Culiacán, Sinaloa; abril 30 de 2026.- Durante la conferencia matutina de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura respecto a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por autoridades de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, así como otros funcionarios, en un caso relacionado con presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria explicó que la Secretaria ee Relaciones Exteriores (SRE) recibió la noche del 29 de abril la documentación correspondiente a dichas solicitudes, mismas que fueron turnadas conforme al marco legal vigente a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación. Indicó que será esta instancia la encargada de analizar si existen elementos probatorios suficientes que sustenten las peticiones conforme a la legislación mexicana.

De acuerdo con lo expuesto, el mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA) a través del distrito de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra los implicados, acompañado de un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”, situación que, señaló, generó extrañamiento en el ámbito jurídico de la cancillería mexicana, debido al carácter confidencial que suelen tener estos procesos conforme a tratados internacionales.

Por su parte, la FGR informó que, con base en la Constitución y las leyes aplicables, inició el análisis de la documentación recibida, además de abrir una investigación paralela para determinar si existen datos de prueba que respalden las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y que permitan, en su caso, solicitar órdenes de aprehensión ante el Poder Judicial.

Sheinbaum Pardo expuso que en México, para proceder penalmente, es indispensable contar con elementos que permitan inferir la posible comisión de un delito, por lo que reiteró que las decisiones se tomarán conforme al marco jurídico nacional.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó, al tiempo que precisó que, de existir pruebas contundentes, las autoridades mexicanas actuarán en consecuencia.

No obstante, advirtió que, en ausencia de evidencias claras, las imputaciones podrían tener un trasfondo político, por lo que enfatizó que su gobierno no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera en asuntos que competen exclusivamente al país.

La titular del Ejecutivo reiteró que la postura de su administración se sustenta en los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional, así como en una relación bilateral con Estados Unidos basada en el respeto y la igualdad entre naciones.

REDACCIÓN/VELINA FONSECA.