Bolas en el engrudo

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Publicado: Miércoles, 19 Octubre 2022 08:33

Escrito por Marco Lizárraga

“Los futuros no realizados son solo ramas del pasado: ramas secas”, Italo Calvino

COMO BALDE DE AGUA FRÍA

El tiempo en contra corre, ahora sí este miércoles o por más tardar el jueves la Auditoría Superior del Estado interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra el gobierno municipal de Mazatlán y contra quien resulte responsable por presunto daño patrimonial por el orden de los 60 millones de pesos.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa dio a conocer a medios de comunicación que el tema de las luminarias luego de que la ASE realizara un proceso minucioso del contrato de 400.8 millones de pesos por más de 2 mil lámparas.

El asunto ya llegó lejos, luego de tanta denuncia ciudadana y de los mismos regidores de Mazatlán que acudieron con elementos ante la ASE y que fue una de las razones que se realizara este proceso especial por parte de este ente.

Desde que se interpuso denuncia, se habló que, a finales del mes de septiembre de este año, se emitiría el dictamen concreto de los resultados realizados a este contrato y en especial a lo que se venía presentando como un contrato “leonino” ahora llamado así por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Estos son procedimientos que marca la Ley que es lo que se debe de realizar, y derivado de las últimas declaraciones de Feliciano Castro, el Congreso no será tapadera de nadie, ahora con esto las cosas se ponen color de hormiga para el gobierno municipal y quienes lo representan.

Castro Melendrez explicó: "De acuerdo al artículo 75 bis de la Ley de Auditoria Superior del Estado el Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado va a proceder conforme a lo reglamenta este artículo, basta la presunción de que hay un daño al patrimonio del pueblo para que la Auditoría presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía", dijo a los medios.

La denuncia no es afirmación de que así son las cosas, señaló, la ley estable que con el simple hecho de haber una presunción se debe de seguir el procedimiento y la Fiscalía llevar el procedimiento si hay o no ese presunto daño patrimonial ya sea en el ámbito administrativo, legal o político.

"Por lo pronto, les comparto que la Auditoría Superior del Estado va a presentar ante la Fiscalía entre hoy y mañana esta denuncia", agregó este martes en la conferencia de prensa.

Pero también, la cereza del pastel fue que ahora luego de haber sido sometida a votación la cuenta pública de Mazatlán fue rechazada lo que también pone en complicaciones al gobierno municipal pues no se solventaron observaciones por el orden de los 22 millones de pesos.

Otra situación que de acuerdo con declaraciones del diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas tendrá también consecuencias jurídicas.

Arredondo Salas en su participación en tribuna señaló que la sociedad está atenta y espera que el poder Legislativo cumpla con la responsabilidad de revisar e informar quién actuó con probidad, con orden, con compromiso y respeto por ellos, e informar en apego a ley quien no lo hizo, y dar el seguimiento para que las instituciones encargadas de sancionar lo hagan.

En pocas palabras pronto se tendrán noticias de que estas cuentas públicas tendrán un camino jurídico que la Fiscalía General del Estado tendrán que proceder conforme a derecho y buscar a los presuntos responsables de estos y llamarlos a llevar el proceso, es decir, dejar sus cargos públicos para comparecer como ciudadanos.

“Hoy nos toca, revisar, la cuenta pública del año fiscal 2020. En ella vamos a encontrar esfuerzos genuinos por una administración honesta, ordenada y comprometida a dar resultados. Pero también vamos a encontrar, un desdén por las leyes, las normas; administraciones que son grotescas, que no merecen sus gobernados, que defraudan la confianza depositada en ellos”, dijo.

También en este tenor, la diputada Alba Virgen Montes expuso que quienes ejercen cargos dentro de las administraciones públicas tienen el deber de manejar los recursos en forma honesta y con apego a la ley y, que de no ser así, sean sancionados por las autoridades encargadas de ello.

Precisó que, entre las observaciones recurrentes a las administraciones municipales, está la de que gastan más de lo que ingresa, lo cual, es una violación a sus propios presupuestos aprobados y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Asimismo, añadió, hay un uso excesivo de la asignación directa de obra pública, lo cual es una franca violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

Por ello se pronunció por castigar a quienes no liciten las obras que se deban licitar, así como sancionar a los responsables de los Órganos Internos de control cuando caigan en omisión.

Las cosas se ponen serias para el gobierno municipal del químico Luis Guillermo Benítez Torres.

Esto tendrá un desenlace muy áspero. Tiempo al tiempo.

PIE A LA CABEZA

Luego de más de 19 horas de audiencia, el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro junto con seis exfuncionarios municipales fueron vinculados a proceso al encontrar elementos que los hacen responsables por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

Una jornada maratónica que comenzó a las 8:30 horas de este lunes y concluyó entrada la madrugada de este martes.

El resto de los ahora vinculados son, Othón Herrera y Cairo, exsecretario del ayuntamiento, Issel Guillermina Soto González, responsable de la tesorería durante la administración de Estrada, también enfrentará proceso Raúl Alcántar Kondo, quien se desempeñaba como director de Egresos y Presupuestos del Ayuntamiento, además, está involucrada Angelina Marisela Gutiérrez González, exregidora, presidenta de la Comisión de Hacienda y María Antonia Sarabia Ibarra, también regidora, secretaria de la Comisión de Hacienda, en el ayuntamiento local durante la gestión municipal anterior.

Cómo se recordará un nuevo procedimiento le fue requerido a Estrada Ferreiro hace unos días, luego de haber ganado una batalla legal contra el Congreso de Sinaloa, pero ahora, bajo la acusación de la contratación ilegal de 40 camiones recolectores y compactadores de basura, el juez encontró elementos y los vinculó a proceso.

En el documento del arrendamiento se menciona que los camiones de basura fueron rentados por un plazo de 30 meses, con un pago 3 millones 920 mil pesos mensuales, lo que representa un gasto total, presuntamente irregular, de 117 millones 600 mil pesos.

Según las investigaciones de la Fiscalía, hay corrupción al ser un contrato por adjudicación directa, y no por licitación, además que en el proceso de arrendamiento participaron varias empresas y se pudieron haber ahorrado más de 40 millones de pesos, según los argumentos de la Fiscalía.

El juez ordenó un plazo de tres meses, para ambas partes, ello para que lleven a cabo la investigación complementaria, que dará pie a la siguiente fase del proceso judicial, por lo que será el día 18 de enero del 2023 cuando este plazo concluya y se vuelva a citar a las y los involucrados.

En su defensa, Estrada Ferreiro, reiteró que estaba siendo violentado de sus derechos humanos y recalcó que todo este proceso está siendo orquestado desde el gobierno del estado porque la intención es que no aspire a contender por algún cargo de elección popular en los próximos comicios.

Afirmó que estaba tranquilo y que confiaba en que todo se resolverá de la manera más justa posible apegado a derecho.

Más tarde en redes sociales dio a conocer su postura de cómo se está llevando todo este procedimiento e insistir que todo esto se lleva a cabo para afectarle solamente sus derechos políticos electorales.

Ya veremos en que para esto. No queremos pensar mal, pero parece que alguien lo quiere ver en la cárcel unos días a Estrada Ferreiro. Ya veremos si las sospechas son concretas o nomás un borregazo.

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