Había una lucha, pero nadie se daba cuenta.
Se producía en la oscuridad, en las horas malignas,
cuando las manos se despiertan con vida propia.
Julia Álvarez
No pocas cosas están en crisis en México. El sistema político mismo tocó fondo en 2018 y el extraordinario comportamiento electoral del pueblo buscó darle oxígeno y una vida de mayor compromiso social. Pero hay renglones vitales en la vida nacional que no dejan de ser heridas sangrantes, como los homicidios, los desplazamientos internos y la desaparición forzada de personas, que juntos conforman una crisis humanitaria para el país. Enfrentar esos problemas no ha sido ni es un desfile de carnaval, es verdaderamente un reto histórico para un Estado democrático.
Karla Quintana renunció en agosto pasado a la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin entrar a las razones de fondo de su dimisión, nos llamó la atención su denuncia de que el gobierno federal pretende disminuir la cifra de personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y Localizadas. Un periódico de Sinaloa no dejó pasar inadvertida la noticia y se puso a hurgar en los entresijos de las dependencias para dejar en claro la situación que guarda el tema. El esfuerzo de la investigación arroja que en Sinaloa para 2022 el Registro Nacional anotó 762 denuncias por desaparición, mientras que la Fiscalía General del Estado llegó a la cifra de 962.
Inexplicable resulta comparar el registro de personas desaparecidas entre enero y octubre del presente año, pues para la FGE la cantidad es de 588 denuncias, mientras el registro federal llega a 323. ¿Por qué la diferencia tan notable? ¿En qué dependencia del gobierno federal puede haber interés especial en presentar cifras que pretendan dibujar un fenómeno con menor estatura que la que realmente tiene? No le encuentro punta ni molote a este asunto. No encaja bien en un gobierno democrático ni ayuda en lo más mínimo a encontrar las verdaderas dimensiones del problema de la desaparición forzada, mucho menos a diseñar la solución que remedie un problema del tamaño de la desaparición forzada de personas en México.
Hasta hoy el comportamiento de los registros por la autoridad de Sinaloa en materia de denuncias sobre desaparición forzada de personas tiene más parentesco con nuestra dolorosa realidad. Y es, sin duda, la mejor medida para conocer las proporciones del fenómeno y elaborar con mayor tino las políticas públicas que se encaminen hacia la solución de ese problema cuyos orígenes nos remontan a 1975 en Sinaloa. Ocultar cifras sólo nos llevará a la opacidad sobre el tema, a tratar de confundirnos sobre los alcances del problema.
El próximo año 2025 se cumplirá el medio siglo de la práctica de la desaparición forzada de personas en Sinaloa. Por la fecha tan cercana y por la desgastante permanencia del flagelo que priva de la libertad a hombres y mujeres sin que haya consecuencias ante el Estado, la sociedad mexicana debe plantearse el qué hacer para detener su lastimoso desarrollo. Todos debemos preguntarnos, si Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, que padecieron dictaduras militares y que practicaron la desaparición de luchadores sociales en los mismos primeros años en que México lo hizo, fueron capaces de expulsar esas dictaduras y detener la desaparición forzada, ¿por qué nuestro país sin esas dictaduras no puede detener esa práctica nefasta?
Con motivo del LXXV aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por coincidir este año con el XL cumpleaños de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, realizamos una Expo del Libro Derechos Humanos en la Plazuela Obregón los días 8 y 9 del presente mes. Las actividades que vistieron la Expo son dignas de mencionarse para que los interesados en conocerlas midan los alcances de las mismas: teniendo a la vista no menos de medio millar de textos (una buena parte de nuestra biblioteca), en la primera jornada hubo lectura de poemas, artículos y ensayos sobre el tema razón de ser de la CDDHS y de cada uno de nosotros.
El segundo día tuvimos como invitado al histórico defensor y promotor de los derechos humanos en Baja California, José Luis Pérez Canchola. La última tarde de la Expo en la Plazuela Obregón, el defensor y protector de los migrantes en la frontera norte regaló una brillante conferencia sobre Migración y Derechos Humanos. Nuestro amigo conferencista le puso números a la migración, le dio rostro humano a la situación que mujeres, niños y hombres padecen en su viacrucis por encontrar un segundo lugar donde poder continuar la vida junto a sus familias. La migración tiene raíces que se ubican ahora en Centroamérica, en el Caribe, en África, en Asia y cuyo vértice es Tijuana. La solidaridad que organismos humanitarios y el Ayuntamiento de Tijuana les brindan alimentan una desesperada esperanza, que es su último refugio y recurso en una ciudad forjada por migrantes.
Los migrantes que buscan una oportunidad en Tijuana para internarse en los Estados Unidos no son los cientos de hace algunos años, son decenas de miles que ven pasar los días y crecer el número de personas que buscan refugio o asilo temporal o definitivo en la gran y bella Tijuana. La situación se agrava para encontrar alimentos, cobijo y medicinas para esos migrantes cuando México acepta las presiones de Estados Unidos para recibir a los deportados de otros países como país alterno. Ante ello, los esfuerzos de organismos religiosos y otros de carácter humanitario, se achican al agrandarse las demandas de asistencia. José Luis Pérez Canchola habla de una amenaza en pleno crecimiento: la ausencia de una política de Estado para atender el fenómeno de la migración permite el reclutamiento forzado de los jóvenes por el crimen organizado. Y hace el llamado urgente a detenerlo. Vale.
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X @Oscar_Loza
