La reciente declaración del gobernador Rubén Rocha Moya, sobre la insuficiencia de los 640 millones de pesos provenientes del gobierno federal para la comercialización de granos en Sinaloa, ha caído como un rayo en el cielo sereno. Es inusitado, por no decir sorprendente, que un mandatario que durante cuatro años no ha mostrado la más mínima empatía hacia nuestros agricultores, se despierte repentinamente a la dura realidad del campo sinaloense en el contexto de una crisis estructural.
Desde su llegada al poder, Rocha Moya ha mantenido una postura confrontativa hacia los productores agrícolas, estigmatizándolos y descalificándolos. Los ha acusado de rentados, de chantajistas, mientras él se sentaba cómodamente en su trono de poder, ajeno a las penurias que enfrentan aquellos que cultivan la tierra. No fue sino hasta que la presión fue insostenible que el gobernador accedió a negociar, pero siempre desde una posición de desconfianza y desprecio.
Ahora, con una súbita dosis de claridad, ha reconocido la incapacidad de competir en igualdad de condiciones contra los productores estadounidenses. Su declaración resuena como un eco distante de lo que muchos hemos sostenido durante años: los apoyos gubernamentales son absolutamente insuficientes, y la crisis que enfrentan nuestros productores no es solo de recursos, sino de un sistema que ha sido diseñado para favorecer la importación y el acaparamiento por parte de intereses privados.
Este cambio de tono podría interpretarse como un acto de verdadera preocupación por el sector agropecuario, pero es pertinente preguntarnos si se trata de una genuina reflexión o simplemente de un intento de salir del paso ante las críticas. La ironía es notable: un gobernador de Morena cuestionando el presupuesto del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que ha reducido el apoyo al sector agrícola en un 3.5%, es un fenómeno digno de análisis.
Los productores de Sinaloa no necesitan palabras vacías; requieren acciones concretas que favorezcan el desarrollo agrícola y que permitan a sus cultivos competir. No debemos olvidar que las políticas implementadas por el actual gobierno federal han borrado prácticamente todos los instrumentos de apoyo al campo, dejando a nuestros agricultores a merced de un mercado que, como bien señala Rocha Moya, es desigual.
Además, sus recientes comentarios sobre las deudas heredadas por exgobernadores como Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, adentrándose en la discusión de delitos en el ejercicio de la función pública, añaden una capa adicional de complejidad y suspicacia a su discurso. ¿Es este una estrategia para posicionarse en un escenario político más amplio, o simplemente una defensa para justificar sus propias fallas tras cuatro años de gobierno poco efectivos?
A medida que nos acercamos al cuarto informe de gobierno de Rocha Moya, programado para el 15 de noviembre, surge la incertidumbre sobre si esta nueva narrativa representa un verdadero cambio de rumbo o simplemente una pose destinada a calmar las inquietudes de un sector que ha sido ignorado. Las decisiones futuras del gobernador serán cruciales para determinar si esta declaración fue un simple destello efímero o el inicio de un compromiso genuino con los productores agrícolas de Sinaloa.
Esperemos que no se trate de una mera estrategia política para ganar puntos ante la opinión pública, porque sería aún más vergonzoso que los errores cometidos en su gestión. La situación del campo en Sinaloa demanda seriedad y un cambio real, no solo palabras que se las lleve el viento.
