuál era la nueva división política territorial que requería Sinaloa?

Al problema no se le dio respuesta y quedó en el aire una solución de frente al fenómeno del desplazamiento interno de la población de Sinaloa, una migración paulatina de los poblados de la sierra hacia la costa, sobre todo a las cabeceras municipales principales y las zonas de trabajo agrícola de mano de obra, tanto que, en menos de 20 años, por poner un ejemplo, Guamúchil pasó de 2 mil habitantes a casi cincuenta mil (1960 a 1980).

Tanto que alrededor del 50 por ciento de la población de los once municipios serranos disminuyó, y más de 15 mil pequeños poblados desaparecieron (tan solo el saldo de la “operación Condor” en 1976-1980 desaparecieron 8 mil caseríos), tanto que buena parte de su población en la actualidad tiene “doble domicilio”, al vivir en zonas urbanas y mantener cierta residencia por la propiedad rural y las pequeñas actividades agropecuarias que aún desarrollan, incluso este “doble domicilio” existe con muchos habitantes del estado de Durango en los municipios colindantes con Sinaloa.

Por eso, y por otras cosas más de esos municipios serranos, el nuevo gobierno de Sinaloa debe planear muy bien el desarrollo municipal y de regiones y microrregiones, sabiendo de a dónde quiere ir y cómo llegar, en un contexto de planeación general del estado, pensando en su inserción nacional, transnacional e histórica.

No se trata de algo simple para los seis años de gobierno, se trata de colocar a Sinaloa entre los estados locomotores del desarrollo nacional, provocando un desarrollo y auge económico que le permita producir mayor riqueza, elevar el valor de lo que ya tiene y ser capaces de atraer capitales que inviertan y coinviertan en Sinaloa.

Por eso no pueden continuar las ocurrencias políticas como la que se dio con el decreto de los dos nuevos municipios. El desarrollo de Sinaloa debe ser planeado con una estrategia de largo plazo, realizable y medible, con etapas que signifiquen escalones en ese desarrollo que potencie a la sociedad sinaloense.

Se van a crear dos nuevos municipios, sí, y la pregunta anticipada es ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ocurrir con los viejos municipios serranos cada vez más decadentes? O por lo menos qué amortiguadores sociales se van a crear para esa tendencia y cómo se les va a responder a las otras sindicaturas, más grandes algunas incluso que Eldorado y Juan José Ríos. Lo peor que nos podría ocurrir ahora, sería se comenzaran a pelear por cómo se van a llamar los nuevos municipios.