En el vasto entramado social y político de Sinaloa, pocos temas han generado tanto clamor y movilización como la lucha por una tarifa eléctrica justa. Es un reclamo que no es producto del azar ni de un mal momento coyuntural; viene de lejos, casi desde los albores de la organización social en materia energética en nuestro estado.
Recordemos aquel movimiento emblemático de 1989, cuando bajo el gobierno de Francisco Labastida Ochoa, la explosión popular en Los Mochis reunió en una sola noche a más de 10,000 ciudadanos indignados por una tarifa discriminatoria y arbitraria. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad aplicaba clasificaciones tarifarias sin parámetros técnicos claros, más bien resultado de decisiones políticas caprichosas. El municipio, sorpresivamente, recibió una tarifa nueva, la 1D, se logró un subsidio mayor. Un antecedente histórico que muestra las inconsistencias y favoritismos que siempre han marcado esta problemática.
El contexto financiero nacional en 1995, tras la crisis provocada por políticas económicas criminales como lo fue el «FOBAPROA» y otros factores, sumó una presión adicional al bolsillo de las familias sinaloenses. Las tarifas eléctricas se elevaron con una fuerza inusitada, afectando hogares y negocios por igual. Fue entonces cuando emergió el Frente Estatal Tarifas Justas para Vivir Mejor, convocado por el siempre recordado Cesáreo Castillo Barraza, quien con visión y liderazgo logró congregar a la diversidad partidista – PAN, PRI, PRD –, a cámaras empresariales como CANACO, CMIC, CANACINTRA y CANACOPE, así como a colegios de profesionistas e industrias tan emblemáticas como Café Marino de Mazatlán. Se contó entonces con un bloque compacto de 39 organizaciones, que no solo movilizó a la sociedad, sino que también logró hacer escuchar su voz en la Ciudad de México.
Las gestiones ante autoridades federales, incluyendo reuniones con altos funcionarios como el entonces secretario de Hacienda Guillermo Ortiz Martínez, no fueron en vano. Se logró introducir la tarifa 1F, aplicada con éxito ya en Baja California y Sonora, pero además se implementó un fideicomiso para incentivar el ahorro energético. la gestión ante las instancias federales tuvieron gran impacto gracias a los análisis técnicos que respaldaban las demandas sociales y los argumentos técnicos fueron proporcionados entre otros por el Colegio de Ingenieros Electricistas a cargo del ingeniero Rosalío Pizarro y estudios científicos sobre los índices térmicos realizados por el doctor Ramón Peraza. Estos esfuerzos demostraron claramente cómo Sinaloa, con su clima extremo y condiciones particulares, requería un trato diferencial y justo en materia de energía.
Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un nuevo capítulo de esta larga historia. La llegada de los recibos del mes de abril causó un estrépito social. Incrementos injustificables, que van desde el 100 hasta más de 300%, han caído como un baldazo de agua fría sobre las familias y pequeños negocios. Las explicaciones oficiales brillan por su ausencia o son contradictorias. La CFE, convertida en una burocracia distante e impenetrable, no ha sabido responder al clamor ciudadano. Y es que el problema real radica en que el subsidio llega tarde, muy tarde, después de que el calor exacerbado se haya impuesto abruptamente desde marzo, consecuencia ya palpable del cambio climático, augurándonos un verano probablemente histórico en términos de temperaturas extremas.
La introducción formal de la tarifa 1F a partir del primero de mayo y la promesa de un subsidio significativo son pasos en la dirección correcta, pero ¿qué pasará hasta entonces? Aquí hay una propuesta técnica que no podemos pasar por alto: modificar el período de aplicación de la tarifa 1F, ampliándolo de seis meses a ocho, es decir, de abril a noviembre en lugar de mayo a octubre, como se planteó hace ya una década en la Cámara de Diputados local por iniciativa urgente de trabajadores de la CFE. Propuesta técnica que, cabe destacar, llegó a manos del actual gobernador y sus asesores; por lo tanto, no es un desconocido para ellos el problema ni las posibles soluciones.
Sinaloa demanda no solo subsidios temporales, sino una política energética coherente, integral y adaptada a las condiciones climáticas y sociales particulares de nuestra entidad. El tiempo apremia y la ciudadanía merece respuestas claras, transparentes y eficaces. No se trata únicamente de cifras y normas técnicas, sino de justicia social y respeto a quienes día a día construyen el desarrollo de esta tierra.
Como aquella vieja consigna que nos heredaron generaciones anteriores en la lucha por tarifas justas: “no es un favor, es un derecho”. Y este derecho no puede seguir siendo postergado ni utilizado políticamente. Es hora de que los gobernantes, con sensibilidad y responsabilidad, tomen nota y actúen. Porque el bienestar de Sinaloa, y de cada mexicana y mexicano, lo merece.
