“La acción es la única facultad humana de hacer milagros”, Hannah Arendt

SINALOA TIENE SED

De acuerdo al último reporte, el nivel de almacenamiento promedio de las presas en Sinaloa se sitúa en 6.6%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las cifras son especialmente bajas en embalses clave como Sanalona (4.9%), Miguel Hidalgo y Costilla (6.4%) y José López Portillo, conocido como “El Comedero” (5.9%). Las aportaciones registradas ascienden a 2.2 m³ por segundo, mientras que las extracciones superan los 22.5 m³/seg.

Ante este panorama, el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó el pasado 14 de abril al Gobierno Federal la declaratoria de desastre natural por sequía severa para los 20 municipios del estado, con el objetivo de obtener recursos para instalar plantas potabilizadoras portátiles y garantizar el abasto de agua potable en las comunidades más afectadas.

El Congreso del Estado respaldó la solicitud por unanimidad. La diputada Irma Guadalupe Moreno (PRI) afirmó que cerca de tres millones de sinaloenses enfrentan dificultades para acceder al agua.

En tanto, el diputado Jorge Antonio González (PAN) destacó que “hay coincidencia de todas las diputadas y diputados en respaldar la solicitud de emergencia”.

A pesar de ello, la respuesta por parte del Gobierno Federal ha sido lenta. Según el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, esta demora obedece a una falta de recursos económicos en el gobierno central, que —afirma— se escuda señalando que la solicitud del gobernador no se presentó en tiempo y forma.

El también representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sinaloa sostuvo que desde la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), no existe una reserva económica clara para atender este tipo de emergencias.

“El país está colapsado en el tema económico, hay un déficit muy marcado, hay una predicción de crecimiento deficitario, y no vemos de dónde se puedan sacar las reservas necesarias para atender este tipo de contingencias como la sequía”, declaró.

López Miranda agregó que en su momento tanto la diputada local Irma Moreno como la senadora Paloma Sánchez, ambas del PRI, también presentaron solicitudes de atención a la sequía, pero fueron desestimadas por autoridades federales como la Secretaría de Gobernación y la Conagua.

Subrayó que las peticiones no fueron hechas con fines políticos, sino en atención a una realidad grave que enfrenta el campo sinaloense.

Mientras se espera una resolución desde la Federación, el Gobierno del Estado ha implementado medidas de carácter emergente, como la operación de 60 pipas para distribuir agua potable y la organización del Aquatón 2025, que logró reunir más de un millón de litros de agua embotellada, distribuidos entre más de 170 mil personas en 440 comunidades rurales.

Aunque estas acciones permiten atender temporalmente a las comunidades, expertos y productores coinciden en que la gravedad de la sequía demanda una estrategia nacional integral que contemple infraestructura, gestión sustentable del agua y financiamiento a largo plazo.

RECLAMO

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdés, advirtió que la violencia en México se encuentra “fuera de control” y representa una amenaza creciente para la paz social y el desarrollo económico del país. A través de su programa “Con peras, manzanas y naranjas”, presentó datos oficiales que muestran aumentos significativos en desapariciones forzadas, agresiones políticas y homicidios en los últimos años.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el INEGI y la Secretaría de Gobernación, el número de desapariciones diarias pasó de 15 en el sexenio de Enrique Peña Nieto a 26 en el de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente se estima en 40 por día. Esto representa un incremento del 170% respecto al periodo anterior, afirmó Moreira.

El legislador también expuso el costo económico de la inseguridad, que en 2024 se estimó en 4.5 billones de pesos, equivalente al 18% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Las entidades con mayores niveles de violencia, según el análisis, son Colima, Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo, mientras que Tabasco registró el mayor deterioro en paz social durante el último año, particularmente por ataques violentos y represión a estudiantes.

En cuanto a la violencia política, el dirigente priista citó un informe de Integralia Consultores que documenta 104 hechos violentos relacionados con el proceso electoral y 50 asesinatos de candidatos y funcionarios, con mayor incidencia en Veracruz, Oaxaca y Jalisco. Llamó la atención sobre Morelos, entidad que, a pesar de no tener elecciones este año, ha acumulado el mayor número de agresiones políticas en 2025.

Moreira urgió al Gobierno Federal a retomar el diálogo democrático y a frenar la polarización política, pues considera que estos factores han debilitado las condiciones para la paz. “La falta de diálogo democrático y la polarización social han debilitado la paz”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub contrastó la narrativa oficial con los hechos: “El gobierno de Morena asegura una disminución comparada con 2024, pero omite que aquel año hubo más cargos en disputa”, lo cual podría distorsionar la percepción de avance en seguridad electoral.

Finalmente, el economista Mario Di Costanzo subrayó el impacto financiero: “En 2024, el costo por inseguridad aumentó en 155 mil millones de pesos respecto a 2023. No solo hay un daño humano invaluable, sino un fuerte costo económico y político”, advirtió.

Este panorama plantea una serie de desafíos urgentes en materia de seguridad pública, gobernabilidad democrática y recuperación económica, en un contexto nacional cada vez más tenso de cara al segundo semestre del año.

POSTURA

Bajo el lema “La transformación continúa en Ahome”, el alcalde desaforado Gerardo Vargas Landeros difundió un boletín de prensa en el que fijó su posicionamiento político frente al proceso penal que enfrenta por la adjudicación directa del contrato de arrendamiento de 126 patrullas, con un costo superior a 171 millones de pesos, el cual, según la Auditoría Superior del Estado (ASE), presentó irregularidades que ya fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado.

En el comunicado, Vargas Landeros aseguró que su compromiso con Ahome permanece firme, aún fuera del cargo. “No estoy aquí para reclamar nada, ni para distraer a nadie. Estoy aquí porque creo en Ahome, porque creo en nuestra gente y porque sé que hay muchas cosas por las que vale la pena seguir adelante”, se lee en uno de los párrafos del documento.

El exalcalde llamó a la serenidad ante la situación legal que enfrenta y expresó que se mantendrá con la “frente en alto” y con los “pies bien puestos en la tierra que nos vio nacer”.

Asimismo, reiteró que su vínculo con la ciudadanía no depende de ocupar un cargo público, sino del compromiso de servir, escuchar y acompañar a la comunidad, incluso “en las etapas más difíciles”.

Vargas Landeros afirmó que está atendiendo el proceso legal por las vías institucionales, con respeto a las autoridades y “con la conciencia tranquila y el deber cumplido”.

El contrato en cuestión fue uno de los ejes de observación más relevantes de la ASE en la pasada fiscalización al municipio de Ahome, señalando presuntas violaciones a normativas de contratación pública y falta de transparencia en la asignación del arrendamiento vehicular.