El eco de las carcajadas del entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel aún resuena en Sinaloa. Ese momento en el que los diputados locales de su mayoría PRI y el Partido Verde decidieron imponer el impuesto de refrendo vehicular en sustitución de la tenencia, es un episodio que todavía causa indignación y risa nerviosa a la vez. ¿Cómo olvidar que la tenencia fue creada por el gobierno federal bajo la promesa de financiar los Juegos Olímpicos de 1968 y que, décadas después, continuó pesando sobre los bolsillos de los ciudadanos?

Cuarenta años de lucha para eliminar un impuesto injusto se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. La eliminación de la tenencia se convirtió en un compromiso de campaña de Felipe Calderón, quien hasta 2012 logró erradicarla, dejando a los estados la facultad de establecer nuevos tributos. Sinaloa, al menos en el periodo del gobernador Mario López Valdez, se salvó de este nuevo gravamen gracias a la falta de mayoría en el congreso. Sin embargo, tras la llegada de Ordaz, el refrendo vehicular se convirtió en una de las primeras reformas que impulsó, demostrando un claro desprecio por las necesidades y realidades de la población.

El impacto del nuevo impuesto es evidente. Aproximadamente 1,600,000 vehículos circulan en Sinaloa y el costo del refrendo por vehículo se ha establecido en 2,098 pesos. Esto implica que el gobierno de Sinaloa podría recaudar hasta 3,500 millones de pesos por un impuesto que no solo es absurdo, sino que también ignora principios básicos de equidad. ¿Por qué un automóvil de lujo paga lo mismo que un vehículo de escasos recursos o que una motocicleta? Este enfoque plano y desconsiderado es una burla hacia aquellos ciudadanos que luchan para llegar a fin de mes.

Además, resulta irónico que el gobierno local solo sea capaz de recaudar alrededor de 7,000 millones de pesos de ingresos propios, mientras que más de 60,000 millones son enviados por el gobierno federal como participaciones presupuestales. Con esos datos sobre la mesa, queda claro que la solución no pasa por aumentar la carga tributaria sobre la sociedad, sino por luchar por una distribución más justa de los recursos que el gobierno federal ya recibe de la población sinaloense.

La economía de Sinaloa contribuye significativamente al ingreso fiscal nacional, alcanzando casi los 200,000 millones de pesos. Sin embargo, el retorno que recibe de parte de la federación es desproporcionado, ya que no llega ni al 30% de lo que aporta. Este hecho pone de relieve la injusticia que representa la imposición de impuestos adicionales, como el refrendo vehicular, que sólo agravan la situación de los ciudadanos ante un gobierno que parece más preocupado por llenar sus arcas que por atender las verdaderas necesidades de la gente.

Es imperativo que el actual gobernador cambie de enfoque. En lugar de seguir acumulando impuestos inadecuados y costosos, sería mucho más útil iniciar una lucha para exigir mayores recursos del gobierno federal y enfocarse en una recaudación fiscal que beneficie realmente a los sinaloenses. Gastos onerosos como la compra de maíz o el pago de deudas heredadas del desvío de recursos por parte de Ordaz deben ser cuestionados y podrían evitarse si el enfoque fuera otro.

Una gestión responsable debería centrarse en lograr una mejor distribución de los recursos, en lugar de depender de impuestos injustos que solo rayan en la burla. Sinaloa merece ser tratado con dignidad y su gobierno debe estar a la altura de las circunstancias: defendiendo a su pueblo y buscando el bienestar común en lugar de hacer caja a costa de los ciudadanos.