El reciente llamado del gobernador Rubén Rocha Moya a los industriales del maíz y la tortilla de México para que no importen maíz estadounidense es un claro reflejo de la desconexión entre la realidad agrícola de Sinaloa y las decisiones que se toman desde el gobierno. Su declaración, aunque destinada a proteger a los productores nacionales, carece del análisis profundo que la situación exige. En este sentido, es necesario considerar las cifras alarmantes que rodean a la producción de maíz en 2025 y la inminente cosecha de 2026.

Mexico, el año pasado, el año de la sequía, vio su cosecha de maíz reducirse a apenas 17 millones de toneladas en 2025, marcando un déficit nacional de 33 millones de toneladas. Contrarreste esta cifra con la impresionante producción de Estados Unidos, que alcanzó 430 millones de toneladas y cuyo maíz se tasó a $180 dólares la tonelada. Es evidente que el precio por el cual los productores sinaloenses venden su maíz, que ronda los $6,000 pesos y se prevé que ascienda a $7,200 pesos por tonelada en 2026, les coloca en una posición comprometida frente a la competencia extranjera. La pregunta es ineludible: ¿por qué los industriales mexicanos deberían optar por pagar el doble por un producto local cuando el maíz estadounidense es significativamente más barato?

La reacción del gobernador Rocha parece estar impulsada no solo por un fervor patriota, sino también por una notable desinformación respecto a la situación real de los productores. Ignorar la complejidad del campo sinaloense implica un riesgo mayúsculo; en su afán por defender a los productores, parece haber soslayado la gran pérdida económica que enfrentan tanto grandes como pequeños agricultores. En lugar de ofrecer soluciones concretas, el discurso se convierte en una retórica vacía que no aborda la raíz del problema.

Las decisiones del actual gobierno federal han sido determinantes en este contexto, donde se ha decidido desmantelar los mecanismos de apoyo económico hacia los agricultores. Lo que es más preocupante, la visión del autócrata que controla palacio nacional, Andrés Manuel López Obrador sobre los productores sinaloenses como “ricos” ha llevado a una falta de consideración ante la adversidad que enfrentan. En 2023, después de haber alentado a los agricultores a sembrar hectáreas tras una cosecha récord en años anteriores, se incumplió con los pagos que estos reclamaban. Esta dinámica genera desconfianza y desencanto en un sector ya de por sí golpeado.

Preparándonos para el ciclo 2026, la situación parece sombría. Aunque algunos optimistas podrían creer que el nivel de agua en las presas permitirá un cultivo adecuado, es fundamental recordar los desafíos persistentes del coyotaje, la escasez de créditos y los altos precios de semillas y fertilizantes, muchos de los cuales son de calidad dudosa. Los reportes de semilla pirata que pueden reducir la cosecha hasta en un 30% son alarmantes y revelan una falta de regulación efectiva en el sector.

Recientemente, la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, conocida por su resistencia, encabezados por Baltazar Valdez entregó un documento al secretario de Agricultura sin obtener una respuesta adecuada. Este acto simboliza la frustración acumulada de un sector que se siente ignorado por las autoridades. El gobernador Rocha, en lugar de dirigir su enojo hacia la industria, debería interpelar al gobierno federal por la falta de apoyo y recursos que han dejado a los productores en una situación insostenible.

La historia nos muestra que los conflictos agrarios no son nuevos, y que el estallido de la crisis en Sinaloa puede ser inminente si no se actúa con prontitud y responsabilidad. La falta de subsidios y precios de garantía, aunada a las condiciones actuales del mercado y la producción, plantea un escenario donde los intereses personales y políticos pueden traducirse en un daño irreparable para la agricultura sinaloense.

Es esencial que tanto el gobierno estatal como el federal se enfoquen en restaurar el diálogo y buscar soluciones sostenibles que enfrenten la realidad de los productores. De lo contrario, la situación podría desembocar en un conflicto abierto que impacte aún más a quienes dependen del campo para su sustento. La esperanza radica en que los líderes comprendan que el futuro de la agricultura en Sinaloa no solo está en juego, sino que requiere atención urgente y compromiso genuino. La crisis del maíz es un claro llamado a la acción.