Por allá en los primeros días de enero, cuando la guerra entre las facciones del crimen organizado azotaba el centro de Sinaloa, específicamente Culiacán, se respiraba un aire de desesperanza y miedo. Era devastador ver cómo la violencia hacía estragos no solo en la seguridad, sino también en la economía de una región que ha sido históricamente vital para el país. Negocios cerrando, ciudadanos huyendo, el desempleo incrementándose y un luto constante por aquellos que fueron secuestrados; todo esto configuró el sombrío paisaje de la realidad sinaloense.

 

Hoy, después de nueve meses, la situación no solo ha alcanzado Mazatlán, sino que ha proliferado hacia el norte, afectando a la sierra y la costa. Los datos son alarmantes: más de 3,000 muertos y desaparecidos, más de 5,000 autos robados, cientos de negocios y viviendas destruidas y 800 empresas cerradas. Según el IMSS, ya se contabilizan 15,000 empleos perdidos por la violencia, lo cual ha llevado a que economistas estimen que las pérdidas económicas superan los 200,000 millones de pesos, representando una tercera parte del producto interno bruto de Sinaloa.

 

A esta cruda realidad se le sumará la caída en la producción de granos y la disminución de la inversión pública y privada. Se estima que la producción de maíz, fundamental para la economía estatal, perderá hasta un 45% de su valor, lo que podría acentuar otra reducción del 10% en el PIB local. Son cifras escalofriantes que pintan un cuadro desolador de la situación económica y social de la región.

 

El gobierno de Rubén Rocha, sin embargo, se aferra a la retórica de la paz y la tranquilidad, exhortando a la ciudadanía a no tener miedo mientras el saldo de sangre se despliega día tras día. Estos llamados, tan vacíos como ineficaces, parecen carecer de empatía y de un plan de acción concreto. Cada mañana, cuando los noticieros presentan el desgarrador balance de violencia, queda claro que esas declaraciones no hacen más que intentar ocultar la cruda verdad.

 

Las cosas están extremadamente mal en Sinaloa, pero parece que los gobernantes de la 4T viven ajenos a la angustiosa realidad. Recordemos que Felipe Calderón, cuando la violencia desbordó Ciudad Juárez en 2011, implementó la operación de rescate social más ambiciosa de su administración. En seis meses, logró revitalizar una ciudad colapsada por la violencia, algo que ni Peña Nieto, AMLO ni Claudia Sheinbaum han replicado.

 

Es hora de preguntar: ¿cuándo el gobierno de Morena y la 4T llevará a cabo una operación relámpago de rescate para Sinaloa, y específicamente para Culiacán? El tiempo apremia y la ciudadanía necesita respuestas y acciones concretas, no la simple palabras vacías que ya se han vuelto un eco en el vacío. La historia de Sinaloa exige un giro radical en la política y la estrategia, antes de que sea demasiado tarde.