En una era dominada por la tecnología, el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la vigilancia fiscal por parte de las autoridades hacendarias representa un avance innegable en términos de eficiencia y control tributario. Herramientas automatizadas hoy analizan millones de datos en segundos, detectan patrones inusuales, emiten alertas y promueven el cumplimiento fiscal. Pero esta eficacia tiene un costo que, hasta ahora, el Estado mexicano parece no haber dimensionado adecuadamente: el riesgo de vulnerar los derechos humanos de los contribuyentes.
Actualmente, la fiscalización algorítmica opera sin reglas claras, sin garantías procesales suficientes y con una opacidad que debería alarmar a cualquier defensor del Estado de derecho. ¿Quién audita a la inteligencia artificial? ¿Quién responde cuando un algoritmo mal diseñado emite una alerta errónea que deriva en una auditoría injusta? ¿Puede una persona impugnar una decisión que no entiende ni se le explica?
La falta de una legislación específica que regule el uso de estas tecnologías en el ámbito tributario abre la puerta a múltiples abusos. La privacidad de la información financiera, el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia se ven amenazados cuando las decisiones se toman en función de modelos predictivos que no siempre están exentos de sesgos o errores.
No se trata de resistir el avance tecnológico —sería absurdo y contraproducente—, sino de exigir que este se encuadre en un marco legal que respete la dignidad humana. Países como los miembros de la Unión Europea ya avanzan en la creación de leyes que regulan los sistemas de IA, especialmente en sectores sensibles como el fiscal. México, en cambio, parece ir varios pasos atrás, aplicando tecnología sin medir su impacto en los derechos fundamentales.
El uso de IA en la fiscalización debe regirse por principios claros: transparencia, rendición de cuentas, supervisión humana y protección de datos personales. Debe garantizarse que toda persona tenga acceso a los fundamentos de una resolución automatizada y que exista un mecanismo efectivo para impugnarla. Solo así se podrá transitar hacia un modelo de fiscalización moderno, pero justo.
Legislar en esta materia no es un lujo ni una tendencia académica: es una necesidad democrática. La eficiencia recaudatoria jamás debe estar por encima de los derechos humanos. Porque cuando la tecnología se vuelve juez sin rostro, sin voz y sin defensa, lo que está en juego no es solo el cumplimiento fiscal, sino el corazón mismo del Estado de derecho.
CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán
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