La situación de inseguridad en Culiacán ha tocado fondo, evidenciada por la tragedia ocurrida en el Hospital Civil y que se repetirá horas después en otras instalaciones médicas. Durante meses, las patrullas de policía y el ejército habían mantenido una vigilancia constante en estos hospitales, reflejando la gravedad del problema. Sin embargo, cuando las autoridades decidieron que la inseguridad había menguado, inexplicablemente retiraron a las fuerzas de seguridad, dejando a la población desprotegida ante la creciente violencia.
Este desinterés por la protección de los hospitales plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué se dejó a un sector tan vulnerable a merced de los grupos criminales? La cercanía de los enfrentamientos en Tepuche debería haber sido suficiente para que las autoridades mantuvieran el dispositivo de seguridad. En cambio, se optó por desatender el cuidado de los ciudadanos, sugiriendo una alarmante falta de coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales, tanto a nivel estatal como municipal.
El gobernador y el presidente municipal parecen operar bajo la ilusión de que la situación está bajo control, ignorando que Culiacán vive prácticamente un conflicto de baja intensidad. Las fuerzas de seguridad, ya debilitadas, muchas veces parecen más ocupadas en labores mediáticas que en brindar verdadera protección. ¿Dónde estaban los cuerpos de seguridad al momento de los ataques? Su escasez en las calles contrasta con el despliegue incesante de patrullas que, hasta hace poco, hacían acto de presencia en cada rincón de la ciudad.
Es incomprensible cómo la Secretaría de Salud no tiene conocimiento de cuándo ingresan heridos a los hospitales ni por qué no se reportan estos incidentes. La falta de información y la desconexión entre las autoridades de seguridad y salud son preocupantes y revelan una estructura sistémica defectuosa. El ataque al Hospital Civil es una clara señal de que los cuerpos de seguridad están fallando en su labor fundamental: proteger a la sociedad.
Además, la respuesta institucional parece ser inadecuada; las reuniones del Comando de Seguridad Pública, ordenadas por la presidenta cada 15 días en Culiacán, resultan vacías si no se traduce en un plan concreto que involucre a la sociedad civil. ¿Por qué no se busca establecer un diálogo real con los ciudadanos para abordar sus inquietudes y necesidades? El distanciamiento entre el gobierno y la población afectada es alarmante; parece que las autoridades prefieren ignorar la voz del pueblo en lugar de buscar soluciones que alivien su dolor y miedo.
La ineficacia de las medidas de seguridad implementadas en Culiacán solo seguirá alimentando un ciclo de violencia y desesperanza. Las decisiones tomadas por los líderes políticos deben ser evaluadas y revisadas a fondo; la vida de los ciudadanos no debería estar en juego debido a la falta de acción adecuada y oportuna. Es imperativo que el gobierno regrese a la realidad y asuma su compromiso de proteger a la población en todas sus dimensiones, dejando atrás el mero discurso vacío en favor de acciones concretas y efectivas que realmente transformen la situación de inseguridad que hoy enfrentamos.
