México enfrenta una de las encrucijadas fiscales más complejas de su historia reciente: una deuda pública que alcanzó los 17.4 billones de pesos, equivalente al 51.4% del PIB, y un déficit presupuestario del 5.7%, el más alto en más de tres décadas. Esta realidad, aunque advertida por múltiples voces técnicas y analistas económicos, fue ignorada en favor de un modelo de gasto expansivo sin contrapesos de ingresos sostenibles. Hoy, esa apuesta tiene al país en una ruta peligrosa de pérdida de soberanía fiscal.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno optó por una política pública basada en el gasto masivo: proyectos insignia como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, y programas sociales de amplio alcance. A pesar de su legitimidad política, estos gastos no vinieron acompañados de una reforma fiscal estructural ni de una disciplina presupuestaria coherente. Resultado: se multiplicó la deuda, creció el costo financiero del país y se redujo el margen de maniobra para futuros gobiernos.
Uno de los factores más preocupantes ha sido la caída en los ingresos petroleros y el deterioro de Pemex, que sigue consumiendo recursos públicos sin mostrar rentabilidad. A esto se suma el impacto de las altas tasas de interés internacionales, que han encarecido el servicio de la deuda tanto interna como externa, provocando que el gasto en intereses represente una carga que compite directamente con prioridades como salud o seguridad.
La administración entrante de Claudia Sheinbaum hereda no solo una economía desequilibrada, sino un dilema político: ¿Cómo reducir el déficit sin debilitar los programas sociales que sustentan su base política? En su primer presupuesto ha propuesto una reducción del déficit al 3.9% del PIB, pero lo hace sin aumentar impuestos ni eliminar gastos clientelares, lo que deja dudas razonables sobre su viabilidad.
No se trata únicamente de cifras. La deuda pública elevada limita la capacidad del Estado para responder ante futuras crisis, condiciona su independencia económica y coloca al país bajo la lupa de los mercados internacionales. La narrativa de que “no se contrataría nueva deuda” quedó superada por la realidad: sí se contrató, y en grandes cantidades.
La lección es clara: sin una reforma fiscal seria, sin un rediseño del gasto público orientado a resultados y sin reglas claras de responsabilidad financiera, México seguirá caminando sobre una cuerda floja. La deuda pública no es el problema por sí sola; lo es cuando no se traduce en productividad, competitividad o bienestar a largo plazo.
“La deuda no perdona la retórica. Tarde o temprano, la cuenta siempre llega”.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
Twitter: @gilsoto70
Facebook: Gilberto Soto