Guasave, Sin. 28 de septiembre de 2027.- La diputada Paola Gárate aseguró que el fracaso en materia de seguridad pública en Sinaloa obedece a que el gobierno de morena y la delincuencia son uno mismo, «son el cartel más poderoso y mortal del mundo y han debilitado las instituciones y mecanismos de rendición de cuenta, transparencia y participación ciudadana para que nadie pueda reclamarle».
Ante medios de comunicación del municipio de Guasave, la legisladora destacó la necesidad de lograr la participación de todos los sectores del Estado para llegar a un gran acuerdo y protagonizar la solución de la grave crisis de seguridad que golpea a la sociedad.
Está muy claro que el crimen organizado ha penetrado al gobierno estatal, pues los controles y mecanismos anticorrupción desaparecieron con la llegada del gobernador con licencia señalado por Estados Unidos como parte de la delincuencia organizada y las dos gobernadora subsecuentes son simples operadoras: Rocha sigue gobernando Sinaloa.
La corrupción del gobierno de morena debilitó a las instituciones, facilitó la infiltración del crimen organizado, desvió recursos públicos y generó impunidad, subrayó Paola Gárate.
Cuando existen controles efectivos, transparencia, fiscalización y sanciones, se fortalece la capacidad del Estado para prevenir y combatir delitos y se recupera la confianza de ciudadanos y empresarios, lo que provoca mayores inversiones, generación de empleos y aumento de la calidad de mi vida, explicó la diputada.
Paola Gárate puso el caso de la desaparición del fondo de desastres naturales que era tan útil, con mecanismos claros, de transparencia y rendición de cuentas, y que en condiciones como las que se avecinan, como es el caso del huracán Polo que este día toca territorio al norte de Sinaloa.
Y por eso, dijo, presentamos la propuesta de creación de un fondo del .03% del presupuesto anual, que se debe crear a partir de Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado de Sinaloa, que beneficiaría a personas afectadas por desplazamientos, pérdida de empleo, afectados por fenómenos naturales o violencia, y se activa mediante una declaratoria oficial del poder ejecutivo, tras evaluación técnica de un comité de daños.
Con los controles anticorrupción, se garantiza que los recursos destinados a seguridad lleguen realmente a policías, infraestructura, tecnología y programas de prevención. Combatir la corrupción, por tanto, no solo protege el dinero público: fortalece las instituciones, reduce espacios para la delincuencia y contribuye a construir comunidades más seguras, finalizó Paola Garate.
REDACCIÓN/VISION CIUDADANA.
