La frase "La familia ya era grande y parió la abuela" parece encapsular, de forma cruda, la situación crítica que vive Sinaloa en la actualidad. La comunidad sinaloense se encuentra inmersa en un mar de problemas económicos, sociales y de violencia que amenazan con ahogarla. Los pronósticos para 2025 son desalentadores: una proyección de cero crecimientos económicos, una pérdida de empleo similar a la crisis de 2008 y un lugar lamentable en la clasificación del crecimiento latinoamericano. La pandemia de sangre, muerte y dolor que inunda el estado no solo es una tragedia individual; es el reflejo de una quiebra social que, si no se aborda, puede tener consecuencias devastadoras.

 

Desde antes del 2024, Sinaloa arrastraba serias dificultades económicas. La guerra entre facciones del crimen organizado ha profundizado este problema, mientras que el manejo ineficaz de la economía regional y la complacencia política han erosionado las bases de la estabilidad social. La Cuarta Transformación, lejos de ser la panacea prometida, ha contribuido a una desgastante confrontación entre los diferentes aparatos del estado, incluido el poder judicial, lo que ha agravado aún más el daño social.

 

El horizonte de 2025 se dibuja sombrío: se estima que de los 1,200,000 empleos que se proyectaban generar, solo se alcanzará una décima parte, es decir, 120,000 empleos. Esto no es sólo una cifra; es el reflejo del sufrimiento que habrán de enfrentar miles de familias sinaloenses. Si los indicadores actuales apuntan a una crisis similar a la de 2009-2010, cuando México perdió un millón de empleos, es hora de preguntarnos qué nos espera con la actual situación de violencia en Sinaloa. Economistas ya vaticinan una pérdida del 30% del producto interno estatal bruto para fines de 2025, lo que sería un desastre de proporciones monumentales.

 

Si bien es cierto que una crisis económica no se puede abordar sin detener la espiral de violencia que vive el estado, la situación se agrava cada día. Cada vez son más evidentes los efectos devastadores de esta guerra entre facciones del crimen organizado, cuyos ecos se sienten en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este contexto, la reciente reunión entre los mandos policiacos y militares del país con el gobernador Rubén Rocha Moya signa un paso crucial, pero no suficiente. El reforzamiento de las fuerzas militares es un intento de restaurar la seguridad, pero sin un apoyo social y económico fuerte, los resultados podrían ser efímeros.

 

La imagen de Culiacán hoy evoca recuerdos de Ciudad Juárez en 2010, una ciudad desolada por el miedo, donde los negocios cierran y la vida pública se convierte en un eco distante de lo que alguna vez fue. Quince años después, Ciudad Juárez sigue luchando por recuperar su esencia, y Culiacán podría estar condenada a un destino similar o incluso peor, en medio de una crisis económica que podría superar a la de 2008-2010.

 

Es imperativo que el gobierno de la República implemente un programa económico y social sin precedentes específicamente para Sinaloa, que aborde sus condiciones actuales y las secuelas de la violencia. La voz de los sinaloenses debe resonar con fuerza, exigiendo a los gobernantes empatía y acción. Es fundamental que la presidenta visite Sinaloa y escuche a quienes sufren tanto la violencia como el deterioro económico. Los tres niveles de gobierno deben trabajar en un plan de reconstrucción genuino.

 

Finalmente, no se trata de confrontar, sino de cuestionar y construir puentes. La falta de empatía y la simulación política deben dar paso a una acción efectiva que reconozca el drama social que se vive en el estado. Sinaloa clama por soluciones, no por discursos vacíos; una crisis de esta magnitud necesita una respuesta acorde a la gravedad de la situación. La familia ya era grande; ahora, los sinaloenses merecen un futuro que no esté marcado por el miedo y la desesperanza.