México destinará en 2026 aproximadamente 987 mil 160 millones de pesos a los principales Programas para el Bienestar. La cifra equivale a cerca de 2.5% del Producto Interno Bruto, 9.7% del gasto federal y 17% de los ingresos tributarios estimados.

No se trata de un gasto menor. Es prácticamente un billón de pesos que el Estado distribuirá mediante pensiones, becas, subsidios productivos, apoyos al campo y transferencias directas.

La pregunta incómoda no es si estos programas ayudan. La evidencia demuestra que sí lo hacen. La verdadera pregunta es: ¿durante cuánto tiempo podrá financiarlos México sin aumentar impuestos, contratar más deuda o sacrificar servicios públicos esenciales?

El programa que domina el presupuesto

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirá 526 mil 508 millones de pesos. Por sí sola concentra 53.3% de todo el paquete y supera el presupuesto conjunto de los otros quince programas analizados.

Su crecimiento ha sido extraordinario: pasó de aproximadamente 85 mil millones de pesos en 2019 a más de 526 mil millones en 2026. Esto significa un aumento nominal superior a 500% en sólo siete años.

La pensión tiene una enorme legitimidad social. Para millones de personas representa su única fuente segura de ingreso y constituye un mecanismo efectivo para disminuir la pobreza en la vejez. El problema no está en su existencia, sino en haberla convertido en una obligación universal y creciente sin establecer paralelamente una fuente permanente de financiamiento.

Cada año aumenta el número de personas que cumple 65 años. Cada incremento del apoyo se transforma en una obligación recurrente. Y una vez reconocido constitucionalmente el derecho, reducirlo política y jurídicamente resulta prácticamente imposible.

Mientras el padrón crece automáticamente, la economía mexicana no avanza con la misma velocidad.

Los beneficios existen, pero no justifican la improvisación

Sería equivocado afirmar que los programas sociales son inútiles. De acuerdo con el INEGI, sin las transferencias gubernamentales, alrededor de 4.2 millones de personas adicionales habrían estado en pobreza multidimensional durante 2024. También contribuyeron a reducir la pobreza extrema y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Estos resultados deben reconocerse.

Sin embargo, acreditar que las transferencias reducen temporalmente la pobreza no equivale a demostrar que todos los programas están correctamente diseñados, que sus padrones son confiables o que cada peso genera el mayor beneficio posible.

Dispersar dinero no es lo mismo que resolver las causas de la pobreza.

Una política social completa debe acompañar las transferencias con educación de calidad, servicios de salud, seguridad, infraestructura, empleos formales y condiciones para elevar la productividad. Cuando el apoyo económico sustituye estas políticas, el Estado no elimina la vulnerabilidad: solamente la administra.

Un país con obligaciones crecientes y poco margen

El riesgo se vuelve mayor cuando se observa el panorama completo de las finanzas públicas.

México enfrenta un déficit fiscal cercano a 4.1% del PIB, una deuda pública amplia de aproximadamente 52.3% del PIB y un costo financiero que ronda 1.6 billones de pesos anuales. Además, el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas se aproxima a 2.3 billones.

Esto significa que una proporción cada vez mayor del presupuesto ya se encuentra comprometida antes de comenzar el ejercicio.

Los programas sociales no tienen una caja independiente ni se financian con recursos que aparezcan por decreto. Se pagan con impuestos, ingresos petroleros y deuda pública.

Cuando los ingresos no alcanzan, únicamente existen tres caminos: aumentar la recaudación, contratar deuda o reducir otros gastos. En la práctica, esto puede traducirse en menos hospitales, medicamentos, carreteras, seguridad, infraestructura hidráulica, educación e inversión pública.

Éste es el verdadero costo económico de los programas: no solamente el dinero que reciben sus beneficiarios, sino también aquello que el Estado deja de financiar para sostenerlos.

La sostenibilidad tiene límites

Los escenarios elaborados en la investigación son reveladores.

Si México logra crecer alrededor de 2% anual y los beneficios solamente conservan su valor adquisitivo, el paquete podría mantenerse cerca de 2.7% del PIB hacia 2050. Sería una carga importante, pero manejable.

Si los apoyos continúan aumentando por encima de la inflación, su costo podría elevarse a 4.3% del PIB. Y en un escenario de bajo crecimiento económico podría aproximarse a 4.8%.

Estas cifras corresponden únicamente a los principales Programas para el Bienestar. No incluyen completamente las pensiones contributivas, el sistema de salud ni el servicio de la deuda.

Por tanto, afirmar que los programas están garantizados porque se encuentran en la Constitución es una verdad jurídica, pero una irresponsabilidad económica si no se explica cómo serán financiados.

La Constitución puede reconocer derechos, pero no produce recursos públicos.

El problema no son los beneficiarios

La discusión tampoco debe utilizarse para enfrentar a contribuyentes contra beneficiarios. Las personas que reciben una pensión, beca o apoyo no son responsables de la falta de planeación presupuestaria.

La responsabilidad corresponde a quienes prometen beneficios permanentes sin presentar estudios actuariales, proyecciones demográficas y fuentes estables de ingresos.

México necesita una reforma fiscal seria, pero también una revisión profunda del gasto. No basta con cobrar más impuestos si el dinero continuará distribuyéndose sin evaluaciones independientes, padrones interoperables y mediciones de resultados.

Debe conocerse cuánto cuesta reducir un punto de pobreza, cuántos estudiantes permanecen en la escuela gracias a una beca, cuántos jóvenes consiguen empleo después de recibir capacitación y cuántos proyectos productivos sobreviven cuando termina el apoyo.

Contar beneficiarios y presumir dinero dispersado no es rendición de cuentas.

Proteger derechos exige responsabilidad fiscal

Los programas sociales pueden y deben mantenerse, pero necesitan una arquitectura financiera sostenible.

Esto implica proyectar su costo a 10, 25 y 30 años; depurar padrones; revisar periódicamente los programas que no producen resultados; proteger el presupuesto de salud, educación e infraestructura, y obtener ingresos públicos permanentes mediante una reforma fiscal progresiva.

También debe discutirse la posibilidad de conservar la universalidad de la pensión para adultos mayores, pero recuperar mediante el ISR el apoyo entregado a personas de altos ingresos. De esa manera se protege el derecho sin renunciar a la progresividad.

La política social responsable no consiste en entregar cada año más dinero para obtener respaldo político. Consiste en construir derechos que puedan pagarse durante generaciones.

Hoy los programas sociales son financiables, aunque ya ejercen una presión significativa. A mediano plazo serán sostenibles únicamente si la economía crece y aumenta la recaudación. A largo plazo, sin reformas, terminarán financiándose con más deuda o con el deterioro de otros servicios públicos.

México sí puede sostener una red amplia de protección social. Lo que no puede hacer es prometer beneficios crecientes indefinidamente sobre una economía de bajo crecimiento y una base tributaria limitada.

Porque cuando el gobierno promete sin financiar, no está regalando recursos: está trasladando la factura a los contribuyentes presentes y a las generaciones futuras.

 

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

X: @gilsoto70

Facebook: Gilberto Soto

Instagram: gilberto.soto.391