Llevamos sobre nuestros hombros el peso de la historia,
con sus bronces y con su sangre,
con sus irrisiones y con sus mezquindades.
David Huerta
Quién puede negar que el Informe de Encinas sobre el caso Ayotzinapa es piedra angular. Y siéndolo, es natural que después de 8 años del doloroso evento que le da razón de ser al informe, provoque fuertes reacciones en favor y en contra de dicho documento. Los implicados en la lamentable noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014 no eran vecinos circunstanciales y despistados de aquella ciudad del estado que lleva el nombre del prócer Vicente Guerrero. Eran funcionarios de primer y segundo orden, también de tropa, del mundo local y federal. Incluyendo a protagonistas de diferentes niveles del mundo del crimen.
La indignación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no se quedó en los muros de la institución educativa, ni en las provincianas calles de Iguala. El país mismo no pudo contener tanto dolor y coraje. Y entonces el mundo entero abrió sus brazos multicolores para abrazar la causa de los desaparecidos, dar consuelo a las familias de los 43 estudiantes y a toda una nación agraviada, diciéndonos que no estamos solos y reclamando justicia plena para el caso; lo mismo en Londres, en París, en la sufrida África en la legendaria Asia, en la enigmática Australia y en la entrañable Latinoamérica.
Esta hermosa solidaridad internacional obligó al Estado mexicano a la detención de una buena parte de los presuntos responsables de los hechos en la Noche de Iguala. También aceptó que un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) fuera coadyuvante en las investigaciones. Se abrió una amplia investigación sobre el caso, pero se buscó salvar a personeros del sistema cuya responsabilidad en los hechos no puede ocultarse. La llamada “Verdad Histórica”, presentada el 7 de noviembre de 2014 por Jesús Murillo Karam, Procurador General de Justicia, centró la atención en las acciones de policías preventivos de Iguala y Cocula, completadas por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. La suerte de los estudiantes corrió, de acuerdo a esa versión, a manos y bajo la voluntad de esos policías y agentes del crimen.
Y si los integrantes del GIEI no le encontraron muchos asideros a la “Verdad Histórica”, el pueblo mexicano no se quedó atrás: la sospecha del primer momento se convirtió en la certeza posterior de millones de compatriotas y que Alejandro Encinas reconoció llanamente en su informe: ¡Fue el Estado!
El informe de Encinas invita a realizar un balance sobre el comportamiento de los poderes políticos ante el Caso Ayotzinapa: El Ejecutivo, primero con su cuestionada “Verdad Histórica” y ahora con el gobierno de AMLO buscando esclarecer los hechos; el Congreso de la Unión atendió la emergencia con legislación en materia de desaparición forzada de personas. Y el Poder Judicial que destaca por sus desatinos con la liberación de la inmensa mayoría de los detenidos.
La campaña contra el informe de Encinas no se hizo esperar. Y no han sido manifestaciones aisladas o declaraciones mal hilvanadas. Basta ver las más estridentes y las que vienen de instancias involucradas en la responsabilidad de la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para sentir cómo el interés vivo toma la palabra y gesticula buscando desacreditar el trabajo realizado. Los voceros orgánicos (esos que estuvieron tan cerca de los funcionarios de ayer y siguen siendo su segunda piel), a pesar de la contundencia de las investigaciones, no dejan de prenderle velas a la “Verdad Histórica” y condenar el informe.
Si bien es cierto que el informe tocó algunos callos y emplaza a la Fiscalía General de la República a concluir la investigación que inició la Comisión de la Verdad, reconozcamos que aún falta mucho terreno por recorrer. No ha sido posible repatriar a Tomás Zerón de Lucio y hacerlo comparecer ante un tribunal para que responda por el engaño que significa para la nación la llamada “Verdad Histórica” y el delito de tortura a los detenidos; no será fácil llevar ante un juez a quien fue Secretario de la Defensa Nacional y a Enrique Peña Nieto, pero en el informe de manera muy clara se habla de responsabilidad por acción, por omisión y por negligencia. Imposible evadir las tres conductas señaladas.
Nos queda pendiente la principal preocupación: no saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Poder Judicial de los tiempos de la Noche de Iguala sigue siendo el mismo. Las nuevas 83 órdenes de aprehensión no garantizan que se llegue a buen puerto en los juicios, pues las magulladuras infligidas a la justicia en las 140 causas que encierra el Caso Ayotzinapa (con 101 sentencias de libertad), dejan a familiares de los 43 estudiantes y a la sociedad mexicana con más agravios que esperanzas. Ante todo ello tenemos una certeza: el informe de Alejandro Encinas vale oro. Es parte del patrimonio de nuestra memoria histórica. Defendamos el informe y no dejemos solo a Encinas. Cumplió con su tarea. Cumplamos la nuestra. Vale.
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Twitter @Oscar_Loza
