“Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo”, Oscar Wilde

OPACIDAD

Los recientes resultados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) revelan un síntoma preocupante del estado de nuestra democracia local: el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de varios municipios de Sinaloa.

En pleno 2025, no hay justificación válida para que Escuinapa con 63.83%, Rosario 47.17%, Sinaloa 32.17% y Concordia 31.65% siendo el alcalde Óscar Zamudio Pérez quien esté peor calificado.

Estas cifras no son solo datos fríos en una tabla; son la evidencia tangible de un problema estructural: la falta de voluntad política, la indiferencia hacia la rendición de cuentas y, en algunos casos, la negligencia deliberada.

Cuando un municipio apenas publica una tercera parte de la información que por ley debe estar disponible para sus ciudadanos, el mensaje es claro: no le interesa ser vigilado, y mucho menos cuestionado.

Es cierto, como lo menciona la comisionada Margarita Campusano, que algunos ayuntamientos han comenzado a corregir el rumbo.

Pero también es cierto que esas correcciones suelen llegar solo después de ser exhibidos públicamente. ¿No debería ser al revés? ¿No debería la transparencia ser la norma, y no una reacción ante la presión ciudadana o mediática?

En contraste, es digno de reconocimiento que municipios como Mazatlán, Elota, Culiacán y Ahome hayan alcanzado un cumplimiento del 100%.

Demuestran que sí es posible cumplir con la ley, y que cuando hay interés y liderazgo, la transparencia puede integrarse como parte de la cultura institucional. Estos ejemplos deben servir como estándar, no como excepción.

Pero más allá de los números, hay una pregunta de fondo que no podemos ignorar: ¿a quién sirve la opacidad?

La falta de transparencia permite el desvío de recursos, la corrupción discreta, el uso arbitrario del poder. En pocas palabras, es el caldo de cultivo ideal para que florezcan los peores vicios de la política.

Un municipio que no informa, que no publica su nómina, sus contratos, sus presupuestos, es un municipio que renuncia a su ciudadanía y le cierra la puerta a la participación. Y si el ciudadano no tiene acceso a la información, tampoco tiene las herramientas para fiscalizar, decidir ni exigir.

Por ello, el llamado debe ser claro y firme: los alcaldes y sus equipos están obligados a respetar y fortalecer los principios democráticos, y la transparencia no es un gesto de cortesía, es una obligación legal y moral.

No se trata solo de subir documentos a un portal, sino de construir confianza, de abrir caminos al diálogo y de recuperar el valor de la palabra pública.

En democracia, lo que no se ve, se sospecha. Y la sospecha, cuando se convierte en certeza, tiene un alto costo político y social. Que no se diga después que no fueron advertidos.

EN ACCIÓN

En Sinaloa, vivir no solo implica resistir la inseguridad o lidiar con la corrupción institucional; también significa cosechar con dignidad.

Y cuando se habla de dignidad, el maíz, se convierte en el símbolo perfecto de resistencia frente a las fuerzas del mercado que buscan despojarnos, no solo de nuestros productos, sino también de nuestra voluntad.

El llamado de Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, a los productores para que no se dejen engañar por los coyotes, es un grito de alerta que rebasa lo económico.

Es un recordatorio de que, incluso en un año donde la producción se desploma a apenas un 30% de lo habitual, la unidad, la información y la organización pueden ser las herramientas más poderosas frente al oportunismo de quienes quieren comprar barato y vender caro, lucrando con la necesidad del campo.

Porque no se trata solo de pesos por tonelada. Se trata de justicia. Se trata de saber que el esfuerzo de todo un ciclo agrícola no puede ser rebajado por el cinismo de intermediarios que han hecho carrera explotando la desinformación de los productores.

El maíz, decía Octavio Paz, no es solo una planta: es un símbolo de nuestra civilización. Y mientras existan productores que sigan creyendo en su trabajo, que sigan cuidando la tierra y sembrando a pesar de todo, hay esperanza para este país. Pero esa esperanza necesita políticas públicas firmes, precios justos, y sobre todo, una comunidad campesina empoderada que sepa negociar y defender su producto como lo que es: un bien estratégico para la nación.

¿Queremos que los productores vivan o que solo sobrevivan? Hoy, con un mercado internacional que favorece mejores precios, los productores de Sinaloa tienen una oportunidad única para resistir el abuso, para levantar la voz, y para que el maíz vuelva a ser, no solo una fuente de ingreso, sino también una bandera de conciencia.

Vivamos, pues, no sólo sembrando maíz, sino también sembrando organización, justicia y dignidad. Y que esa cosecha, la de la conciencia colectiva, sea la más fértil de todas.

ESFUERZO

En medio de los desafíos más severos —como lo es la sequía que golpea a numerosas comunidades de Sinaloa— también florecen las decisiones que inspiran. El encuentro entre el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, y el secretario de Obras Públicas del estado, Raúl Montero, no solo refleja una gestión responsable; representa un acto de voluntad institucional que recuerda que, incluso en tiempos difíciles, hay liderazgos que no se detienen.

Cuando se habla de pozos, plantas potabilizadoras y abasto de agua, no se habla solo de infraestructura: se habla de vida. En cada litro de agua asegurado para una comunidad, hay niños que podrán estudiar sin sed, familias que podrán cocinar con dignidad, ancianos que enfrentarán menos riesgos de salud, y agricultores que mantendrán viva la tierra.

El hecho de que estas reuniones sucedan incluso en días de asueto es revelador: hay conciencia de urgencia, pero también de responsabilidad. El bienestar social no entiende de calendarios, y quienes gobiernan con visión saben que las soluciones no pueden esperar al lunes.

El proyecto de la planta potabilizadora de Jahuara II, por ejemplo, es mucho más que una obra pública; es un símbolo de que los gobiernos locales pueden —y deben— atender lo esencial antes que lo espectacular. En tiempos donde la política a menudo se reduce a discursos huecos, estas acciones concretas son las que realmente transforman la vida de la gente.

También es justo reconocer la disposición del Gobierno del Estado para sumar esfuerzos. Porque cuando las autoridades se coordinan, cuando se prioriza el bien común por encima del protagonismo político, los resultados llegan. Y llegan donde más se necesitan: a las comunidades.

Quizás no podemos cambiar la sequía, pero sí podemos cambiar la forma en que la enfrentamos. Y hacerlo con responsabilidad, con gestión, con trabajo diario, también es sembrar esperanza en tierra seca.

Porque el agua es vida, sí. Pero también es futuro. Y cuando el futuro se planea con compromiso, se convierte en presente.

LLAMADO

En tiempos donde la confrontación se ha vuelto cotidiana, resulta esperanzador que desde el gobierno municipal de Mazatlán se emita un mensaje firme en favor del respeto, el diálogo y la convivencia pacífica.

La postura de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, al subrayar que “aquí cabemos todas y todos respetando la ley”, no solo es políticamente correcta, es moralmente necesaria.

Celebrar las diferencias sin violentarlas, defender el derecho a manifestarse sin alterar la paz y recordar que los derechos humanos no entienden de fronteras, son pasos que consolidan una ciudad más incluyente y armónica.

En un escenario donde un malentendido pudo encender tensiones, la mediación institucional y la disposición al diálogo son señales claras de una autoridad que busca soluciones, no culpables.

Mazatlán avanza cuando sus autoridades y su gente apuestan por la civilidad como camino.