La presidenta Claudia ha comprendido, al fin, que la vía para enfrentar la crisis que atraviesa su gobierno no pasa por el papeleo ni la agitación ideológica. La única salida viable es sentarse con el gobierno de Estados Unidos y negociar de manera pragmática, dejando de lado discursos polarizantes que sólo han llevado a un callejón sin salida. El problema concreto está en la decisión del gobierno estadounidense de detener la escalada de polarización política entre ambos países y evitar decisiones unilaterales que empujan hacia una confrontación inevitable, cuyas consecuencias nadie puede predecir pero que, sin duda, serían desastrosas para ambas naciones.

Desde la presidencia de Trump y desde diversas oficinas clave como la Fiscalía de Nueva York, la CIA y la DEA, ya se ha informado que habrá un aumento en las acciones contra políticos mexicanos, intensificando presiones abiertas y veladas que no pueden ignorarse. En los próximos días, funcionarios estadounidenses de alto nivel, entre ellos Markwayne Mullin (secretario de Seguridad Nacional), Sara Carter (directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas) y Jamieson Greer (representante comercial), sostendrán reuniones que serán cruciales para definir el rumbo de esta relación. No se sabe con certeza qué acuerdos estarán sobre la mesa, pero es un hecho que la conclusión de la primera remesa de extraditables y el diálogo sobre pasos futuros serán temas ineludibles.

El gobierno mexicano debe bajar el volumen de su confrontación, desideologizar su discurso y construir un lenguaje común basado en el pragmatismo y el juego de intereses mutuos. Sólo así podrá evitar un conflicto mayor y ganar espacios de negociación efectivos. Resulta sorprendente hasta qué punto ha llegado la tensión entre México y Estados Unidos, dos países cuya relación comercial anual supera el billón de dólares, una interdependencia que ningún gobierno debería poner en riesgo. Este mercado es vital y garantizar su estabilidad es una obligación irrenunciable para ambos lados.

Es importante subrayar que una intervención militar estadounidense en México es extremadamente remota. Lo más probable serán operaciones encubiertas y pactadas, muy alejadas de una «expedición punitiva» abierta, como la que tuvo lugar en 1916 y que duró exactamente un año. Esa clase de enfrentamiento sería fatal para todo el continente, por lo que el camino es inexcusablemente político y diplomático. Sin embargo, la realidad política en México no favorece la capacidad de maniobra del actual gobierno. Ni la presidenta ni la llamada 4T están dispuestas a asumir costos inmediatos, pero conforme transcurre el tiempo y las sanciones se acumulan, estos costos crecen y amenazan con ser mucho más altos.

Por eso urge una negociación seria e inteligente. No se puede seguir estirando la cuerda cuando Donald Trump tiene sus propios tiempos políticos, que no coinciden con los de la 4T. La pérdida de Sinaloa como bastión político de Morena es un síntoma de ese fracaso, y la sociedad mexicana está pagando las consecuencias. Este episodio debería servir de advertencia para evitar que otros gobiernos terminen en condiciones similares, y mucho menos que el gobierno federal pierda su capacidad de maniobra y sufra una derrota nacional irreparable.

La mesa ya está puesta. La negociación debe empezar de inmediato y las soluciones, aunque difíciles, tienen que ponerse en marcha. El tablero político así lo demanda. Sólo entendiendo la gravedad de la situación y actuando con realismo se podrá evitar que la relación bilateral, tan fundamental para ambos países, termine por naufragar en la confrontación y la polarización estéril. La hora es de pragmatismo y acuerdos, no de ideologías que ya demostraron ser insuficientes frente a la complejidad de los retos actuales. asi lo veo yo.