Mas allá del ensordecedor ruido de la violencia y la política que están en todo su apogeo, vale la pena detenernos un poco en los procedimientos administrativos que tiene que cursar los municipios de Sinaloa después de los relevos que se eligieron el 2 de junio y que tomaran posesión el próximo 1º de noviembre, por que ahí esta una de sus claves principales para saber de qué estarán hechos los nuevos gobiernos municipales.

De los seis principales municipios, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán y Mazatlán, solo Ahome y Culiacán serán presidentes reelectos, pero los demás cambiaron la estafeta y esos, junto con los 16 municipios restantes deberán hacer un “ajuste de cuentas” con los que se van, a lo que los obliga la “ley de entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos”, donde se establece que un mes antes de dejar y asumir el cargo, el que se va como el que llega respectivamente, instalaran una comisión bipartita que procederá a entregar y recibir los asuntos y recursos (como dice la ley), que cada ayuntamiento haya tratado y adquirida.

La experiencia más escandalosa es la que vivimos en la llegada del gobernador Rubén Rocha, quien no presto el debido cuidado a lo que entrego el ex-gobernador Quirino Ordaz, que lo dejo “embarcado” con varios asuntos inescrupulosos y nada legales por lo menos, de la gestión del mazatleco.

Entonces quedaron problemas a cargo del nuevo gobierno que no debiera ser así, por que correspondían al gobierno que salía finiquitarlos, como el caso concreto de la deuda pública de corto plazo, que de acuerdo a la “ley de disciplina financiera”, donde se establece en su artículo 30, que la deuda a corto plazo que se adquiera deberá finiquitarla el gobierno saliente a más tardar tres meses antes de su salida, cosa que no hizo Quirino Ordaz ni observo el nuevo gobierno de Rubén Rocha por lo que cargo con ella y Quirino Ordaz no respondió nunca por ello.

Eso solo es un ejemplo, pero fueron varios los asuntos pendientes que el gobierno que llegaba no observo y quien sabe que ocurrió con ellos como fueron desvíos de recursos, obras inconclusas y pagadas, inversiones privadas con recursos públicos y litigios judiciales por no enterar ingresos a la federación, por ejemplo.

¿Qué ocurrirá en cada municipio? No se sabe por que la ASE hasta ahora no tiene a ningún ayuntamiento en la picota de las investigaciones y mucho menos haberles abierto alguna demanda en la fiscalía.

¿Qué descubrirá los que lleguen? Ya lo sabrán cuando vean las cuentas y bienes que les entregan y a ver que sucede si proceden contra alguno, que sería lo más natural si fuera el caso.

Pero como estamos en el mundo de las complicidades en la administración publica, por que todos prácticamente son “cuates” de la 4T, lo más probable es que no sepamos nada y no ocurra nada tampoco.

Mucho menos si la ASE ya se convirtió en “la tintorería” del servicio público, desmanchara y planchara cualquier irregularidad. Lamentablemente.