Desde que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue notificada de las solicitudes de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de su gobierno, quedó claro que la reacción oficial no sería razonada ni prudente. Entrar en un túnel de irracionalidad política, como lo ha hecho Sheinbaum, bloqueando las demandas del gobierno estadounidense y cerrando toda posibilidad de negociación más allá del 31 de mayo, implica una pérdida de control vital en la conducción del Estado mexicano.

El drama político que vivimos estos días es profundamente inquietante. Ayer mismo, además, salió a la luz que los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, también se encuentran bajo investigación por parte de Estados Unidos. Este escenario sólo ahonda la tormenta en la que Morena y la llamada Cuarta Transformación (4T) pretenden enterrar al sistema electoral nacional. La reciente reforma facultativa a los órganos electorales para anular cualquier elección que no favorezca al partido oficial es la evidencia tangible de la construcción acelerada de un régimen autoritario. Es el principio de una dictadura disfrazada de legalidad.

Este desmantelamiento institucional orquestado por Morena y la 4T responde al pánico colectivo que sienten ante las acusaciones y las investigaciones internacionales que apuntan a sus principales cuadros políticos. La reforma electoral aprobada es la expresión clara de que “ellos” son ahora la única república que reconocen; el Estado soy yo, como proclamaba Luis XIV, el rey Sol. Pero este régimen cáustico tiene consecuencias que nadie parece medir en su justa dimensión.

El temor y el horror a veces no nacen de lo que sucede, sino de cómo se manipula y provoca ese miedo. Y eso es justo lo que han sembrado Morena y la 4T: una caja de Pandora abierta sin posibilidad de cierre, una caja de zapatos cuya simple apertura ha desencadenado una cadena de eventos impredecibles y peligrosos para nuestra nación. Lo que está ocurriendo en México no es un simple capítulo más en la lucha política; es un tsunami político que amenaza con borrarlo todo, incluso la misma estabilidad social.

Si el Gobierno federal no detiene esta espiral autodestructiva, no reevalúa sus decisiones ni reconoce sus errores, la tendencia hacia un martirio nacional y la demolición definitiva de las instituciones republicanas será irreversible. México, en ese escenario, sufrirá una fractura irreversible en su relación con Estados Unidos y será arrastrado a convertirse en un campo de batalla geopolítico sin claridad sobre quiénes terminarán siendo los actores involucrados.

Por tanto, resulta más urgente que nunca llamar a la reflexión y la responsabilidad. La democracia mexicana está en riesgo, no por causas externas sino por decisiones internas que parecen buscar implantar un proyecto político hegemónico y autoritario. El destino del país no puede estar en manos de quienes creen que el poder absoluto es la única vía para mantenerse. Si queremos evitar el precipicio, la presidenta y su gobierno deben abandonar la senda de la irracionalidad y abrir espacios para el diálogo, la rendición de cuentas y la reconstrucción institucional antes de que sea demasiado tarde.