* La esperanza como ultima barricada
Empezaron con 3,000 elementos de las Fuerzas Armadas por allá de 2024. Era el arranque, dijeron. Un operativo para contener una violencia que, según los optimistas de Palacio, tendría fecha de caducidad. Dos años después, la guerra sigue ahí, instalada en las calles, en las colonias, en los pueblos y en la conciencia de los sinaloenses.
Y no, esto ya no parece un operativo: parece una guerra convencional con uniforme, discurso oficial y conferencia matutina.
Más de 20,000 efectivos combaten al crimen organizado, pero los asesinatos y las desapariciones no se detienen. Las cifras —siempre discutidas, corregidas o maquilladas según la conveniencia del funcionario en turno— hablan de decenas de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y pérdidas económicas que superan los 150,000 millones de pesos. Mientras tanto, Culiacán, Navolato, Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa viven con el sobresalto como rutina y el miedo como calendario.
Más de 800 días de enfrentamientos. Miles de muertos. Un promedio diario que ya no parece una estadística, sino una sentencia. Sinaloa se ha convertido en uno de los epicentros nacionales de la violencia, pero las autoridades siguen administrando el desastre como si se tratara de una crisis de comunicación: cambian palabras, presentan gráficas, anuncian operativos y repiten que “la situación está bajo control”.
¿Bajo control de quién?
Porque si el gobierno controla la situación, alguien debería explicar por qué siguen asesinando, desapareciendo, extorsionando y paralizando comunidades enteras. Si el Estado tiene el control, ¿por qué la ciudadanía vive como rehén? Y si no lo tiene, sería bueno que dejara de fingir que todo marcha conforme al plan.
Lo que ocurre en Sinaloa ya es una crisis humanitaria. No una rencilla entre grupos criminales, no un asunto local, no una sucesión de hechos aislados. Es una tragedia que desmantela familias, empleos, negocios, escuelas, hospitales y comunidades. La violencia no solamente mata: también expulsa, empobrece, enferma y destruye la confianza.
Y ahí está el problema mayor: la sociedad ya no cree. Ni en los discursos, ni en las promesas, ni en los despliegues militares que llegan después de la tragedia para tomarse la fotografía. El gobierno estatal parece desbordado; el federal insiste en que la estrategia funciona; y la población, mientras tanto, aprende a vivir con la pregunta de si regresará con vida quien salió por la mañana.
¿Qué tendría que ocurrir para que el gobierno de la República y el de Sinaloa dimensionen la emergencia? Primero, reconocerla sin eufemismos. Después, presentar una estrategia pública, medible y coordinada: inteligencia financiera contra las estructuras criminales, investigación de homicidios y desapariciones, protección real para comunidades, atención a víctimas, depuración policial y una política seria para recuperar territorios.
Más soldados no bastan si no hay justicia. Más patrullas no bastan si nadie investiga. Más discursos no bastan si la gente sigue enterrando a sus hijos.
Por eso, una marcha por la paz cada quince días en todo Sinaloa podría convertirse en una llamada de conciencia. No para sustituir al gobierno, sino para recordarle que la sociedad todavía está viva, aunque agotada. La resignación sería la derrota moral definitiva.
Sinaloa no necesita milagros administrativos ni frases patrióticas. Necesita resultados. Y si las autoridades no pueden ofrecerlos, al menos deberían tener la honestidad de decirlo. Porque la esperanza, a estas alturas, ya no es un lujo: es la última barricada.
