Dejó una herencia de fuego,
revuelta con los vientos encontrados del monte.
J.P. Cano Tiznado
Hacer balances del camino recorrido por el Gobierno es un ejercicio democrático. En tiempos de campaña se suscriben compromisos, que luego serán metas en la calistenia de la gestión gubernamental. A dos años de la gestión rochista, hacer un alto en el primer tercio del camino resulta muy natural y hasta obligado, pues necesitamos asumir de manera plena los pasos encaminados y revisar los tropiezos, con el fin de tomar las providencias para que la andadura mantenga el rumbo trazado para 2027. La ONU ha pergeñado un sueño, tejido con los desvelos y demonios de los estómagos vacíos de los pobres y su insaciable sed de justicia social: la Agenda 2030, que aspira a limar las aristas roñosas de la desigualdad y atajar los vientos huracanados de la injusticia social.
El gobierno de Rubén Rocha arrancó cuando aún el Covid-19 se negaba a recular y seguía imponiendo sus reales. Empezábamos a dejar el confinamiento, pero casi la mitad de la población económicamente activa comenzaba a dar los primeros pasos para reiniciar a duras penas con sus pequeños negocios de comercio en la calle, de venta de tamales, de pan, de dulces, de aguas frescas, incluidos los servicios de plomería, electricidad, albañilería o de talleres de costura. Y de mil cosas más que la necesidad y la imaginación hacen florecer en el mercado de pobres. Con los daños del Covid-19 a cuestas, no nos faltaban ánimos y la esperanza renacía con el nuevo gobierno.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, en la que Roger Bartra destaca por su presencia, nos informaba en 2022 que el 28.1 por ciento de la población de Sinaloa se enmarca en situación de pobreza; puntualizando que el 2.4 por ciento se encuentra en pobreza extrema. El Plan de Desarrollo 2021-27, reconoce que uno de cada tres sinaloenses viven en condiciones de pobreza, alcanzando al menos dos de las seis carencias sociales consideradas para el caso: rezago educativo un 16.8 por ciento; servicios de salud, el 19.6 por ciento; seguridad social, con un 39.2 por ciento; calidad y espacios de la vivienda, un 7 por ciento; servicios básicos de la vivienda, con un 11.7 por ciento; y con alimentación nutritiva y de calidad, el 22.1 por ciento.
De acuerdo al estudio referido, uno de los 18 municipios de Sinaloa manifestaba que la pobreza no había encontrado valladares para seguir como Pedro por su casa. Y ese dato debió haber recibido una atención especial, con el fin de que las políticas públicas encontraran los recursos económicos y administrativos que aliviaran la exclusión social. En el renglón de la pobreza extrema, se repetía este fenómeno. Ojalá que en el balance de los dos años tengamos noticias de que lo actuado por el gobierno de Rocha Moya haya impreso una huella que acerque a esa región a la justicia social.
Hay un doloroso renglón que prende sus alarmas para la autoridad y en lo que corresponde para la sociedad. Cerramos el mes de octubre con 32 mujeres asesinadas en lo que va de 2023, con 28 casos clasificados como feminicidios. Al mes anterior Tere Guerra lo bautizó como Octubre Emergente, pues ocho mujeres murieron de manera violenta. La situación mueve a reflexión, pues no ha faltado legislación a favor de la mujer en estos dos años (13 leyes recibieron la bendición del Congreso del Estado). ¿Qué más nos falta para detener al monstruo que actúa desde nuestras entrañas contra la integridad física y moral de las mujeres?
Hay dos renglones que se hermanan para reclamar el mejoramiento de las políticas públicas: el trato a los productores de alimentos, en especial de maíz y la cultura del uso y la administración democrática del agua. Entendemos que la orientación sobre la producción de alimentos (que se acerca al proyecto de soberanía alimentaria) se origina desde el Estado mexicano, como también cabe un actitud y postura con sabor a soberanía (de acuerdo al Pacto Federal) desde una entidad considerada el granero del país. Esto no ha pasado en Sinaloa y hay que aceptar que los apuros por lo que ahora pasa el gobierno estatal, en buena medida es por seguir a pie juntillas la política del Gobierno Federal, que resultó más costosa y complicada que la propuesta por los productores.
Junto a este problema está lo que implica la recepción y administración del agua dulce de que disponemos. En lo que va del siglo hemos pasado por tres momentos muy críticos. Esta sequía de 2023 es la coyuntura más grave. La tormenta Norma trajo más lecciones para aprender que alivio a nuestros problemas de sed. Las presas siguen a un nivel que está muy lejos de garantizar los niveles de cosechas en maíz y de hortalizas. Podemos seguir soñando con el milagro de equipatas de final de año o de cabañuelas en enero, pero el Gobierno estatal y la Conagua deberán elaborar un plan para la administración del agua, que no puede estar sujeto a criterios de los grandes productores o personajes influyentes en los módulos de riego. Los criterios centrales deberán ser: garantizar el consumo humano y el de priorizar el de cultivos esenciales que no demanden mucha agua.
Un problema que se ha ido retrasando sin el consuelo y el alivio que reclama es el de la vivienda. El gobierno de Rocha Moya se comprometió a la adquisición de reservas territoriales y buscar la gestión de fondos federales para la construcción de viviendas para las familias cuyos ingresos (o falta de ellos) no los vuelven sujetos de crédito hipotecario. Sus esperanzas de un patrimonio familiar, estriba en que haya una inversión pública en reservas territoriales y acciones de vivienda. La gran esperanza para los Sin Casa y el gran reto para la autoridad, es que no concluya 2023 sin que se adquieran reservas territoriales y un renglón sobre vivienda se abra espacio en el Presupuesto 2024. Esperemos que así sea. Vale.
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