A estas alturas de la confrontación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, hemos llegado a niveles judiciales en donde podría salvarse la controversia. Aunque las tensiones son altas, recordemos que otros conflictos se han ido resolviendo poco a poco durante este año. Pensemos, por ejemplo, en la guerra comercial mediante aranceles que, aunque intensa, logró encauzarse hacia el diálogo y acuerdos parciales. Luego vino la activación del gobierno mexicano contra las drogas y los narcotraficantes, una lucha que incluyó la entrega de más de 100 delincuentes al gobierno norteamericano, entre ellos Rafael Caro Quintero, presa codiciada desde hacía 40 años y cuya extradición muestra un compromiso firme, aunque no exento de polémicas.
Pero no nos engañemos, la cosa va más allá. Estamos frente al monstruo de la narcopolítica, ese híbrido corrosivo que ha tenido sus implosiones visibles, como el caso del grupo criminal de Tabasco, “La Barredora”, y luego el megaescándalo del sistema: el descomunal robo al fisco mexicano y a Pemex, conocido como el huachicol fiscal. Todo esto pone en jaque la estabilidad interna mientras la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y su grupo político muestra cómo el tema político y criminal se funden, empeorando la situación y colocando al gobierno mexicano en una situación de alto riesgo.
Este cuadro caótico no puede separarse de la fractura del cartel de Sinaloa tras la detención del líder histórico Ismael Zambada García, una fractura que se recrudece justo con la llegada del nuevo presidente Donald Trump en enero de 2025. Y aquí estamos, con 15 meses de enormes controversias y presiones sobre México, que parece estar entre la espada y la pared, enfrentando una encrucijada que no se vivía desde tiempos de la Revolución Mexicana. Sí, hubo episodios históricos como la expedición punitiva con el general Pershing contra Pancho Villa, la Guerra Cristera, la expropiación petrolera de 1938 o la masacre de Tlatelolco en 1968, pero lo que hoy se plantea podría resultar mayúsculo en su impacto.
Imaginemos por un momento la disyuntiva que tienen ambos gobiernos si México no accede a la petición estadounidense de extraditar al gobernador de Sinaloa y su grupo. Tendrían entonces que decidir entre ejercer la ley y encarcelar a algunos, o declararlos inocentes y liberarlos, dejando todo como antes. Si México enjuicia y condena, tal vez Estados Unidos respete esa decisión y espere para dar seguimiento. Pero, si no sucede así, la reacción estadounidense podría ser inimaginable y provocar una crisis profunda y prolongada.
No olvidemos que esta confrontación no es nueva; viene acumulándose desde hace seis años, cuando la llamada “4T” inició el desmontaje del andamiaje institucional mexicano, especialmente al restablecer el monopolio en los energéticos, con Pemex y CFE bajo control estatal. Las batallas comenzaron en el marco legal del T-MEC, incluyendo litigios en la Organización Mundial de Comercio (OMC), y México optó por aplicar nuevas legislaciones que ayudaron a distender el conflicto.
Al final, esta película apunta hacia un desenlace de mayor confrontación, lo más indeseable sin duda, pero posible. Por desgracia, parece que México y Estados Unidos se encaminan a una nueva crisis que podría poner en riesgo no solo la relación bilateral, sino también la estabilidad interna de nuestro país. Entre líos de narcopolítica, escándalos fiscales y la presión internacional, las piezas están puestas para un capítulo complicado. Sólo queda esperar que la negociación, el diálogo y la prudencia eviten lo peor. Porque, honestamente, ya tenemos bastante con lo que pasa adentro como para sumar un conflicto serio con nuestro vecino del norte. Lástima.
