El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 refleja, una vez más, la paradoja de la política fiscal mexicana: un gasto total que crece, pero una visión pública que se achica.
Con un monto histórico de 10.2 billones de pesos, el gobierno presume una expansión del gasto público. Sin embargo, detrás del discurso triunfalista, el presupuesto revela recortes estratégicos a las áreas que garantizan el equilibrio, la vigilancia y la seguridad del Estado.

La mayor amputación la sufren los órganos autónomos —el Poder Judicial, el INE, la Fiscalía General de la República, la CNDH, y otros organismos de control— que en conjunto pierden cerca de 18 mil millones de pesos respecto a 2025. Este ajuste no es técnico, es político. Significa menos recursos para la impartición de justicia, menos independencia institucional y un claro debilitamiento de los contrapesos. En un contexto donde el país enfrenta una ola de violencia y un incremento en la criminalidad organizada, recortar al Poder Judicial es un mensaje de subordinación, no de austeridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional también resienten la poda presupuestal. Mientras los índices de homicidios y desapariciones se mantienen altos, el presupuesto de seguridad no crece al ritmo de la amenaza. El gobierno federal insiste en priorizar proyectos de infraestructura y energía, dejando a las fuerzas del orden con recursos limitados, equipamiento deficiente y poca capacidad operativa. El resultado es evidente: la seguridad del país se debilita mientras el crimen se adapta y se expande.

El gasto federalizado aumenta nominalmente, pero el crecimiento se concentra en el Ramo 28 (Participaciones), es decir, recursos que llegan a los estados por fórmula, no por gestión ni proyectos productivos. En cambio, el Ramo 33 (Aportaciones), que financia educación, salud y desarrollo social, se contrae, afectando directamente la capacidad de los gobiernos estatales para sostener servicios esenciales. Y en el rubro de inversión física, desaparecen proyectos hidráulicos, carreteros y agrícolas que eran pilares del desarrollo regional. Es un presupuesto que administra la inercia, no el progreso.

De los más de 10 billones de pesos, la mayor proporción de inversión federal se dirige a Pemex, CFE y proyectos federales de transporte.La visión es centralista: se apuesta por grandes obras y por empresas productivas del Estado, aunque muchas arrastren pérdidas o bajo rendimiento social. Mientras tanto, se cancelan proyectos medianos y locales que podrían reactivar economías estatales, generar empleos y fortalecer infraestructura básica.

México necesita equilibrio: entre inversión y control, entre crecimiento y vigilancia, entre política social y seguridad. El PEF 2026 rompe ese equilibrio. Recorta donde se necesita supervisión, debilita la justicia, margina la seguridad y deja a los estados atados a un modelo centralista de distribución. Es un presupuesto que prioriza la concentración del poder sobre la eficiencia del gasto.

En un país marcado por la inseguridad, la impunidad y la desconfianza institucional, cada peso que se quita al Poder Judicial, a los órganos autónomos o a la seguridad pública, se convierte en un peso más para el crimen y la corrupción.

El Presupuesto 2026 no solo define en qué se gasta; define también qué tipo de Estado queremos ser: uno que invierte en justicia y desarrollo, o uno que paga por su propio silencio.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

X: @gilsoto70

Facebook: Gilberto Soto

Instagram: gilberto.soto.391